Fortune 13/05/2013
Desde finales de 2010, el estudio jurídico Patton Boggs, radicado en Washington, D.C., ha estado provocando a un tigre durmiente. Ha entablado tres demandas muy particulares, por cuenta propia y no a nombre de ningún cliente en contra de Chevron, la tercera corporación más grande de los Estados Unidos. Estos casos han sido poco exitosos; dos de ellos fueron rápidamente descartados y en marzo, un juez federal recomendó desestimar el tercero.
El viernes el tigre despertó. Chevron (CVX) solicitó la autorización de un juez federal para presentar contrademandas contra la firma de 455 abogados, por supuesto fraude y engaño de esta firma en el ejercicio de su representación del Frente de Defensa de la Amazonía, agrupación que en febrero de 2011 obtuvo una sentencia ambiental por 19.000 millones de dólares en contra del gigante petrolero en Lago Agrio, Ecuador. Chevron además pretende imputar a la firma por “acusación maliciosa” por haber impulsado de mala fe estas tres demandas. Chevron aspira a responsabilizar a la firma de abogados por cualquier perjuicio causado por el Frente en contra de Chevron, en la supuesta demanda fraudulenta entablada en su contra, además de cobrarle el triple por daños punitorios.
En una declaración, Patton Boggs afirmó: "La demanda propuesta por Chevron en contra de Patton Boggs posiblemente constituye el más endeble ejemplo de cómo Chevron intenta utilizar los recursos ilimitados con los que cuenta para intimidar y acosar a todos quienes se atrevan a ayudar a los demandantes ecuatorianos en su batalla de casi veinte años por alcanzar justicia… Patton Boggs, desde que se involucró en este caso en el 2010, en todo momento ha actuado concienzudamente, en forma ética y de buena fe y no será intimidada por las tácticas atemorizadoras de Chevron”. (Vea el documento completo aquí.)
Patton Boggs comenzó a representar al Frente en febrero de 2010. La firma legal opera bajo un honorario sujeto a un pacto de cuota Litis, en un acuerdo que le otorga una participación del 2.4% del total de la sentencia ecuatoriana. Por lo tanto, la firma en teoría espera recibir alrededor de 450 millones si la sentencia de Lago Agrio se logra cobrar algún día. (Chevron prácticamente no tiene ningún activo en el Ecuador.)
El equipo legal de Patton Boggs que trabaja en el caso de Lago Agrio ha sido dirigido por James Tyrrell, Jr., socio gerente regional de las oficinas en Nueva York y Nueva Jersey, así como miembro del comité ejecutivo de la firma legal.
Cuando Patton Boggs se involucró en el caso, los abogados de Chevron habían iniciado una serie de procedimientos judiciales ante las cortes de los Estados Unidos, conocidos como acciones bajo la Sección 1782, con el objetivo de exponer el fraude, la fabricación de evidencia y otras artimañas que Chevron aduce el Frente ha utilizado para obtener la sentencia ecuatoriana. La tarea de Patton Boggs, entre otras cosas, fue ayudar al Frente a resistir los esfuerzos de Chevron por desenterrar tal evidencia.
A pesar de los esfuerzos del Frente y Patton Boggs, Chevron finalmente consiguió mucha de la evidencia que buscaba y en febrero de 2011 presentó en Manhattan una demanda por asociación ilícita y extorsión bajo la ley RICO en contra de los líderes del Frente, incluyendo al abogado y estratega norteamericano Steve Donziger. En julio pasado, en un pronunciamiento sobre una moción de juicio sumario parcial en este caso, el Juez de Distrito Lewis Kaplan determinó que la sentencia ecuatoriana emitida en marzo de 2011, efectivamente y “sin lugar a dudas está contaminada por fraude”. Más recientemente, en una orden de descubrimiento de pruebas de marzo de 2013, además encontró que existía “causa razonable” para creer que los representantes del Frente “sobornaron al juez ecuatoriano para obtener el resultado que perseguían y que, como parte del acuerdo, habrían redactado la sentencia que se presentara a nombre del juez”.
(De manera repetida y poco exitosa el Frente ha intentado remover al Juez Kaplan del caso, acusándolo de parcialidad en términos sospechosamente estridentes y desdeñosos).
Una de las razones por las que el Juez Kaplan consideró que la sentencia ecuatoriana había sido redactada de manera clandestina por los abogados del Frente, radica en el hecho de que ésta incluye extensos párrafos que parecen haber sido literalmente copiados de documentos internos del Frente, que nunca fueron incluidos en los expedientes del caso ante la corte ecuatoriana. En la demanda propuesta Chevron aduce que por lo menos uno de dichos párrafos incorpora el trabajo ejecutado por Patton Boggs.
Por lo tanto, sostiene que "Patton Boggs o sabía por adelantado que la sentencia en contra de Chevron había sido redactada de manera clandestina, o se dio cuenta de ello muy tempranamente, una vez que Chevron empezó a revelar las pruebas que tenía. Aun así, Patton Boggs persistió en su fraudulento plan… A pesar de la existencia de pruebas incontrovertidas que revelan lo contrario, Patton Boggs falsamente ha declarado en los Estados Unidos que esta sentencia es legítima y no el resultado de un proceso corrompido en el que Patton Boggs y/o sus abogados adjuntos actuaron en colusión con la corte ecuatoriana o con los peritos de la corte”.
Un enfoque adicional de la demanda propuesta por Chevron se refiere al supuesto papel de Patton Boggs al “dirigir la elaboración de una declaración” firmada por el abogado del Frente Pablo Fajardo, que fuera presentada en una acción bajo la Sección 1782 ante una corte federal de Denver en mayo de 2010.
En su dictamen de marzo de 2013, el juez Kaplan se refirió a la declaración de Fajardo como “un recuento seriamente engañoso de lo que había sucedido” y una vez más encontró “causas razonables” para pensar que “por lo menos algunos” de los representantes del Frente “habrían cometido fraude electrónico y/o por correo electrónico, además de obstruir la justicia… al elaborar y presentar tal declaración”. El Frente más tarde presentó la declaración de Fajardo ante por lo menos ocho cortes más en los Estados Unidos, incluyendo la corte del mismo Kaplan.
También está en disputa una estrategia supuestamente “orquestada” por Patton Boggs para, de manera apresurada, buscar el testimonio de siete expertos de reciente contratación, a los que Patton Boggs se refiere como los expertos “en limpieza”, además de introducir su testimonio escrito en los expedientes de la corte ecuatoriana a finales de 2010, en un esfuerzo por brindar a la corte ecuatoriana alguna base adicional para su opinión, además de la provista por el informe del perito nombrado por la corte, que Chevron aduce fue clandestinamente redactado por los abogados de los demandantes (lo que aparentemente ha sido comprobado). Chevron alega que los expertos en limpieza de hecho solamente se basaron en el informe pericial fraudulento y que los abogados de Patton Boggs han intentado ocultar este hecho.
Chevron también cuestiona los continuos intentos de Patton Boggs por ejecutar la sentencia ecuatoriana ante cortes extranjeras, que hasta hoy incluyen a Canadá, Argentina y Brasil, “a pesar de la abrumadora e incuestionable evidencia de que la misma sentencia ecuatoriana fue fraudulentamente redactada por el mismo equipo legal de los abogados de los demandantes”.
Por último, Chevron culpa a Patton Boggs de haber ayudado al Frente a obtener fondos para su litigio ‘fraudulento’, al haber presuntamente engañado a Burford Capital, un fondo de inversión especializado en el financiamiento de litigios. Dicho fondo ha renunciado a su participación en el caso y ha acusado, tanto a los líderes del Frente como a Tyrrel de la firma Patton Boggs, de haber presentado información distorsionada para atraer su participación en el caso e. (Patton Boggs en el pasado ha respondido que “tiene absoluta confianza de haber actuado de manera apropiada y ética”.)
La demanda propuesta por Chevron se basa en documentos que tiene en su poder, relativos al papel que jugó Patton Boggs en el caso; cabe añadir que ya está en proceso de obtener muchos otros documentos de esta firma. En marzo pasado el Juez Kaplan ordenó a Patton Boggs entregar millones de páginas incluidas en los archivos del caso, luego de determinar que cualquier privilegio de confidencialidad habría sido constreñido por la figura conocida como exclusión por delito de fraude. El Juez escribió: “Patton Boggs tuvo una participación muy activa en determinadas actividades de importancia fundamental, lo que hace que sea muy probable que constituya una muy importante, y en muchos aspectos única fuente de evidencia del supuesto fraude; además, ésta no está disponible en ninguna otra parte y se sabe que por lo menos parte de los materiales en su poder o bajo su control apoyaron actos ilícitos o fraudes, independientemente de si Patton Boggs tenía conocimiento de ello o no”.
Las nuevas demandas propuestas por Chevron en contra de Patton Boggs no están siendo juzgadas dentro del mismo caso RICO, cuyo juicio está previsto iniciarse en octubre, sino más bien en una contrademanda que la misma firma presentó el año pasado en contra de Chevron en Newark, la que fue trasladada a Manhattan a inicios de este año.
Ésta es la tercera demanda de Patton Boggs en contra de Chevron, que es blanco de las imputaciones de Chevron de “acusación maliciosa” en contra de la firma. La serie de demandas de la firma de abogados inició en noviembre de 2010, cuando demandó a Chevron en procura de una declaración preventiva de que Patton Boggs no tenía conflicto de interés alguno al representar al Frente, aunque Chevron no había tomado acciones para descalificarlo. (El potencial conflicto radica en la adquisición realizada por Patton Boggs en julio de 2010 de Breaux Lott Leadership Group, una firma de lobbying que Chevron afirma la representaba en su litigio ecuatoriano entre 2008 y 2010.) Patton Boggs más tarde añadió a los principales asesores externos de Chevron Gibson Dunn & Crutcher como acusados, además de acusar a Chevron de “interferencia dolosa en relación a un contrato” por supuestamente haber interferido en la capacidad del Frente para encontrar financiamiento para así pagar a Patton Boggs. En abril, julio y agosto de 2011, el juez de distrito Henry Kennedy, Jr., desestimó ésta y otra demanda casi idéntica de la firma en contra de Chevron y en junio de 2012, una corte de apelaciones de manera unánime ratificó ambas desestimaciones.
Para entonces, Patton Boggs había presentado en Newark la tercera demanda en contra de Chevron. Ésta estaba relacionada con una fianza o caución por 21.8 millones de dólares que el Juez Kaplan había pedido a Chevron, cuando en marzo de 2011 emitió una orden judicial preliminar que prohibía al Frente intentar ejecutar la sentencia ecuatoriana fuera del país. Luego de que una corte de apelaciones anulara tal prohibición en enero de 2012, Chevron solicitó al Juez Kaplan liberar dicha caución; es decir, devolver a Chevron el dinero que había depositado.
Patton Boggs se opuso a tal pedido, pero en lugar de simplemente hacerlo a través de una solicitud dirigida al Juez Kaplan a nombre del Frente, presentó una nueva demanda en Newark a nombre de la misma firma de abogados. Más tarde, Patton Boggs añadió una demanda por “acusación maliciosa” en contra de Chevron por haber identificado a su firma como “cómplice” (aunque no acusada) en su demanda RICO. En diciembre de 2012, la juez federal de Newark Esther Salas transfirió el caso al Juez Kaplan en Manhattan, criticando “las maniobras sobre jurisdicción de Patton Boggs”. (El Juez liberó dicha fianza en abril de 2012 y Patton Boggs ha apelado tal decisión).
En marzo de 2013 en Manhattan el juez civil James C. Francis IV recomendó la desestimación de la tercera demanda de Patton Boggs y la firma ha apelado al Juez Kaplan. Las nuevas demandas por fraude y engaño presentadas el día de hoy por Chevron en contra de Patton Boggs, constituyen contrademandas en este caso.
Parecería ser que Patton Boggs ya estaba perdiendo dinero a través de su representación del Frente, lo que constituye la premisa subyacente para las tres demandas entabladas en contra de Chevron y la contrademanda presentada por Chevron agrava aún más a su situación. Patton Boggs no respondió a la petición de comentarios sobre si el Frente estaba atrasado en el pago de su deuda con la firma.
La semana pasada otra de las firmas de abogados de los demandantes en los Estados Unidos, Smyser Veselka & Kaplan de Houston, solicitó su retiro del caso RICO, aduciendo que se le adeudaba más de 1.8 millones de dólares en honorarios. Al mismo tiempo, la firma de Donziger en este caso, Keker & Van Nest, a la que el Frente había pagado bajo los términos establecidos en su acuerdo de honorarios con Donziger, también solicitó retirarse al afirmar que se le debía más de 1.4 millones de dólares en honorarios.
Según The Wall Street Journal, a fines de febrero Patton Boggs despidió a 65 abogados y a otro personal, luego de una baja en ganancias. Sus ingresos anuales bajaron un 6.5% en 2012, se afirmaba en el artículo, mientras sus ganancias se redujeron en un 14%.
Esta es una traducción no oficial del artículo original publicado en inglés. Para verlo haga clic aquí.
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