Juez de Nueva York suspende sentencia de Chevron y ordena pago de garantía

08/03/2011

El juez Lewis Kaplan de una Corte Federal de Nueva York  de manera pública ha expresado su molestia con las tácticas del abogado Steven Donziger en el caso Chevron Ecuador. Ayer puso un freno mundial a Donziger y a sus clientes ecuatorianos con respecto a la ejecución de la @@sentencia@@ por $18.000 millones de dólares emitida hace poco en el Ecuador.

Kaplan no desestimó por completo la difícil situación de los colonos ecuatorianos que afirman que Texaco, predecesora de Chevron, contaminó sus tierras durante un programa de perforación petrolera que finalizó en 1990.

El Juez dictaminó que la gigante petrolera debe presentar una garantía de $21,8 millones, que el equivalente a seis meses de intereses sobre los $18.000 millones a la mínima tasa trimestral del Tesoro sobre 24 puntos básicos.

No obstante, Kaplan rechazó los argumentos de falta de jurisdicción para impedir que los demandantes emprendieran una campaña internacional a fin de ejecutar la sentencia,  y afirmó  que "el móvil de esta estrategia no es solamente cobrar los fondos derivados de esta sentencia, sino también intentar coaccionar a Chevron para  llegar a un acuerdo rápidamente y así evitar este daño”.

Los demandantes ecuatorianos calificaron a la orden de restricción temporal de Kaplan como "una  bofetada para la nación democrática del Ecuador, así como para los miles de ciudadanos ecuatorianos que durante 18 años han peleado con coraje para que Chevron asuma su responsabilidad sobre el peor desastre ambiental del mundo", y afirmaron que apelarían la resolución basados en "múltiples argumentos ".

En su fallo de 131 páginas, Kaplan analiza los entresijos de este largo proceso  que inició en Nueva York, fue trasladado al Ecuador ante la insistencia de Chevron-Texaco, luego volvió a los Estados Unidos en medio de un sinfín de disputas sobre las tácticas de los demandantes y otros temas, tales como su posible participación en una acusación penal en contra de dos abogados de Chevron en el Ecuador.

Hay momentos en que la decisión parecería ser sacada del cuento de  “Alicia en el País de las Maravillas”, como cuando Kaplan toma las palabras del mismo Donziger y cita comentarios hechos por el abogado  en los que manifiesta que el sistema judicial ecuatoriano es corrupto y recalca que Chevron equivocadamente tomó esta opción cuando solicitó que el caso saliera de los Estados Unidos.

Antes de  tomar partido por una u otra parte, sería conveniente tomar en cuenta que ambasposturas han dado un giro de 180 grados desde el inicio del primer juicio en Nueva York. En ese entonces Chevron  expresó su valoraciónsobre  la idoneidad del poder judicial ecuatoriano, mientras que los demandantes , en escritos que incluían el nombre de Donziger como su abogado , alegaban que el Ecuador no podía ofrecer un foro adecuado y que su poder judicial era corrupto. En la misma línea, los demandantes sostuvieron ser pobres indígenas de la selva amazónica que no podían ser demandados en Nueva York.

Sin embargo, ignoran por completo el hecho de que anteriormente habían demandado tanto a Texaco como a Chevron en los Estados Unidos, que han participado voluntariamente en otros casos ante esta Corte, que están presentando demandas voluntarias ante otras cortes federales en todo el país, y que durante años han utilizado a Donziger y su oficina en Nueva York para montar campañas de relaciones públicas, políticas y de recaudación de fondos para respaldar sus esfuerzos. Por lo tanto, gran parte del discurso y de los argumentos en este caso, sobre estas y otras cuestiones, debe analizarse con ojo crítico.

El Juez describe con detalle los cambios ocurridos en el poder judicial ecuatoriano que podrían justificar el rechazo de la sentencia  por  18.000 millones de dólares. Durante un corto período, , justamente cuando ChevronTexaco sostenía que el caso debía ser trasladado al Ecuador, el poder judicial de ese país era relativamente independiente de un control político. Entre 1979 y 1998, los jueces eran designados por el Congreso Nacional por períodos de seis años, lo cual garantizaba su probidad política.

Luego, con la nueva Constitución de 1998 (la decimoctava del Ecuador) el mandato de los jueces se tornó vitalicio. Chevron solicitó el cambio en el 2000;el nuevo régimen duró pocos años, hasta que el entonces presidente Lucio Gutiérrez expulsó de manera inconstitucional a toda la Corte Suprema durante un estado de emergencia. El presidente izquierdista Rafael Correa hizo todavía algo mejor al convocar una asamblea nacional para que redacte otra constitución.

Declaró al Poder Judicial incapaz de pronunciarse en lo atinente a leyes nacionales. Los jueces de las cortes inferiores ahora son nombrados por la Corte Suprema designada políticamente y su mandato es por cuatro años.

El gobierno de Correa de manera consistente amenaza  a los jueces que emiten sentencias contrarias a los intereses gubernamentales, dijo Kaplan. De principio a fin, Kaplan cita el informe de Invictus, redactado por Patton Boggs, un prestigioso bufete de abogados de Washington que Chevron pudo obtener  en virtud de una orden judicial, el mismo que detalla un plan internacional para intentar ejecutar la @@sentencia@@ y conseguir un acuerdo favorable.

Dicho documento, denominado "La obtención y ejecución de la @@sentencia@@ y el alcance de un acuerdo", describe en detalle una estrategia para buscar "jurisdicciones favorables a los demandantes" en los Estados Unidos y en el extranjero, en donde los demandantes puedan intentar embargar los activos de Chevron, incluyendo barcos y refinerías. (El documento también hace referencia a la ley "90/10" del Ecuador, que aparentemente impide el pago de alrededor del 30% por concepto de honorarios legales, negociado por los abogados involucrados en este caso, y menos aún el "retorno preferencial" de $49 millones de dólares que el Grupo Burford, una firma londinense que financia litigios , parece haber negociado por la entrega  de 15 millones de dólares en una etapa crítica del juicio. Para evitar el resentimiento de las cortes ecuatorianas, los abogados aconsejan primero recibir el pago en los Estados Unidos   para luego distribuir el resto lo entre los demandantes en el Ecuador).

El juez además aborda un tema que se oculta en el fondo de este caso: ¿por qué los demandantes no presentan acciones legales contra Petroecuador que era el dueño mayoritario del proyecto desde 1976,  y que se hizo cargo de todas las operaciones en 1990?  Resulta que los demandantes firmaron un acuerdo con el gobierno en 1996 en el que se acordaba devolver al Ecuador cualquier monto cancelado por Chevron que la multinacional a su vez hubiese sido obtenido  de Petroecuador en una contrademanda. El acuerdo parece alinear a los demandantes con el gobierno en contra de Chevron, pero elimina la posibilidad de que varios bolsillos codiciosos se encarguen de la remediación de la contaminación petrolera que afecta a la selva amazónica.

Kaplan afirmó que los demandantes prácticamente no enfrentan ningún riesgo de que Chevron logre evitar pagar una @@sentencia@@ legítima.

Sin embargo, Chevron jamás podría recuperarse de sus pérdidas en caso de un intento de cobro en el exterior,  o si llegara a un acuerdo antes de que agoten las posibilidades de apelar la sentencia. Cuando se se hace un balance entre la posibilidad de demorar la ejecución del fallo con el posible daño que se causaría a Chevron, no cabe la menor duda.

El juez no explicó en detalle lo que ocurrirá en el futuro, pero se supone que habrá un juicio en los Estados Unidos para discutir los méritos de su medida cautelar y la ejecución de cualquier sentencia.

Kaplan descartó los argumentos de los demandantes sobre  su falta de jurisdicción, para lo cual sorprendentemente citó  una @@sentencia@@ de 1976, mediante la cual Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, debía someterse a la jurisdicción de una corte estadounidense.