El caso fue entablado por 48 personas en contra de Chevron Corporation por daños supuestamente causados por su filial, Texaco Petroleum Company (Texpet), mientras producía petróleo en la Amazonía, desde comienzos de los 70s hasta los 90s. A partir de 1995, Texpet gastó $40 millones para remediar los impactos ambientales de sus operaciones anteriores y, en 1998, fue liberada de futura responsabilidad. La compañía, adquirida por Chevron en 2001, fue socio operativo minoritario en un Consorcio con la empresa estatal Petroecuador, que de conformidad con el Acuerdo Transaccional y de Liberación fue responsable de todos los impactos restantes. Los demandantes de Lago Agrio fueron tras indemnización monetaria por presuntos daños colectivos, incluyendo reclamaciones de que Texpet no remedió los impactos ambientales.

El proceso corrupto condujo a la emisión de una sentencia (la "Sentencia Judicial de Lago Agrio") por parte de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos en febrero de 2011, que otorgó una indemnización de $18.2 mil millones a los demandantes. Dicha sentencia fue confirmada por una corte de apelaciones en enero de 2012, y luego se incrementó por esa misma corte a unos $19.2 mil millones en agosto de 2012. En noviembre de 2013, la Corte Nacional de Justicia confirmó la sentencia, pero la redujo a la mitad, llegando a ser de $9.5 millones.

En 2018, la Corte Constitucional de Ecuador rechazó la acción extraordinaria de protección planteada por Chevron y confirmó en última instancia la sentencia de la Corte Nacional de Justicia.

La Notificación de Arbitraje de Chevron fue enmendada para incluir la denegación de justicia como evidencia del fraude y la conspiración, que surgieron durante los siguientes dos años, de los abogados de los demandantes. El Tribunal de Arbitraje Internacional, convocado bajo el Tratado Bilateral de Inversión, busca determinar si el Ecuador ha violado sus obligaciones en virtud de sus contratos con Texaco y bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre EE. UU. y Ecuador, incluyendo su obligación de proporcionar cortes justas e imparciales para resolver disputas.

Entre otras cosas, la corte dijo en su decisión de casi 500 páginas, que las cortes y el gobierno de Ecuador conspiraron con los abogados de los demandantes para seguir el plan de extorsión, incluido el procesamiento judicial de dos de los abogados de Chevron sobre cargos penales falsos, para presionar a la compañía a llegar a un acuerdo multimillonario para solucionar el caso. Como uno de los abogados de los demandantes lo planteó en un mensaje de correo electrónico, el presidente Rafael Correa "NOS BRINDÓ UN APOYO FANTÁSTICO".