El Mundo 03/03/2011
James Craig (der.) en la zona en litigio junto a su colega Paul Briz (izq.). | AFP
Hace dos semanas, un tribunal regional de Ecuador condenó a la petrolera estadounidense Chevron a pagar una indemnización de 8.200 millones de dólares por daños ambientales en la región del Amazonas, donde hace unos 50 años estuvo explotando crudo la empresa Texaco.
Desde entonces Chevron absorbió a Texaco y ha tenido que cargar con una demanda que la empresa considera totalmente abusiva. Porque, en su opinión, la petrolera Texaco cumplió con todos los acuerdos de limpieza ambienta de la zona de explotación.
Desde el primer momento, Chevron consideró el fallo "ilegitimo e inaplicable", y sus abogados anunciaron de inmediato que apelarían la sentencia impartida por el juez Nicolás Zambrano.
Según explicó a ELMUNDO.es James Craig, el portavoz de Chevron para Latinoamérica, la sentencia del juez es, en lo mínimo, confusa y por dos razones: el magistrado parece haberse apresurado en dictar el fallo y, posiblemente por la premura, hay aspectos que merecen ser aclarados.
"Para nosotros en esto hay ambigüedades. El juez cerró la etapa de pruebas en diciembre y se ha tomado solamente un mes y medio para leer un expediente con 200.000 páginas y escribir una sentencia de 188 páginas. No es serio", dijo Craig, en una conversación telefónica.
"¿Cómo es posible que en un mes y medio un juez pudo comprender y leer un caso tan complejo?", añadió.
Olvidos
Craig explicó que a raíz de esta sentencia, los abogados de Chevron están solicitando al juez que aclare una serie de detalles. Aspectos como, "¿por qué utilizó los resultados de análisis realizados por un laboratorio que no está acreditado por el organismo ecuatoriano de acreditación? o ¿por qué ignoró 20 años de operación exclusiva de la empresa estatal petrolera, Petroecuador, cuyo nefasto récord ambiental es ampliamente conocido?".
La firma Petroecuador fue la asociada local de Texaco y, posteriormente de Chevron, durante las operaciones en Ecuador. Por una semana ELMUNDO.es intentó, pero no fue posible lograr un comentario de sus ejecutivos.
Chevron también cuestiona al juez porque obvia "la conducta ilegal" del abogado ecuatoriano Pablo Fajardo, quien, fue "captado en cámara" planificando un informe fraudulento de un supuesto perito independiente nombrado por el juez. Además acusa al juez de ignorar "completamente" el testimonio de los testigos de Chevron y de por lo menos un tercero que habla a favor de las operaciones de Texaco.
"Lo que se desprende de la lectura de esta actuación, es que el fallo que ha resultado de este proceso es ilegitimo pero además inaplicable de varias acusaciones. Es producto de un fraude y corrupción en el proceso y completamente alejado de las evidencias científicas del caso", agregó el portavoz.
Pero, además, el fallo del juez es inaplicable porque en el tribunal de La Haya y en una corte de Nueva York se ventilan demandas colaterales a este caso. Por lo pronto, en La Haya los jueces ordenaron a Ecuador que no ejecute el fallo hasta que no exista una sentencia en la demanda que Chevron ha entablado ante el mismo tribunal.
En Nueva York, un juez ha establecido un plazo de 28 días para la aplicación de la sentencia del tribunal ecuatoriano, hasta que escuche los argumentos de otra demanda entablada también por Chevron. Esa demanda fue abierta bajo los preceptos de la ley RICO, que se aplica para combatir la extorsión.
En términos generales, Chevron siempre ha visto este caso como un intento de extorsión por parte de las autoridades ecuatorianas.
El inicio
Este caso comenzó hace casi 20 años, cuando Chevron fue demandada por un grupo de indígenas, por presuntamente no haber cumplido con los planes de limpieza ambiental en la región de Lago Agrio, una de las mayores zonas de explotación de crudo del país. El caso fue desestimado por un juez en esa época.
Sin embargo, el año 2003, volvió a ser reactivado, esta vez con el argumento de que cuando Texaco dejó de operar en Ecuador no cumplió con los planes de limpieza y protección del medio ambiente, como le correspondía por los acuerdos firmados.
Los indígenas, pero esta vez respaldados por el gobierno local, siguieron acusando a la empresa estadounidense de haber contaminado ríos y tierras y provocar enfermedades entre la población.
Además, argumentaron que durante las tareas de limpieza cinco años antes, no se usó la tecnología moderna y apropiada, dando lugar a una ampliación de la contaminación. Chevron nunca operó en Ecuador como empresa, sino que asumió la demanda al comprar a Texaco el año 2001.
Texaco, que operaba en Ecuador desde 1964, dejó de operar en el país andino en junio de 1990 y su contrato como socio minoritario en la explotación de las reservas petrolíferas junto a la estatal Petroecuador, cesó dos años después. La petrolera era propietaria apenas del 37.5% de las inversiones conjuntas con Petroecuador en la explotación del crudo.
Los indígenas han demandado a la empresa por 27 mil millones de dólares. Con la llegada al poder del presidente Rafael Correa, el año 2007, el caso adquirió una enorme carga política en la medida que las relaciones de Quito con Washington y sus aliados en la región, se fueron enfriando.
"El Gobierno ecuatoriano ha interferido en el proceso y está trabajando con los demandantes para logar un pago gigantesco por parte de la empresa, para evitar su propia responsabilidad de responsable por la contaminación de la Amazonía", enfatizó Craig.
Fuente OriginalNotas relacionadas