En 1994, un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), fue firmado entre TexPet, la República del Ecuador y Petroecuador, el que establecía con claridad que TexPet era responsable solamente de los temas ambientales que serían incluidos en el Alcance de los Trabajos (SOW, por sus siglas en inglés) (Anexo 4 – Memorando de Entendimiento y Alcance de los Trabajos) Texpet no será responsable de los efectos del impacto ambiental que no esté incluido en el Alcance de los Trabajos y será liberado de cualquier responsabilidad relativa a tal impacto…”
Tanto el Memorando de Entendimiento como el Alcance de los Trabajos constituyeron la base para el Plan de Acción Remedial (PAR) a ser conducido por TexPet, el mismo que fuera incluido en el Acuerdo de Finiquito y Liberación firmado en 1995 por TexPet, el Ministerio de Energía y Minas y Petroecuador. El Acuerdo, entre otras cosas, autorizó a TexPet a contratar un Proveedor para realizar los trabajos de remediación ambiental (la lista de proveedores fue previamente aprobada por el Ministerio y por Petroecuador) establecidos en el Alcance de los Trabajos, a fin de establecer procedimientos a través de los que el Ministerio y Petroecuador supervisarían y aprobarían los trabajos de remediación realizados; además determinaría el procedimiento a través del cual TexPet sería liberado de toda demanda ambiental futura al final del proceso.
Tanto el PAR como el Alcance de los Trabajos contenía una lista detallada de los sitios en los que TexPet debía remediar ya sea las piscinas o suelos. AG-04 no se encontraba incluido en la lista para remediación de piscinas (Anexo 5 – Lista 1), sino que formaba parte de la lista de remediación de suelos (Anexo 5 – Lista 3). Una vez que se firmó el acuerdo, TexPet procedió a realizar los trabajos específicamente determinados en el Alcance de los Trabajos, los que en el caso de AG-04 incluyeron la remediación del área de derrame identificada en la plataforma. El trabajo de remediación de TexPet fue realizado por contratistas aprobados por el Gobierno ecuatoriano y supervisado por la firma gestión ambiental Woodward Clyde International, respetada a nivel mundial.