Juicio Crudo 13/10/2016
Historia de Texaco Ecuador
La operación de producción de Texaco en Ecuador se llevó a cabo principalmente en tierras de propiedad del gobierno y de conformidad con las leyes y normas ecuatorianas. Se produjeron aproximadamente 1,700 millones de barriles de petróleo crudo, de los cuales el gobierno del Ecuador recibió el 95 por ciento del beneficio económico total.
Al vencimiento de la concesión de 20 años de la sociedad de Texaco en Ecuador, se sometieron el área y las instalaciones del antiguo consorcio a una auditoría bajo la supervisión del gobierno, la cual, aunada a otros datos oficiales, se constituyó en la base de un acuerdo conforme al cual se le exigía a Texaco que llevara a cabo la remediación de emplazamientos en proporción a su interés de participación de una tercera parte en la sociedad. Con ese fin, Texaco, bajo la supervisión del Gobierno del Ecuador, ejecutó un programa de remediación y obras públicas cuyo valor ascendió a US$40 millones. Las obras de remediación de Texaco en Ecuador fueron inspeccionadas a fondo, certificadas y aprobadas por el Gobierno del Ecuador; el cual liberó plena y cabalmente a Texaco de todos los reclamos u obligaciones futuros relacionados con las operaciones en el Ecuador.
Los documentos que exoneraban a Texaco en Ecuador llevan la firma del Ministro de Energía y Minas, el Presidente de Petroecuador, y el Gerente General de Petroproducción--la división operativa de Petroecuador. Texaco no ha desempeñado papel alguno en las operaciones de exploración y producción en Ecuador desde 1992.
Por otra parte, Petroecuador, operador y propietario exclusivo de los campos hidrocarburíferos durante 15 años, nunca cumplió con su responsabilidad de remediar su parte de los emplazamientos de producción de la sociedad y, desde que Texaco se retiró del Ecuador, ha adquirido un récord atroz, bien documentado de negligencia y conducta ambiental indebida. La degradación ambiental existente hoy en día en Ecuador es el resultado de las operaciones deficientes de Petroecuador y de la falta de voluntad del gobierno ecuatoriano de financiar un proyecto de remediación adecuado.
Texaco se ha visto inmiscuida en Ecuador en una disputa legal que data de tiempo atrás, liderada por abogados litigantes a cuota litis, cuyas oficinas están en los Estados Unidos, los cuales trabajan en asocio con ONGs y activistas locales cuya meta consiste en sacarle a Chevron una exorbitante suma monetaria a la fuerza. Los intentos de estos abogados por llevar estos casos ante tribunales estadounidenses resultaron en una serie de sobreseimientos. En el más reciente, el juez falló que los abogados habían inventado los reclamos de salud de sus clientes. En ese caso, el juez describió la demanda como una pieza integral de un ardid de mayor magnitud contra la compañía. La controversia actual, sin embargo, se enmarca dentro de una demanda que han entablado estos mismos abogados en el Ecuador.
En 1999, siete años después de que cesara la participación de Texaco en las operaciones en Ecuador, el Gobierno del Ecuador promulgó un nueva ley ambiental - La Ley de Gestión Ambiental de 1999 (EMA) que da a entender que cualquier residente ecuatoriano puede entablar una demanda por indemnización ambiental en nombre de la colectividad. Mientras que el EMA de 1999 creó nuevos derechos sustantivos que no existían anteriormente, la nueva ley no puede utilizarse para recusar conductas previas al año 1999, conforme al Artículo 7 del Código Civil de Ecuador, que prohíbe expresamente hacer valer retroactivamente el derecho sustantivo ecuatoriano. No obstante ello, en el 2003 esos mismos abogados estadounidenses, que venían adelantando esta campaña desde 1993, entablaron una demanda contra Chevron en Ecuador tomando como fundamento dicha ley de 1999.
El pleito en Ecuador ha seguido el modelo típico de este tipo de demandas. Los abogados contrataron a un consultor para que se ideara un estimado de una astronómica obligación económica, que los demandantes han intentado utilizar para amedrentar a la compañía para que llegue a un acuerdo extrajudicial. El perito en cuestión apenas examinó brevemente un pequeño número de emplazamientos y no buscó establecer diferencias entre los daños causados por el consorcio Texaco/Petroecuador y el daño causado por Petroecuador durante los 15 años transcurridos desde que Texaco se retiró del Ecuador. Simultáneamente, los demandantes han montado una campaña de agresión continua contra la reputación de la compañía - incluyendo campañas en los medios, propuestas de accionistas, etc. - y se han fijado como meta presionar a la compañía para que llegue a un acuerdo, a la vez que se rehúsan a reconocer, el récord de deficiente manejo ambiental, cada vez peor, de Petroecuador y su renuencia a cumplir con sus obligaciones de limpieza.
A su favor, cabe reconocer que los tribunales de Ecuador inicialmente se ciñeron al estado de derecho, e insistieron en un riguroso proceso de recolección y análisis de pruebas. La Corte ordenó que se llevaran a cabo inspecciones bajo supervisión judicial en 122 emplazamientos, con presentación de pruebas por ambas partes, las cuales serían evaluadas y conciliadas ante un jurado conformado por cinco "peritos dirimentes" nombrados por la Corte (a la fecha se han realizado 47 inspecciones judiciales). Las pruebas presentadas, inclusive los informes de los peritos dirimentes de la corte, debían constituir la base de una segunda vuelta de análisis periciales por los mismos peritos dirimentes para definir el alcance y la causa de los daños ambientales que llegaran a probar los demandantes.
La fase probatoria inicial del pleito en el Ecuador resultó desastrosa para los demandantes. De las 172 muestras de agua para consumo tomadas en emplazamientos remediados por Texaco, el 99% cumplía con las normas y parámetros establecidos por el gobierno ecuatoriano, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. De forma similar, más del 99% de todas las muestras de suelo tomadas en áreas remediadas por Texaco confirmó que la remediación cumplió con las normas fijadas por el Gobierno del Ecuador. Estos hallazgos demostraron que los trabajos de remediación de Texaco fueron ejecutados a cabalidad y que no hubo un impacto significativo sobre el medioambiente ni en la salud de los habitantes de la zona. De especial interés es el hecho que se hallaron altos niveles de contaminación bacteriana proveniente de desechos humanos y animales en el 90% de las muestras de agua para consumo, lo que apunta hacia una contaminación microbiana ampliamente difundida en las fuentes de agua.
El proceso de inspecciones judiciales de los emplazamientos alcanzó un punto crítico, con la elaboración del primer y único informe presentado por los cinco peritos dirimentes independientes nombrados por la Corte para el pozo Sacha-53. Los peritos concluyeron que la remediación ejecutada por Texaco , se había llevado a cabo de conformidad con los parámetros exigidos y que, en dicho emplazamiento, existe un bajo riesgo para la salud humana, como consecuencia del petróleo. Dicho evento marcó un momento decisivo en el caso y cambió el curso del pleito.
Posteriormente, los demandantes emprendieron una intensa campaña para hacer abortar el proceso probatorio y aumentar el circo de protestas diseñadas para presionar a la Corte. Dejaron de pagar su parte de los honorarios de los peritos dirimentes, lo cual había ordenado la corte, y que, a su vez, paralizó la labor de éstos. "Renunciaron" a la inspección de los 64 emplazamientos restantes, a la vez que alegaban que se les debía permitir reclamar daños y perjuicios por estos emplazamientos no inspeccionados, sin necesidad de sustentar sus alegatos con pruebas. De mayor importancia aún es el hecho que exigieron que la Corte procediera directamente a una fase de avalúo de responsabilidad civil y que nombrara a un único experto, seleccionado por ellos - no los peritos dirimentes nombrados inicialmente por la Corte - para que efectúe el avalúo total.
Con la elección de un nuevo gobierno en Ecuador y el nombramiento de un nuevo juez, se han convertido en realidad los deseos de los demandantes. Después de abandonar cabalmente el proceso probatorio que prevé el derecho ecuatoriano y al que se ciñó la corte durante tres años de litigio, el nuevo juez dio por terminada la fase probatoria y le asignó a un único ingeniero de minas ecuatoriano la labor de evaluar la totalidad de los supuestos daños ambientales. Más aún, la nueva rama ejecutiva del gobierno ecuatoriano ha abandonado incluso la adhesión aparente al estado de derecho, habiendo establecido abiertamente una relación de trabajo con los demandantes con el objeto de ejercer todo el poder del Gobierno del Ecuador para responsabilizar a Chevron por los 17 años de daños ambientales causados por su propia empresa petrolera estatal, Petroecuador. Varios políticos gubernamentales de alto nivel se han manifestado abiertamente en ese sentido, a través de canales oficiales del gobierno, e inclusive han realizado viajes muy publicitados a la región para exhortar a la Corte a que falle en contra de Chevron.
En resumen, este caso se ha degradado a una farsa judicial. A Chevron no le queda alternativa distinta de hablar abiertamente sobre la negación de la justicia que rige actualmente en el Ecuador. En nuestra opinión, este proceso ya carece de toda validez legal y nuestra empresa luchará, en todos los foros posibles, contra esta vergonzosa manifestación de flagrante injusticia.
Chevron está plenamente consciente de los retos a los que se enfrentan los residentes de esta región y comprende la difícil situación por la que atraviesan. No obstante, Chevron rechaza firmemente la idea de que se le atribuya la responsabilidad de resolver los problemas de la región en su conjunto, los cuales resultan de la indisposición o incapacidad del gobierno y la petrolera estatal de cumplir con sus obligaciones.
ENLACES RELACIONADOS
Carta abierta al pueblo del Ecuador (PDF, 102KB)
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