A pesar de que TexPet cumplió con sus obligaciones de limpieza en AG-04, los abogados de los demandantes que enjuician a Chevron (“Demandantes de Lago Agrio”), durante años han utilizado a AG-04 como parte de sus “Toxic Tours” para periodistas locales e internacionales, estrellas de Hollywood, políticos extranjeros y otros, para acusar falsamente a Texaco (y por extensión a Chevron) de incumplir con sus obligaciones de remediación en la Amazonía ecuatoriana.
El objetivo de los tours es diseminar información falsa sobre las obligaciones de TexPet en el sitio, como parte de una campaña más amplia para presionar a Chevron a través de publicidad negativa y amenazas a su reputación para forzar un acuerdo por milesde millones de dólares.
Los representantes de los denominados Demandantes de Lago Agrio, también lograron obtener la ayuda de la administración del Presidente Rafael Correa para bloquear la remediación contemplada en el Programa PEPDA, incluyendo la remediación de la piscina en AG-04 que había sido aprobada por Petroecuador en 2006. Al final, los Demandantes de Lago Agrio desarrollaron un plan denominado "Plan Anti-PEPDA". (Anexo 8 – Plan Anti-PEPDA).
• Entablar una demanda ante la Comisión de Control Cívico de la Corrupción
• Solicitar una inspección judicial al sitio, previa a cualquier trabajo de remediación
• Entablar una demanda ante la Contraloría General del Estado.
• Proponer una ley “Superfund” a fin de que el estado pueda transferir los costos de remediación a Texaco.
Enmarcados en este Plan, el 12 de julio de 2007, la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja recibió una carta firmada por el perito nominado por la Corte para realizar la evaluación global de daños, Richard Cabrera, en la que solicitaba que la Corte ordenara a la compañía estatal petrolera detener los trabajos de remediación contemplados en su programa PEPDA en un número determinado de sitios, incluyendo a AG-04, a fin de “prevenir alteraciones en los sitios de muestreo” (Anexo 9 – Carta).
A partir de entonces ha sido revelado que esta carta fue efectivamente redactada por Pablo Fajardo, el abogado principal de los Demandantes de Lago Agrio, y no por
Cabrera y que además constituye uno de los documentos incluidos en una serie de 29 comunicaciones redactadas por este abogado que fueran presentadas ante la Corte
ecuatoriana a nombre de Cabrera. Esta redacción clandestina fue descubierta años más tarde por el perito forense en lingüística Gerald McMenamin, quien a nombre de Chevron revisó numerosos documentos presentados ante la Corte, como parte de los esfuerzos de la compañía para exponer el fraude y el esquema de chantaje e intimidación detrás del caso de Lago Agrio.
En el 2009, el periódico Ecuatoriano El Universo informó que el Estado deseaba retomar su trabajo de remediación en la región amazónica (Anexo 10 – El Universo).
Los abogados de los demandantes reaccionaron con una cadena de correos electrónicos ante el artículo titulado “Estado asume arreglo ambiental”, el que describe el trabajo a realizarse y el costo del programa.
Los abogados de los demandantes nuevamente se opusieron al proyecto, al tiempo que adujeron que los bajos costos de remediación estimados por Petroecuador, así como los estándares de limpieza planificados socavarían su demanda. Entre las acciones planificadas por los demandantes se incluía el envío de una carta a El Universo, en la que se declararía que el Ministerio del Medio Ambiente estaba cometiendo “un grave error que afectaría al medioambiente y los pobladores de región amazónica”, a la vez que añadían que la suma “es ridícula para realizar una remediación global”.
Luego de una serie de correos electrónicos, el abogado estadounidense Steven Donziger, quien se auto califica de “general de campo” del fraude de Lago Agrio, ordenó a uno de los abogados ecuatorianos de los demandantes, Juan Pablo Sáenz, ir ante “Correa y ponerle fin a esta mierda de una vez por todas”. (Anexo 11 – Correos)