En el 2012, un magistrado dictó el embargo de todos los bienes de Chevron en Argentina a raíz del fraudulento juicio en Ecuador. En 2013 la Corte Suprema de Argentina dejó sin efecto el embargo de USD 19 000 millones contra Chevron.

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En 2015 la Fiscalía de Brasil concluyó que la sentencia ecuatoriana contra Chevron fue dictada de manera irregular, por medio de actos de corrupción, y recomendó que no sea reconocida para su ejecución en Brasil ya que violaría el orden público.

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En 2015 la Corte Suprema de Canadá resolvió que el tribunal de primera instancia de Ontario tiene jurisdicción para conocer de la causa. Sin embargo, no se pronunció sobre la legitimidad o validez de la fraudulenta sentencia ecuatoriana.

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