29/06/2017
Desde el año 2010, antiguos inversionistas, abogados, consultores técnicos, funcionarios de la corte ecuatoriana y otros aliados, se han desvinculado de la demanda contra Chevron en Ecuador.
Algunos de los exaliados del denominado por el Wall Street Journal como el “fraude legal del siglo”, lo han abandonado tras conocer las evidencias del fraude cometido por los abogados de los demandantes.
Entre ellos se encuentran:
H5: una firma de servicios legales y de descubrimiento de pruebas electrónicas con sede en California retiró su apoyo al litigio contra Chevron en Ecuador y cedió a Chevron su participación del 1,25% en la sentencia ecuatoriana de $9.500 millones.
Woodsford Litigation Funding Limited, una sociedad dedicada al financiamiento de litigios con sede en el Reino Unido. Aportó $2.5 millones al financiamiento de la fraudulenta demanda contra Chevron en Ecuador desde el año 2013. En su declaración pública, Woodsford indicó su “profunda preocupación por los estándares éticos del abogado Steven Donziger”, por lo que en mayo de 2015 decidió “renunciar a cualquier beneficio financiero derivado de este caso y a todas las ganancias relacionadas con el litigio a Chevron".
James Russell DeLeon, el principal financista del caso y amigo de Donziger de la Facultad de Leyes, se retiró del litigio luego de haber invertido $23 millones, acordando entregar a Chevron su participación del 7% en la sentencia ecuatoriana. En su declaración, DeLeon aseguró que: “he concluido que los representantes de los demandantes de Lago Agrio, entre ellos Steven Donziger, me engañaron acerca de hechos importantes. Si hubiera conocido estos hechos, no habría financiado el litigio.
Jeffrey Shinder, un abogado de Nueva York, renunció al equipo de Donziger luego de conocer la extensión del fraude perpetrado en el caso ecuatoriano, manifestando “me dio náuseas” y "no quería ser parte de esto".
Patton Boggs, LLP, una reconocida firma de abogados y cabildeo de Washington, DC, se retiró del litigio tras llegar a un acuerdo con Chevron. Emitió una declaración de arrepentimiento, cedió sus intereses en el litigio a Chevron y le pagó la suma de USD $15 millones a la empresa.
Alberto Guerra, juez que presidió el caso inicialmente cuando fue presentada la demanda en 2003, reveló que los abogados demandantes sobornaron al juez Nicolás Zambrano –quien firmó la fraudulenta sentencia– para que les permitiera redactarla ilegalmente. Esto lo reveló en una declaración jurada (véala aquí) presentada en una corte federal de Nueva York. El testimonio del Sr. Guerra está ampliamente sustentado por correos electrónicos, récords bancarios, de envíos y de computadora.
Burford Capital, un fondo de inversión que cotiza en bolsa e invierte en demandas judiciales, acusó a los abogados contra Chevron Corp., de haber engañado a la empresa para que invirtiera en su caso. A raíz de esto, Christopher Bogart, Director General de Burford, rindió una declaración jurada en la cual dijo haber otorgado USD 4 millones (de los USD 15 millones inicialmente programados) a los abogados demandantes antes de retirarse en 2011 al conocer la evidencia del fraude.
En enero 2013, miembros de los Huaorani, una de las cinco nacionalidades indígenas que abogados demandantes dicen representar en su juicio contra Chevron, pidieron intervenir en un proceso ante la Corte Federal de Nueva York aduciendo que no son representados por dichos abogados ni por su organización de fachada, el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA).
Joseph Kohn, del bufete Kohn, Swift & Graf, antiguo abogado y financista del litigio, dijo a los demandantes que estaba “sorprendido por las recientes revelaciones sobre los contactos potencialmente improcedentes y poco éticos, si no ilegales, con el perito designado por la corte”.
El Dr. Charles Calmbacher, perito de los abogados demandantes en las primeras cuatro inspecciones judiciales en 2004, declaró bajo juramento que ninguno de los sitios remediados por Texpet requería remediación adicional y que no representaban riesgo alguno a la salud o al medioambiente. Adicionalmente, sobre los informes que fueron presentados en su nombre por los abogados demandantes alegando la presencia de contaminación, Calmbacher declaró: “No llegué a esas conclusiones y no escribí ese informe”, con lo que se demostró que el equipo legal de los demandantes ecuatorianos fraguó el reporte de su propio perito.
Stratus Consulting, la principal consultora ambiental de los demandantes, expuso en detalle ---mediante las declaraciones juradas de Ann Maest y Douglas Beltman-- las conductas inapropiadas de los abogados demandantes. Entre las conclusiones más relevantes, se encuentran: a) el rechazo total de las conclusiones y testimonios técnicos presentados en su proyecto en Ecuador; b) la firma consultora no cuenta con evidencia científica de que los residentes estén tomando agua contaminada por petróleo como afirman los actores; c) no hay evidencia científica de efectos adversos para la salud ocasionados por operaciones petroleras en el Oriente. Finalmente, no hay evidencia científica que respalde la afirmación de que los índices de cáncer en el área son más altos de los normales.
David Russell, experto de los demandantes, declaró bajo juramento el 8 de mayo de 2013, que los abogados demandantes “han corrompido el proceso judicial en el Ecuador”. Adicionalmente, dijo: “hallé que las pruebas medioambientales no respaldaban ni respaldan los reclamos de los demandantes”, y que “las muestras no estaban indicando la contaminación que Donziger quería”. En un correo electrónico de febrero del 2005, Russell afirmó “no estamos encontrando ninguno de los compuestos altamente carcinogénicos que uno espera ver cuando investiga las piscinas de petróleo”.
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