The Wall Street Journal 09/08/2016
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Una corte de apelaciones en Manhattan mantuvo una decisión que previene que demandantes ecuatorianos hagan efectiva una compensación por miles de millones de dólares en contra de Chevron Corp., una victoria significativa para el gigante petrolero en una disputa legal que se ha extendido por décadas.
La decisión del lunes afirma un dictamen del juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan, quien descubrió en 2014 que los US$9.500 millones en compensación por daños ambientales otorgados al abogado de Nueva York Steven Donziger y sus demandantes ecuatorianos por una corte ecuatoriana contra Chevron fueron obtenidos a través de fraude y corrupción. El juez Kaplan determinó que Donziger no puede hacer efectivo el dictamen en EE.UU. o beneficiarse de este en cualquier otra parte del mundo.
Donziger ha negado que haya obrado de manera impropia y sus abogados apelaron la decisión en base a diferentes argumentos legales. Uno de los principales es que la ley federal anti-crimen organizado que Chevron usó para demandar a Donziger no podía ser usada para obtener compensaciones diferentes a los daños monetarios, como la orden judicial de Kaplan.
Los abogados de Donziger también argumentaron que la decisión de Kaplan de no reconocer el dictamen ecuatoriano podría desatar tensiones en los sistemas legales de todo el mundo. Sus abogados dijeron que las cortes estadounidenses no pueden decidir si los dictámenes de cortes extranjeras deben cumplirse o no.
El lunes, un panel de tres jueces de apelaciones dio la razón al dictamen de Kaplan de 2014, asegurando que él tenía la autoridad bajo el estatuto anti crimen organizado para prevenir que Donziger se beneficie de la decisión.
R. Hewitt Pate, el representante legal de Chevron, dijo que la decisión del lunes “no deja dudas que el dictamen [ecuatoriano] contra Chevron es el producto ilegítimo e inaplicable de una mala conducta”.
Es poco probable que la decisión del lunes ponga fin a esta saga legal, una de las más largas en la historia corporativa. Los jueces de apelación escribieron que aunque la decisión de US$9.500 millones no puede ser aplicada en EE.UU., esto no detiene a los demandantes para que tomen medidas para que se cumpla en otros países.
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