El País 17/04/2019
Una mujer muestra una botella con petróleo, en una imagen de 2013 en Aguarico, en la región amazónica de Ecuador. Foto: El País
El Tribunal Supremo holandés ha rechazado una demanda interpuesta por Ecuador contra la petrolera estadounidense Chevron por contaminación medioambiental en la selva amazónica. El Gobierno ecuatoriano exigía a la empresa una indemnización de 9.500 millones de dólares (8.400 millones de euros) por el supuesto vertido de residuos tóxicos en el cantón de Lago Agrio. En 2011, la sanción fue impuesta por una sentencia del Supremo ecuatoriano. Chevron se negó a pagar, y en 2018, la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, dio la razón a la compañía. Ahora debe decidir el monto de la indemnización que le corresponde pagar al Gobierno de Ecuador. Quito intentó que el Supremo holandés anulara el fallo arbitral alegando que se trataba de un asunto de orden público. Los jueces holandeses no lo han visto así.
El caso Chevron lleva 25 años dando vueltas por diversas instancias judiciales internacionales, desde el rechazo de la petrolera a compensar a unos 30.000 demandantes, que acudieron por primera vez a los jueces en 1993. Eran pobladores de la provincia de Sucumbíos, en la región amazónica de Ecuador, y señalaron como causante de la contaminación a Texaco Petroleum. La compañía extrajo allí crudo entre 1964 y 1992, y dejó supuestamente 68.000 litros de basuras tóxicas en la selva. Los afectados se querellaron contra Chevron en un juzgado de Nueva York, y atribuyeron a sus prácticas los problemas de salud, cáncer y defectos de nacimiento que padecían. Chevron, que compró Texaco en 2001, asegura que para 1995 el área ya se había limpiado, y Texaco quedó exonerada de cualquier responsabilidad adicional. Perdido el caso en Estados Unidos, en 2003 se interpuso una nueva demanda, esta vez contra Chevron-Texaco y ante la Corte Superior ecuatoriana de Nueva Loja. Allí les dieron la razón en 2011: la petrolera debía pagar 9.500 millones de dólares.
No acabó ahí el peregrinaje judicial, porque la controversia llegó a la Corte Permanente de Arbitraje, que resuelve los casos fuera de la jurisdicción ordinaria, pero de acuerdo con el derecho internacional. Los árbitros anularon la condena del Supremo ecuatoriano porque, dijeron, había sido obtenida "mediante fraude, soborno y corrupción". Hubo además "denegación de justicia a la petrolera y violación del principio de trato justo y equitativo”. Este último supuesto figura en el Tratado Bilateral de inversiones firmado con Estados Unidos, destinado a promover la cooperación económica y el respeto a las inversiones hechas por ambas partes en el territorio del otro. La Corte de Arbitraje ordenó a su vez a Ecuador “que se abstuviera de intentar ejecutar dicha sentencia [local] en cualquier lugar del mundo [donde opere Chrevron] en virtud del Derecho Internacional.” Los jueces del Tribunal Supremo holandés han confirmado ahora dicha decisión.
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