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Antecedentes
Tras obtener en 2011 una sentencia a su favor en Ecuador por medio de fraude, soborno e intimidación; los abogados demandantes han planteado acciones legales en Argentina, Brasil y Canadá para ejecutar la fraudulenta sentencia ecuatoriana, buscando chantajear a Chevron Corporation con el fin de llegar a un acuerdo económico.
Chevron nunca ha operado en Ecuador.
Texaco Petroleum Company, TexPet, subsidiaria indirecta de Chevron Corporation desde 2001, fue socia minoritaria en un consorcio de producción de petróleo en Ecuador junto con la empresa estatal, Petroecuador, desde 1964 hasta 1992.
Tras finalizar sus operaciones y conforme a un acuerdo con el gobierno de Ecuador, TexPet trabajó durante 3 años (1995-1998) e invirtió e $40 millones de dólares en la remediación de su parte proporcional, y en los programas de desarrollo comunitario, mientras que Petroecuador siguió siendo responsable de la remediación del resto de las afectaciones.
Toda esta labor fue supervisada y aprobada por el Gobierno ecuatoriano.
Texaco remedió
más de 220 áreas impactadas
Luego de aprobar la remediación hecha por TexPet, el Gobierno del Ecuador liberó a TexPet de todos los reclamos u obligaciones ambientales futuros relacionados con sus operaciones anteriores en Ecuador.
Igualmente, Petroecuador reconoció públicamente su responsabilidad de remediar su parte proporcional. Sin embargo, la compañía no realizó la remediación a la que estaba obligada mediante un contrato firmado por las partes, y ha continuado operando y expandiendo sus operaciones petroleras en la antigua área de concesión durante los últimos 27 años.
Caso Ecuador
Junio de 2015: En audiencia pública, Chevron presentó a la Corte Constitucional de Ecuador un resumen de las numerosas y graves violaciones al derecho de debido proceso de Chevron, que resultaron en la fraudulenta sentencia ecuatoriana contra la empresa.
Mayo de 2003
Steven Donziger lideró un grupo de abogados estadounidenses y ecuatorianos que iniciaron una acción en Ecuador (el caso de “Lago Agrio”) en nombre de 47 demandantes en contra de Chevron Corporation. Sostenían que la compañía era responsable por un extenso daño ambiental causado por las actividades petroleras del Consorcio, que concluyeron en 1992.
Febrero de 2011
La Corte Provincial de Sucumbíos en Lago Agrio dictó sentencia imponiendo a Chevron el pago de "daños y perjuicios" por más de 19 mil millones de dólares. La sentencia, obtenida por medio de cohecho al juez y al perito principal, extorsión y fraude electrónico, fue confirmada en segunda instancia por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, en enero de 2012.
Noviembre de 2013
La sentencia de casación emitida por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ), redujo el monto de la condena impuesta en primera instancia y ratificada en segunda instancia, a la cantidad de 9.500 millones de dólares ya que se eliminó la cuantía relacionada con daños punitivos, debido a que esta figura no se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico nacional.
Diciembre de 2013
Chevron Corp. presentó en la Corte Constitucional del Ecuador una Acción Extraordinaria de Protección, solicitando que esta Corte declare que la sentencia de casación, que confirma lo resuelto por las sentencias de apelación y de primera instancia, ha violado los derechos constitucionales de Chevron, específicamente al derecho al debido proceso.
Estados Unidos
Junio de 2017: La Corte Suprema de EE.UU., máxima instancia del poder judicial en este país, rechazó una solicitud de Steven Donziger para reexaminar la decisión de una Corte de Apelaciones de EE.UU. que dejó en firme el fallo sobre el caso RICO.
Marzo 4 de 2014
Una corte federal de EE.UU. en Nueva York determinó que Donziger y sus asociados ecuatorianos habían violado la ley federal contra la extorsión y las organizaciones corruptas (RICO, Federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), habiendo cometido actos de extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act), manipulación de testigos y obstrucción de la justicia para obtener la sentencia ecuatoriana, y además, habían tratado de encubrir los crímenes cometidos por él y sus asociados. La corte detalló sus conclusiones en un fallo de casi 500 páginas, disponiendo que la sentencia no podía ser ejecutada en Estados Unidos.
Agosto de 2016
La Corte de Apelaciones de EE.UU. ratificó por unanimidad la sentencia de la corte de primera instancia en agosto de 2016, y en junio de 2017 la Corte Suprema de EE.UU. dejó en firme el fallo sobre el caso RICO.
Ver VideoGibraltar
Diciembre de 2015: La Corte Suprema de Gibraltar emitió una sentencia contra Amazonia Recovery Ltd., compañía con sede en Gibraltar creada por Donziger, Pablo Fajardo, Luis Yanza y Ermel Chávez, para recibir y distribuir los fondos resultantes de la fraudulenta sentencia ecuatoriana.
La corte ordenó una indemnización para Chevron de $28 millones de dólares en daños y perjuicios, y emitió un mandato permanente contra Amazonia Recovery, impidiendo que la compañía ayude o apoye el caso contra Chevron de cualquier manera.
¿Quiénes se enriquecerían con el fraude?Argentina
Noviembre de 2017: El pasado 1° de noviembre de 2017 el Juzgado Nacional Civil Nº 61 en Buenos Aires dictaminó que los demandantes no demostraron que el caso tuviera alguna conexión que justificara el reconocimiento de la sentencia ecuatoriana de 2011 por las cortes argentinas.
Noviembre de 2012
Un magistrado argentino dictó el embargo de todos los bienes de Chevron en Argentina a raíz del fraudulento juicio en Ecuador. A pesar de esto, el 4 de junio de 2013, la Corte Suprema de Argentina dejó sin efecto dicho embargo por USD 19 000 millones contra Chevron.
Abril de 2016
El Ministerio Público Fiscal de Argentina recomendó que la Corte Nacional rechazara la petición para reconocer la sentencia ecuatoriana en dicho país.
Brasil
Octubre de 2017: El juez Luis Felipe Salomão, del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, emitió su voto rechazando el intento de reconocimiento de la sentencia ecuatoriana contra Chevron, argumentando la falta de jurisdicción brasileña y la extensa evidencia de fraude y corrupción, que haría del reconocimiento y ejecución de esta sentencia una violación al orden público.
Junio de 2012
Los abogados demandantes, liderados por Donziger, presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil buscando el reconocimiento de la fraudulenta sentencia ecuatoriana por $9.500 millones dólares contra Chevron Corporation, acción de reconocimiento similar a las presentadas en Argentina y Canadá.
Mayo de 2017
El Subprocurador General, Nicolao Dino, expresó que las pruebas demostraban que la sentencia ecuatoriana fue “emitida de forma irregular, especialmente bajo evidentes actos de corrupción, que representaron una ofensa contra el orden público internacional, e incluso, para la moral y las buenas costumbres”, recomendando que sus cortes rechacen la sentencia ecuatoriana.
Ver VideoCanada
Septiembre de 2017: Una juez de la Corte de Apelaciones de Ontario determinó que es poco probable que los demandantes revoquen el fallo de una corte de primera instancia que resolvió que la sentencia ecuatoriana contra Chevron Corporation no puede ser ejecutada contra Chevron Canada Limited, una subsidiaria indirecta.
Enero de 2017
Una corte canadiense rechazó el intento de ejecutar la sentencia fraudulenta contra una subsidiaria de Chevron, Chevron Canada Limited. La corte sentenció que Chevron Canada Limited es una entidad separada de Chevron Corporation, que no es parte del juicio ecuatoriano, y no es un deudor de la sentencia judicial.
Corte canadiense ordena a demandantes ecuatorianos depositar cerca de US$1 millón
Ver másArbitraje en La Haya
Julio de 2017: La Corte de Apelaciones de La Haya sentenció a favor de Chevron Corp. ratificando un fallo de primera instancia dictado en 2016 que rechaza la solicitud de la República de Ecuador de anular y dejar sin efecto el Primer Laudo Parcial en el Track 1, así como los diversos laudos provisionales.
Septiembre de 2009
Perturbada por las irregularidades en el juicio de Lago Agrio y por el fracaso de la corte ecuatoriana en corregir las atroces violaciones al debido proceso, en septiembre de 2009, Chevron entabló una demanda de arbitraje bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Ecuador y EE.UU. contra el país sudamericano, bajo el amparo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
El Tribunal emitió cuatro laudos sobre medidas provisionales en el sentido de que Ecuador debía "tomar todas las medidas a su disposición para suspender o hacer que se suspendiera la ejecución o el reconocimiento, dentro y fuera de Ecuador, de cualquier sentencia contra Chevron en el caso de Lago Agrio".
Septiembre de 2013
El Tribunal emitió su primer laudo relacionado con el mérito del arbitraje ("Primer Laudo Parcial del Track 1"), sosteniendo que el Ecuador había conciliado todas las reclamaciones ambientales "colectivas" (distintas de las reclamaciones por daños a personas o propiedad), y que Chevron (como matriz de Texpet) estaba cubierta por la liberación por parte de Ecuador de esas reclamaciones.