La Hora 15/03/2021
SITUACIÓN. El exjuez Nicolás Zambrano fue destituido de su cargo en 2012. (Foto: juiciocrudo.com)
El encargado de dar el veredicto fraudulento contra Chevron, quedó en el olvido. El proceso fue frenado por el exfiscal Galo Chiriboga. A inicios de 2021 se reactivó la fase previa.
El 14 de febrero del 2011, el exjuez Nicolás Zambrano, expresidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, emitió una sentencia en contra de Chevron. El veredicto exigía que la petrolera estadounidense pague $19.000 millones a un grupo de pobladores de la Amazonía ecuatoriana, como reparación por daños ambientales no remediados durante su operación en el país entre 1964 y 1990.
Tres años después (2014), una corte de Estados Unidos determinó que ese fallo fue el resultado de un proceso de fraude y extorsión, que incluyó la promesa de un soborno de $500.000 para Zambrano.
Ante esa corte, Zambrano no respondió preguntas básicas de la sentencia que llevaba su firma, debido a que fue redactada por los abogados de los demandantes.
Sin resultados
La Fiscalía General del Ecuador, dirigida en ese entonces por Galo Chiriboga, abrió una investigación sobre esos hechos, pero la cerró poco tiempo después. Recién en agosto de 2020, luego de gestiones del procurador Iñigo Salvador y la actual fiscal, Diana Salazar, se reactivó el proceso contra Zambrano.
Según el sistema de consultas de la Función Judicial, con fecha 11 de marzo de 2021, Alberto Leonel Santillan Molina, Fiscal Provincial de Pichincha, apenas se está recabando la documentación e información correspondiente para avanzar en una investigación previa.
En otras palabras, luego de casi 7 años de que se develara la trama de corrupción en el fallo en contra de Chevron, el exjuez involucrado no ha tenido sanción ni ha funcionado la justicia dentro del país.
Sin pistas del implicado
James Craig, asesor de comunicaciones de la petrolera estadounidense, explicó a LA HORA que no tiene información sobre el paradero y actividades actuales de Zambrano. Asimismo, desconoce cómo avanza la investigación de Fiscalía, sobre la cual se han enterado a través de notas de prensa.
De acuerdo con la información del Servicio de Rentas Internas, el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del exjuez está suspendido desde el 31 de enero de 2019, es decir, ya no está habilitado para prestar servicios de “asesoramiento y representación en procedimientos jurídicos (derecho constitucional, administrativo, militar, etc)”.
En el 2012, un año después de haber emitido el fallo contra Chevron, Zambrano fue destituido de su puesto en la Corte Provincial de Sucumbíos por el Consejo de la Judicatura. El motivo fue su actuación irregular dentro del caso de narcotráfico ‘Aniversario’, donde redujo la pena del excapitán del Ejército Telmo Castro.
A pesar de eso, no salió de la función pública, porque recibió inmediatamente un nombramiento de analista legal en la fracasada empresa mixta Refinería del Pacífico. Ese nombramiento estuvo vigente hasta el final del Gobierno de Rafael Correa.
Justicia
Consultados por Diario La Hora, varios abogados declinaron expresar comentarios sobre las razones de que no haya habido, hasta la fecha, acciones efectivas contra los responsables del fraude, debido a que desconocen bajo que figura penal se desarrolla la investigación de Fiscalía, ni mayores detalles sobre todos los procesos que se han desarrollado fuera del país.
Por su parte, Roberto Calixto, experto penalista, puntualizó que la justicia norteamericana no ha actuado contra Zambrano porque no tiene jurisdicción sobre sus actuaciones como juez dentro del sistema ecuatoriano. (JS)
Texaco, ahora Chevron, paró sus operaciones directas en el país en junio de 1990 y su asociación con el Estado ecuatoriano llegó hasta 1992.
CASO. El expresidente Rafael Correa derrochó millones de dólares en el caso contra Chevron.
Ecuador aceptó formalmente el fraude en 2020
En un documento presentado en julio del año pasado, ante el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), dentro del proceso hacia un Tratado comercial, Ecuador admitió el fraude perpetrado contra Chevron en las cortes nacionales.
En concreto, se señaló explícitamente que los demandantes habían intentado ejecutar la “fraudulenta sentencia de Lago Agrio” en numerosos países sin éxito. Además, se hace referencia al caso llamado RICO, desarrollado en cortes norteamericanas en 2014, donde se documentó por primera vez la trama de soborno y chantaje.
En 1998, se firmó un acta de finiquito o liberación en la que el Estado ecuatoriano reconoció que la petrolera norteamericana no tenía ningún pasivo ambiental pendiente.
Luego de ese precedente, la sentencia contra Chevron fue rechazada en los sistemas judiciales de Canadá, Brasil y Argentina, donde los abogados demandantes trataron de ejecutarla sin éxito alguno.
En 2018, la Corte Suprema de Gibraltar dictó un fallo contra Pablo Fajardo, Luis Yanza, Érmel Chávez y el Frente de Defensa de la Amazonía, por su participación en una conspiración para obtener y tratar de ejecutar un fallo sin sustento.
Ese mismo año, el tribunal arbitral en La Haya concluyó también que la sentencia de Lago Agrio fue producto de fraude y corrupción, que “viola el orden público internacional” y que “no debe ser reconocida o ejecutada por los tribunales de otros Estados”.
Millones en campaña publicitaria sin resultados
El 17 de septiembre de 2013, el expresidente Rafael Correa lanzó la campaña “La mano sucia de Chevron”. El objetivo era “informar a la opinión pública internacional sobre los daños ambientales dejados por Texaco, ahora Chevron, luego de operar en Ecuador desde 1964 hasta 1990”.
Para eso, se invirtió alrededor de $10 millones en conferencias en varios países, publicidad y hasta la participación de personalidades de la farándula hollywoodense. Uno de los principales contratos se firmó con la empresa norteamericana MCSquared, a la que se pagó más de $6,4 millones para que, entre otras cosas, contratara a los actores Mia Farrow y Danny Glover, con el fin de que vinieran al país a hundir las manos en piscinas de desechos petroleros provocados supuestamente por Chevron.
A través de la llamada Operación Goliat, se desviaron más de $5,8 millones de la Secretaría de Inteligencia (Senaim) para financiar la campaña que, en última instancia, pretendía reforzar el fraudulento fallo contra la petrolera, pero solo representó un despilfarro más sin resultados.
Se confirma fallo contra abogado norteamericano
El 5 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos confirmó múltiples fallos por desacato civil contra el exabogado Steven Donziger (ahora inhabilitado del ejercicio profesional), quien se desempeñó como uno de los principales defensores de las comunidades indígenas que demandaron a Chevron.
Según la corte norteamericana, Donziger “sobornó al juez que presidía el tribunal ecuatoriano para que diera un dictamen favorable a sus clientes; extorsionó para que se nombrara a un perito elegido a dedo, a quien pagó por su testimonio; y redactó clandestinamente la sentencia contra Chevron”.
En 2020, el Primer Departamento de la División de Apelaciones de Nueva York prohibió a Donziger ejercer la profesión de abogado por “una escandalosa mala conducta profesional”.
Más de $150 millones en juicios perdidos
Desde 2009, dos años antes del fallo del tribunal de Lago Agrio, el Estado ecuatoriano había destinado más de $150 millones para su defensa en todos los procesos judiciales contra Chevron.
Sin embargo, en septiembre 2020, la Corte de Distrito de La Haya?rechazó la última apelación presentada por Ecuador, confirmando el?Laudo Arbitral?dictado en 2018 por el Tribunal de Arbitraje a favor de Chevron.
La Corte de Distrito expresó que su objetivo era “eliminar las consecuencias de una?Sentencia?fraudulenta dictada por un juez corrupto”. A partir de eso, se inició la determinación de la indemnización que deberá pagar Ecuador a la petrolera norteamericana. Esa indemnización puede ser cuantiosa, pero como siempre saldrá de los bolsillos de los ecuatorianos.
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