Fortune 17/03/2014
Otorgando a Chevron su segunda victoria de este mes ante las cortes, un juez de Gibraltar ha resuelto que el gigante petrolero puede proseguir con una demanda por injurias y calumnias contra el actual financista clave de un controversial juicio celebrado en la localidad ecuatoriana de Lago Agrio, en el que se dictó, en febrero de 2011, una sentencia por 18.000 millones de dólares contra Chevron. (La más alta instancia judicial del Ecuador redujo el monto de dicha sentencia a 9.500 millones de dólares el año pasado).
Un juez federal en Manhattan hace dos semanas dictaminó en un juicio civil entablado por Chevron contra el abogado principal de los demandantes de Lago Agrio, que la sentencia conseguida en ese caso fue obtenida a través de soborno, fraude, manipulación de testigos y otros delitos.
En la demanda presentada en Gibraltar, Chevron afirma que el financista del equipo legal que lideró el juicio en Ecuador, el estadounidense y magnate del póker por internet James Russell DeLeon, sabía, o “se hizo de la vista gorda” del hecho de que este equipo de abogados, encabezado por Steven Donziger, un viejo amigo y compañero de clase en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, estaba incurriendo en acciones fraudulentas y utilizando otros medios ilegales para conseguir una sentencia favorable.
DeLeon, quien ha negado haber cometido delito o fechoría alguna, no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le pidió su comentario sobre la decisión del juez de Gibraltar. Karen Hinton, una portavoz de Donziger afirmó: "La demanda de Chevron contra el señor DeLeon es otro intento más de Chevron por vengarse y tomar represalias en contra de cualquier persona que trate de ayudar a las comunidades que buscan que Chevron se responsabilice por sus delitos y malas prácticas contra el medio ambiente, tal como fuera dictaminado por tres cortes de justicia de distinto nivel en el Ecuador”.
En una declaración escrita, Chevron señaló: "Un juzgado federal en Nueva York ha dictaminado que la sentencia emitida contra Chevron en Ecuador es el producto de un plan sistematizado de fraude, cuyo objetivo era extorsionar a la compañía y lograr sacar miles de millones de dólares. Chevron considera que los participantes y responsables de esta conspiración deben ser responsabilizados por permitir que se continuara, a sabiendas de que se estaba cometiendo un fraude. Esta acción forma parte de esta iniciativa”.
La disposición del juzgado de Gibraltar de dar lugar a la demanda –la que ha sido presentada contra DeLeon por "conspiración para causar daño" a Chevron, “a través de medios ilegales” podría tener un efecto amedrentador sobre la voluntad de otros financistas para participar y ayudar a la causa de Donziger.
En el juicio en Manhattan el juez de Distrito de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, el 4 de marzo pasado dictaminó que en el transcurso del juicio de Lago Agrio, Donziger, un abogado de Nueva York, estuvo involucrado en un patrón de criminalidad en clara violación de la ley federal estadounidense contra la asociación ilícita para delinquir y extorsionar (RICO por sus siglas en inglés - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). En esa sentencia, el magistrado emitió órdenes para impedir que Donziger y otros que actuaron en concierto con él, pudiesen obtener algún beneficio derivado de la sentencia ecuatoriana. Donziger ha negado haber cometido delito alguno y sostuvo que presentará una apelación.
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Christopher Butler, el juez de Gibraltar, no citó y aparentemente no tenía conocimiento del dictamen de Kaplan cuando emitió su propio fallo el viernes 14 de marzo. (Sin embargo, Butler sí se refirió a los hechos que salieron a la luz en la demanda entablada por Chevron por violaciones a la ley RICO, ventilada ante el juez Kaplan que derivó en esa sentencia).
En el 2006, DeLeon inició el financiamiento de algunos aspectos del caso de Donziger. Además, según el dictamen de Kaplan, proporcionó una cantidad cercana al 60% de los fondos necesarios para producir el documental Crude, cuya realización habría sido solicitada por Donziger como medio de promover el litigio.
En el 2007 DeLeon empezó a invertir formalmente en la demanda a cambio de una parte de los beneficios que se pudieran conseguir; sin embargo, su categoría como fuente de financiamiento subió en el 2010 y 2011 luego de que dos de los financistas claves que habían participado desde el inicio del caso se retiraran, cada uno de ellos acusando a Donziger de haberlos engañado al ocultar los supuestos métodos solapados que presuntamente estaba utilizando para alcanzar el éxito en su demanda.
Hasta este momento se desconoce el total invertido por DeLeon en la demanda, así como el porcentaje que podría cobrar de los posibles beneficios que se obtuvieran, en caso de que culminara exitosamente. No obstante, el juez Kaplan encontró datos de finales del año 2010 que indicaban que podría obtener 1,75% de lo que se obtuviera de hacerse efectiva la sentencia ecuatoriana. Chevron presentó testimonios en la demanda por violaciones a la Ley RICO que señalaban que DeLeon había invertido por lo menos 3,4 millones de dólares, pero que posiblemente el total podría llegar a los 9,2 millones de dólares. El contador contratado por Chevron, al prestar su testimonio en Nueva York, dijo que calculaba que la actual participación de DeLeon en los posibles beneficios que podrían obtenerse era del 6%, el segundo porcentaje más alto precedido solamente por el de Donziger que suponía llegaba al 6,3%.
Gibraltar se encuentra en el extremo sur de la península ibérica, al sur de España. Es una unidad autónoma conocida como Territorio Británico de Ultramar, considerado parte del Reino Unido, a pesar de tener su propio Parlamento y sistema legal. Utiliza un sistema de justicia y tribunales de derecho consuetudinario (Common Law), que se guía por las decisiones judiciales de inglesas y de otros países de la Comunidad Británica de Naciones.
En su decisión contenida en 72 páginas, el juez Butler rechazó una petición similar a lo que en Estados Unidos llamaríamos una moción para desestimar la demanda. Bajo estas circunstancias y de acuerdo a la ley, el magistrado está legalmente obligado a asumir que las aseveraciones, datos y hechos presentados por Chevron son verdaderos y, una vez que esa suposición haya sido aceptada, determinar si Chevron tendría algún recurso legal contra DeLeon, quien es un residente de Gibraltar.
Sin embargo, el juez Butler escribió que “no sería correcto permitir el desarrollo [de la demanda de Chevron]... a menos de que se trate de un caso prima facie (a primera vista, en que los méritos para ser tratado en un tribunal se reconocen de manera rápida sin que se hayan presentado deposiciones) que lo justifique". Finalmente concluyó que sí lo es.
"Basta decir que con lo que he visto”, escribió el juez, "y sin ver ni escuchar defensa alguna [planteamientos de Chevron], realmente se puede concluir que [DeLeon y una compañía denominada Torvia Ltd., que DeLeon creó y diseñó para prestar dinero al equipo legal que llevaba adelante la demanda de Lago Agrio] fueron conspiradores y estuvieron absolutamente involucrados en la conspiración, además de continuar proporcionando fondos mucho después de haber sido conscientes de dichas actividades fraudulentas. Efectivamente, se alega que en la medida en que se hacía más evidente el caso de fraude, más se involucraban los demandados".
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Quizás la resolución judicial más significativa en el caso es el rechazo del Juez Butler del argumento de DeLeon –que Donziger también hizo ante Kaplan y que su equipo ahora está presentando ante las cortes de Argentina, Brasil y Canadá, en donde están intentando ejecutar la sentencia ecuatoriana- es que él no tenía derecho a cuestionar la validez de una sentencia emitida por una corte ecuatoriana, la que había sido posteriormente ratificada tanto por la corte de apelaciones del Ecuador, como por la más alta corte del país, la Corte Nacional de Justicia.
Sin embargo, el juez Butler dejó en claro que encontraba sospechosa la conducta de la corte de apelaciones del Ecuador.
"Si se presentó ante la corte de apelaciones”, escribió, “algo semejante a las pruebas y datos que me han sido presentados, es de verdad sorprendente que frente a ello al menos no se haya ordenado una nueva audiencia".
“En este punto, tampoco me resulta claro” escribió más adelante en su dictamen, “que [Chevron] haya tenido la plena oportunidad de impugnar la decisión de la corte ecuatoriana… Es muy difícil concebir como podría haber impugnado de manera adecuada y justa el procedimiento, si es que sus denuncias de corrupción generalizada del poder judicial y del gobierno son verdaderas”
DeLeon, un abogado que alguna vez ejerció en San Francisco, hizo su fortuna a través de una compañía de juego y apuestas a través de internet llamada PartyGaming, que fundó junto con quien se convertiría en su esposa, la abogada y empresaria de entretenimiento para adultos Ruth Parasol. Cuando la compañía comenzó a cotizar en bolsa y se hizo pública en el 2005, ambos se convirtieron en multimillonarios. Sin embargo, más adelante las acciones de la compañía se desplomaron cuando Estados Unidos comenzó a perseguir y reprimir las operaciones de juegos y apuestas por Internet dirigidas al público estadounidense, que el Departamento de Justicia consideraba como ilegales. No obstante, como pareja, DeLeon y Parasol en el 2006 alcanzaron el puesto 197 en la lista que publica la revista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos. (En el 2011 PartyGaming se fusionó con la compañía austríaca Bwin, su competencia, formando Bwin.party. El año pasado diversos reportajes informaron que DeLeon y Parasol se encontraban en el proceso de vender sus acciones en esa compañía y que además se estaban divorciando).
En el 2008, en la época en que DeLeon y Parasol consiguieron la residencia en Gibraltar, el ingeniero de programas de internet Anurag Dikshit, cofundador de PartyGaming, se declaró culpable ante un tribunal de Manhattan y aceptó pagar una multa de 300 millones de dólares por haber violado una ley federal de 1961, contra el uso de medios electrónicos para promover apuestas en el deporte. Al año siguiente, PartyGaming, como compañía, aceptó un acuerdo de no enjuiciamiento ante una corte federal en Manhattan, reconociendo haberse visto involucrada y cometido delitos para esconder la naturaleza de su negocios de las personas e instituciones que supervisan y controlan los pagos legales que la compañía debería haber hecho. Ambos Dikshit (se pronuncia como "Dixit") y la compañía se comprometieron con los fiscales a cooperar en la investigación criminal de los ejecutivos de la compañía.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí.
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