Law 16/08/2016
Hasta hoy, la mitad de los usuarios de Internet retrata a Steven Donziger como un héroe por haber demandado a Chevron Corporation en Ecuador. Tal como el exitoso cineasta Joe Berlinger lo planteara en una entrevista en una radio pública hace tan sólo dos semanas, "Efectivamente es una historia muy complicada". De hecho la historia es un verdadero caos. Pero como una cuestión de epistemología, el derecho y la moralidad siempre han sido sencillos. El lunes la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito lo presentó con admirable claridad. Donziger mintió y engañó para abrirse camino hacia una multimillonaria sentencia dictada por una corte ecuatoriana en contra de Chevron.
Un fallo judicial de 500 páginas emitido en 2014, dictaminó que Steven Donziger y su equipo en Ecuador fueron responsables de innumerables actos de fraude procesal. Los dos libros que se han escrito sobre el caso (el mío y el del estimado Paul Barrett), concuerdan en que los hechos del fraude procesal son en su mayoría indiscutibles y en la corte, no estuvieron en disputa. Mientras Donziger y sus aliados continúan desacreditando al juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan a través de podcasts, nunca revalidaron sus acusaciones de parcialidad en la apelación (pese a que el Segundo Circuito los instó a hacerlo). Lo más devastador es que en sus 325 páginas de escritos de apelación, nunca impugnaron la prueba fáctica del tribunal."Usted decide no enfrentarlo", señaló el Juez Barrington Parker Jr. en el argumento. "Usted definitivamente no decide enfrentarlo". La sentencia de apelación toca ese punto tanto en el párrafo de apertura como en el de cierre.
El Segundo Circuito lo plantea en sus propias palabras y en un tono de certeza legal desapasionada. No obstante, una sentencia que reafirma a Kaplan en cada punto, transmite la pasión del juez citándolo constantemente con énfasis añadido; simplemente al leer el pasaje del Segundo Circuito "nuestro énfasis", produce un texto notable y devastador.
Los jueces de apelación comienzan resaltando ampliamente el sabio prefacio de Kaplan (presentamos un extracto):
El tribunal da por hecho que existe contaminación en el Oriente…[Pero] la inocencia de un acusado no le otorga más derecho que alguien que sea culpable a presentar pruebas falsas, cooptar y sobornar a un perito designado por la corte, ni a coaccionar o sobornar a un juez o a un jurado. Por lo tanto, aunque Donziger y sus clientes tuviesen una causa justa, y la Corte no expresa ninguna opinión en ese sentido, no tendrían derecho a corromper el proceso para lograr su meta.... "Los actos ilícitos de Donziger y su equipo jurídico ecuatoriano serían ofensivos para las leyes de cualquier nación que aspire a regirse por el estado de derecho, incluyendo a Ecuador y ellos lo sabían.
Página tras página subraya la irrecusable prosa de Kaplan, los jueces de apelación emplean un razonamiento propio que resulta adecuado citar: "Los antecedentes del presente caso revelan un desfile de acciones corruptas del equipo legal de los demandantes, que incluyen coerción, fraude y soborno". Si sólo desea ver lo más destacado, consulte las páginas 13-14, 70 y 96-97 sobre este veredicto de apelación.
El abogado de Donziger sostiene que está estudiando todas las opciones para su revisión. Para estar seguro, cuenta con un prefabricado circuito dividido sobre compensación equitativa bajo la Ley RICO. Pero Chevron puede alegar que dicha petición es irrelevante puesto que bajo la opinión del Segundo Circuito la compensación equitativa también está bien fundamentada en el derecho común. Según el recuento del tribunal, esta es la 57ma evaluación del poder judicial de los EE. UU. sobre el caso Chevron vs. Ecuador y es probable que sea la última.
¿Cuál será el resultado legal? Dado que el Segundo Circuito anteriormente rechazó un recurso global sobre la ejecución en virtud de la Ley de Reconocimiento de Nueva York, Gibson, Dunn & Crutcher inteligentemente solicitó a Kaplan imponer un fideicomiso ficticio en beneficio de Chevron respecto de cualquier fondo proveniente de la sentencia que los demandantes pudiesen recaudar fuera de los EE. UU. Me gusta referirme a este recurso como " mandato anti-recaudación". El Segundo Circuito lo aceptó como una forma de "compensación equitativa limitada no global". Oficialmente sólo se aplica a Donziger y a sus dos clientes ecuatorianos que comparecieron ante el tribunal de Kaplan, pero en la práctica, es equivalente a un mandato de ejecución mundial. Si los otros 46 demandantes ecuatorianos intentan cobrar su sentencia, Chevron seguramente argumentará que están actuando de manera concertada y pedirá al tribunal de ejecución que imponga un fideicomiso ficticio.
De hecho, ahora que el Segundo Circuito ha ratificado de manera tan rotunda las determinaciones de Kaplan, las partes ecuatorianas tienen pocas probabilidades de llegar hasta ese punto. Y si Chevron gana su arbitraje pendiente sobre el tratado de inversión, puede exigir que Ecuador lo indemnice por cualquier suma que los demandantes logren recaudar de manera alguna.
Como he argumentado extensamente, otra consecuencia debería ser la imposición de una acción disciplinaria ética a Steven Donziger. La complejidad superficial de la narrativa no puede ser más una excusa para la inacción ética, que una excusa para la ceguera ideológica. El Segundo Circuito cita a Kaplan en un punto: "La conducta de Donziger con respecto a la Declaración de Fajardo equivale a obstrucción de la justicia, así de sencillo". No hace falta profundizar mucho, tan sólo lea las 127 páginas del Segundo Circuito y no será difícil entenderlo.
Cada vez que Donziger ha perdido a lo largo de los últimos cinco años, sus bien intencionados simpatizantes han menospreciado a quienes han tomado las decisiones aduciendo que están “parcializados y a favor de las corporaciones”. Esta es una afrenta a la razón que se debe analizar. Tal como el Segundo Circuito elocuentemente afirma, Kaplan simplemente se basó en los hechos. Aunque un fraude procesal no tenga implicaciones políticas, algunos pueden pensar que sea digno considerar que los dos jueces de apelaciones (Barrington Parker y Amalya Kearse) son jueces afroamericanos originalmente nombrados por demócratas, y el tercero (Richard Wesley) ya sentenció anteriormente en contra de Kaplan en el caso. La jueza Kearse también sentó las bases de jurisprudencia respecto adelitos cometidos por extranjeros, lo que es perfectamente apropiado. Como los abogados de derechos humanos que entablaron un expediente amicus contra Donziger, ella sabe que no hay conflicto entre promover los derechos humanos y vigilar la integridad de sus defensores”.
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Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí
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