Legal Newsline 07/07/2013
NUEVA YORK (Legal Newsline) — Chevron Corp. ha presentado declaraciones juradas de dos expertos que trabajan para una firma consultora radicada en Colorado, contratada por los abogados de los demandantes ecuatorianos quienes entablaron una demanda en contra del gigante petrolero. Los consultores niegan que los reclamos por daños presentados por los demandantes en contra de Chevron y Texaco Petroleum Company tengan sustento científico alguno.
Douglas Beltman, vicepresidente ejecutivo de Stratus Consulting Inc. y Ann Maest, científica ejecutiva de la firma presentaron declaraciones que también evidencian el conocimiento que tuvo la firma de la conducta inapropiada de los abogados de los demandantes en el proceso ambiental que se ventila en Lago Agrio, Ecuador.
Dichas declaraciones fueron presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el viernes pasado.
En sus declaraciones juradas, Beltman y Maest detallan el papel que Stratus y los abogados de los demandantes desempeñaron en la preparación del supuestamente independiente informe de daños de Richard Cabrera. El informe sirvió de base probatoria de la sentencia por 19 mil millones de dólares dictada por una corte ecuatoriana.
En enero pasado una corte de apelaciones en el Ecuador ratificó la sentencia por “contaminación intencional” causada por Chevron en la selva ecuatoriana. La sentencia fue emitida por un panel de tres jueces transitorios que presidían el caso en la Corte de Sucumbíos en Lago Agrio.
La sentencia, que se deriva de un juicio ambiental entablado en contra de Texaco Petroleum, confirma la decisión de una corte de primera instancia emitida en febrero de 2011. Dicha corte determinó que Chevron era responsable por haber vertido miles de millones de galones de desechos tóxicos en la región amazónica, causando un brote de enfermedades que diezmaron a grupos indígenas en la zona.
Prometiendo no pagar un centavo de esta colosal sentencia, la compañía entabló en respuesta una demanda por asociación ilícita y extorsión ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
La compañía aduce que el juicio en el Ecuador ha sido utilizado para amenazar al gigante petrolero, engañar a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos y para acosar e intimidar a sus empleados, todo esto con el fin de forzar un acuerdo financiero con la compañía.
En sus testimonios Beltman y Maest además describen de manera directa el control ejercido por el abogado principal de los demandantes Steven Donziger en el proceso de elaboración del informe y la presión que éste aplicó para inventar los daños de los que se acusa a Chevron.
Entre las declaraciones hechas por Beltman y Maest están las siguientes:
- “Stratus no tiene ningún dato sobre evidencia científica alguna que muestre que la gente en la antigua área de concesión esté tomando agua contaminada con petróleo”.
- “En ningún momento mientras trabajamos en el proyecto en Ecuador pude ver ningún dato que sustente las conclusiones sobre contaminación de las aguas de superficie derivada de las operaciones de TexPet…”
- “No conozco de ningún dato científico que muestre que algún efecto adverso en la salud sea causado por contaminación derivada de las operaciones petroleras en el Oriente”.
- “…la conclusión de que existe un exceso de 1.400 muertes por cáncer cerca del área de las operaciones petroleras es inválida e infundada”.
- “No tengo conocimiento de ninguna evidencia científica creíble que apoye la afirmación de que las tasas de cáncer eran 30 veces más de lo normal, o que se haya determinado que la incidencia de leucemia infantil haya llegado a niveles alarmantes”.
- “No tengo conocimiento alguno sobre la existencia de evidencia científica creíble que muestre que más de 9.000 personas en el área de las operaciones petroleras en el Ecuador van a contraer cáncer en las próximas décadas, o que tal incidencia pueda estar conectada con las operaciones petroleras”.
- “No tengo conocimiento alguno sobre la existencia de ningún dato científico creíble que apoye la afirmación de que las operaciones de TexPet en el área de concesión haya arrasado miles de hectáreas de una selva que alguna vez fue inmaculada, o de que haya envenenado el medioambiente en el que decenas de miles de personas habitaban, ni que haya diezmado a grupos indígenas en la región”.
- “Refuto todas y cada una de la conclusiones incluidas en todos mis informes y en mi testimonio sobre el Proyecto Ecuador. Lamento profundamente haber permitido que se me utilice a mí y a mi compañía en el litigio en Lago Agrio de semejante manera…”
Lea la declaración completa de Beltman aquí
Lea la declaración completa de Maest aquí
“Nos complace que Stratus se haya presentado para revelar la verdad. Apelamos a todos quienes tenga conocimiento alguno sobre el fraude que ha empañado el juicio en el Ecuador para que se presenten y hagan lo que es debido”, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron en una declaración distribuida el viernes pasado.
El abogado Craig Smyser de Houston, quien representa a los demandantes ecuatorianos en la demanda entablada bajo la Ley RICO sostiene que Chevron “intimidó” a Stratus hasta que la firma no tuvo otra opción que sucumbir.
“Chevron obtiene sus testimonios de dos maneras: o paga por ellos o intimida a la gente hasta que termina por ceder”, afirmó en declaraciones el día viernes. “La firma se enfrentó a su posible extinción financiera luego de que Chevron iniciara una campaña de difamación en contra de Stratus ante las compañías con las que esta empresa tenía negocios; todo esto está dicho en la demanda de Stratus en contra de Chevron. Stratus ha testificado, ante esta corte, que respalda sus afirmaciones científicas que detallan la contaminación y polución en la selva tropical ecuatoriana”.
Smyser continúa, “Aunque el acuerdo forzado por Chevron con Stratus durante veinte años prohíbe a la firma consultora realizar trabajos de consultoría ambiental que puedan estar de manera alguna relacionados con Chevron, e impone una orden mordaza sobre Stratus en relación a la posibilidad de hacer declaraciones públicas sobre “la validez y precisión objetiva o científica de todo o parte alguna del Informe Cabrera”, confiamos en que Stratus brindará un veraz testimonio sobre estos temas”.
Beltman y Maest presentaron sus declaraciones como parte de un acuerdo extrajudicial que da por concluida la demanda entablada en su contra por Chevron alegando fraude y extorsión.
Smyser destacó que hace menos de tres meses, Stratus presentó documentos ante la corte en los que afirmó que se había hecho justicia en el litigio ecuatoriano.
“Chevron sabe que basándose en los datos científicos recolectados durante el litigio de Lago Agrio, que incluyen los datos recogidos por la misma empresa petrolera, Stratus realmente determinó la presencia de contaminación en cada uno de los sitios de los pozos y estaciones en donde se tomaron muestras y que las áreas contaminadas por las operaciones petroleras que requieren de remediación y limpieza, incluyen más de 900 piscinas de petróleo, 356 sitios de pozos, 22 estaciones de procesamiento de petróleo, así como áreas adicionales de derrame. Todos esto constituye un daño ambiental enorme que demanda ingentes sumas de dinero para su remediación”, afirmó.
“Confiamos que Stratus ratificará las declaraciones que hizo ante la corte y ante el público, incluyendo al programa 60 Minutes de la cadena CBS, en las que detalló la ciencia de la contaminación de Chevron en la selva ecuatoriana”.
Stratus es el Stratus es el caso más reciente de individuos o grupos, anteriormente alineados con los demandantes, que se han presentado para acusar a los abogados de los demandantes de fraude.
En el mes de enero, un ex juez ecuatoriano también se presentó para admitir su papel en la orquestación de la sentencia en contra de Chevron.
Alberto Guerra, quien presidió el caso ambiental en contra de Chevron cuando se presentó la demanda en el 2003, reveló en su declaración que había recibido miles de dólares de los abogados de los demandantes y del juez subsiguiente, Nicolás Zambrano, para que redactara de manera clandestina las resoluciones judiciales emitidas por Zambrano y para conducir el caso en favor de los demandantes.
Guerra, quien ya no ejerce como juez, testificó que se permitió a los abogados de los demandantes redactar la sentencia a su favor por 18 mil millones de dólares, luego de que prometieran pagar a Zambrano 500 mil dólares de lo que lograran obtener en el juicio y que luego Guerra revisó el borrador preparado por los abogados de los demandantes antes de que el juez Zambrano emitiera el informe a su nombre.
Karen Hinton, una vocera de los ecuatorianos ha dicho que este juez “deshonesto” ha sido pagado por Chevron para hacer acusaciones falsas sobre el juicio y la sentencia en el Ecuador.
Burford Capital, uno de los financistas más importantes de los demandantes, también ha acusado a los abogados de los demandantes de fraude y otras conductas indebidas en su lucha por ganar el caso.
Finalmente, en el mes de diciembre, un antiguo consultor ambiental de los demandantes se presentó con pruebas adicionales de fraude y fabricación de evidencia en contra de los abogados de los demandantes.
El juicio por la demanda entablada por Chevron bajo la ley RICO está programado para el 15 de octubre.
Ésta es una traducción no oficial realizada por Chevron Corp. del original publicado en inglés
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