The Wall Street Journal 14/10/2013
Cuando los abogados de los demandantes atacan, las corporaciones usualmente buscan un arreglo extrajudicial para evitar los costos astronómicos de un litigio. Una feliz excepción ha sido Chevron, que eligió combatir un chantaje legal-ambiental en Ecuador. El resultado ha sido un desfile tragicómico de conductas indebidas y fraude descarado, mucho de lo cual está siendo ahora revelado por los propios consultores y socios de los demandantes.
Muchos de los detalles quedarán al descubierto a partir del martes ante una corte federal en Manhattan, donde Chevron ha demandado por fraude al abogado de los demandantes Steven Donziger, bajo la ley federal contra asociación ilícita para delinquir y extorsionar (RICO, por sus siglas en inglés). Los lectores seguramente recordarán que esta historia comenzó en 1993, cuando el Sr. Donziger y un grupo de demandantes demandó a Texaco (más tarde fusionada con Chevron) ante una corte federal por presuntamente no haber limpiado los pozos petroleros que había perforado en los años 70.
Cuando la corte falló que el juicio no debía realizarse en Estados Unidos, los abogados de los demandantes volvieron a presentar los cargos en Ecuador en el 2003. La actriz Daryl Hannah apareció con sus manos manchadas de petróleo denunciando la destrucción de la selva tropical cometida por una multinacional estadounidense y los abogados de los demandantes relataron sus hazañas en un documental acertadamente llamado "Crudo".
Texaco ya había acordado con el gobierno del Ecuador realizar la limpieza de su parte de los sitios que habían sido perforados en cooperación con la compañía petrolera estatal Petroecuador, además de haber sido absuelta de toda responsabilidad. De todas maneras los demandantes persistieron en sus acusaciones, estableciendo una red de dudosos expertos y embustes legales para demandar 113.000 millones de dólares.
Uno de los supuestos expertos independientes fue el geólogo ecuatoriano Richard Cabrera, cuyos cálculos sobre el daño ambiental fueron la base para el caso contra Chevron y finalmente de la resolución de una corte ecuatoriana de otorgar a los demandantes 18.000 millones de dólares. Chevron se negó a pagar y presentó una acción bajo la ley RICO en una corte federal de Nueva York, con la que persigue que el veredicto del Ecuador sea declarado “fraudulento” e “inejecutable”.
Ahora se conoce que el Informe Cabrera fue, en gran medida, guiado por Stratus Consulting, la firma ambientalista con sede en Colorado y consultora de los demandantes. Hoy Stratus se encuentra entre los ex aliados de los demandantes que están presentando sus declaraciones. La compañía ha reconocido que su contribución al informe fue ciencia ficción, y admitió haber redactado clandestinamente el informe Cabrera como si fuera la opinión independiente del perito.
"En ningún momento mientras trabajaba en el Proyecto de Ecuador observé algún dato que pudiera respaldar una conclusión sobre contaminación de aguas subterráneas por las operaciones de TexPet en los pozos”, explicó Ann Maest en una declaración jurada relacionada con el caso RICO. El vicepresidente de Stratus, Douglas Beltman, agregó que “no está al tanto de ningún dato científico que muestre algún efecto adverso en la salud causado por la contaminación derivada de las operaciones petroleras en el Oriente” y "niego todos y cada uno de los hallazgos y conclusiones incluidos en todos mis informes y testimonio”. El Sr. Cabrera ha permanecido en silencio sobre este tema desde el juicio.
En su declaración jurada ante una corte federal, Burford Capital, un fondo de inversión que financió el litigio a los demandantes a través de la firma de abogados Patton Boggs, también expuso lo que conocía sobre lo que su CEO Christopher Bogart denominó como el "fraude y la conducta indebida" que "parece haber invadido" al litigio en Ecuador. A pesar de que los abogados aseguraron a Burford que bajo la ley ecuatoriana se aceptaba el tomar contacto con el Sr. Cabrera, el Sr. Bogart afirma que nunca dijeron nada a su firma sobre “la redacción clandestina general” del informe, ni mucho menos sobre la preocupación de los abogados demandantes de que podrían “ir a la cárcel” si sus actividades salían a la luz pública.
En una carta de 2011 dirigida a los demandantes y a los abogados en la que daba por finalizado su acuerdo de financiación, Burford denominó la operación de los demandantes como “un plan de muchos meses para engañar y estafar con el fin de obtener los fondos que desesperadamente necesitaban… todo esto mientras ocultaban información relevante y tergiversaban hechos importantes por el temor a que nos retirásemos al conocer la verdadera situación”.
Entonces ¿cómo consiguieron los demandantes ese veredicto gigante en 2011? Según la declaración jurada del ecuatoriano Alberto Guerra, cuando el informe Cabrera se desmoronó, los demandantes le ofrecieron al juez ecuatoriano que presidía el caso, Nicolás Zambrano, la suma de 500.000 dólares por cualquier sentencia contra Chevron, bajo la condición de que les permita ayudar a redactar la sentencia. Chevron sostiene que el proceso de descubrimiento de pruebas conducido por una corte federal de Estados Unidos como parte del litigio de Ecuador, ha mostrado que cerca un tercio de las páginas de la opinión del juez Zambrano contienen citas textuales de los documentos privados de los demandantes.
Chevron presentó el 10 de mayo una demanda contra Patton Boggs alegando fraude, conspiración civil y acusación maliciosa. Patton Boggs ha rechazado las acusaciones. Los demandantes han salido ahora a buscar el foro más conveniente alrededor del mundo para conseguir una corte que ejecute el injusto veredicto del tribunal ecuatoriano. En un nuevo revés, a mediados de este año, un juez canadiense se rehusó a escuchar una acción para ejecutar la sentencia, indicando que los demandantes debían buscar la ejecución en Estados Unidos.
De por sí esto es muy difícil puesto que ocho cortes federales en Estados Unidos han determinado que el juicio detrás de la sentencia ecuatoriana estuvo plagada de fraude. Una sentencia bajo la ley RICO en contra del Sr. Donziger en el juicio que inició esta semana, podría también hacer que la sentencia sea inejecutable en Estados Unidos. Felicitaciones a Chevron por no darse por vencida y exponer todos estos abusos legales que desafortunadamente son demasiado comunes.
Ésta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original puede ser visto aquí
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