Forbes 19/03/2018
En columnas anteriores, detallé el vergonzoso comportamiento que ha caracterizado la búsqueda de las causas de la contaminación petrolera en Ecuador, a raíz de una joint venture entre Texaco y una compañía estatal ecuatoriana. Chevron, la empresa sucesora de Texaco fue declarada responsable por miles de millones de dólares en daños por una sentencia judicial de una corte ecuatoriana corrupta. Esa decisión ha demostrado ser inejecutable y se ha rechazado en Estados Unidos, Argentina y Brasil. Los esfuerzos por ejecutarla en Canadá también han fracasado. Existen acciones disciplinarias pendientes ante el Colegio de Abogados de Nueva York contra Steven Donziger, abogado de los demandantes ecuatorianos. En los enlaces arriba, puede leer mis columnas previas para recordar lo que podría denominarse l'affaire Donziger. En mi opinión, la saga bien puede constituir un manual sobre la manera en la que no debería ejercerse el derecho.
La batalla legal en gran parte ha terminado. Chevron ha triunfado, y lo que resta es una especie de limpieza. Una gran parte de la limpieza sucedió el 28 de febrero de 2018, cuando Kaplan, juez de una corte de distrito de los Estados Unidos, aceptó la petición presentada por Chevron de adjudicación de costas judiciales. El fallo del Juez Kaplan acerca del caso incluyó la resolución de que “Chevron deberá recuperar de Donziger y de los representantes de DLA [los demandantes ecuatorianos], de cada uno de ellos, de manera conjunta y solidaria, las costas derivadas de esta demanda, conforme a las Normas Federales del Procedimiento Civil 54 (d)(1) y el art. 1920, tít. 28 del Código de los Estados Unidos”.
En su sentencia del 28 de febrero, el Juez Kaplan comienza con un resumen de hallazgos, que hemos detallado en las columnas anteriores:
“Después de un largo proceso, esta Corte determinó que Steven Donziger y sus coconspiradores intentaron extorsionar miles de millones de dólares de Chevron Corporation. Lo hicieron, entre otras cosas, violando la Ley Contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (“RICO”, por sus siglas en inglés); presentando evidencia fraudulenta ante una corte ecuatoriana; coaccionando a jueces ecuatorianos; escribiendo ilegalmente la totalidad o la mayor parte de la supuesta decisión de la corte ecuatoriana; y luego obteniendo la firma de un juez ecuatoriano en la sentencia por $19,000 millones en contra de Chevron redactada por los coconspiradores, en parte mediante la promesa de un soborno de $500,000. Esta corte también determinó que las acciones de Donziger fueron ilícitas en virtud del derecho común, independientemente de RICO.
El secretario de la corte estimó las costas en un monto total de $944,463.85, y el juez Kaplan adjudicó el 85% de esas costas a Chevron en contra de Donziger personalmente (y en contra de los demandantes ecuatorianos, quienes por supuesto no pagarán). Como ha sido el caso de todas las sentencias del juez Kaplan, la decisión de febrero es minuciosa. Enumera y desestima casi todas las objeciones de Donziger contra la adjudicación de costas. Son fundamentalmente cuatro:
1) Donziger solicitó que el pago de las costas debería “quedar en suspenso” porque “una gran variedad de órganos judiciales adecuados, tanto en esta jurisdicción como en otras”, podría considerar si “Chevron y su abogado, a sabiendas, incurrieron en sobornos para cometer perjurio, obstruyeron la justicia, violaron numerosas leyes federales, y cometieron fraude ante esta corte con respecto al testimonio de Alberto Guerra [testigo de la defensa]”.
2) Donziger afirmó que el intento de Chevron por recuperar los honorarios y costas de los abogados “para atacar e intentar inhabilitar al abogado adversario violaría la primera enmienda”.
3) Donziger sostuvo que todos los procedimientos en su contra posteriores a la sentencia deberían ser trasladados a otra corte, porque el entonces presidente del Comité de Quejas de la Corte de Distrito de los Estados Unidos presuntamente refirió la conducta de Donziger al Comité de Disciplina del Primer Departamento de la Corte Suprema de Nueva York.
4) Donziger afirmó que era demasiado pobre para que le cobrasen las costas judiciales.
La desestimación del juez Kaplan de estos argumentos es exhaustiva y, en mi opinión, muy convincente. Con gusto puedo enviar la totalidad del fallo judicial a los interesados (envíenme un mensaje de correo electrónico). Este es un breve resumen de las afirmaciones del juez:
1) La reclamación de Donziger sobre la supuesta corrupción en el proceso judicial por parte de Chevron es poco seria por tres motivos. Primero, “¿cuáles son los órganos judiciales? ¿En qué procedimientos? ¿En suspenso hasta cuándo? ¿Y qué posible relevancia podrían tener estas posibilidades especulativas, si las hubiera, en la imposición de costas en este caso?”. Segundo, “el testimonio [impugnado] de Guerra estaba lejos de ser indispensable para la sentencia dictada en este caso. Conforme deja claro la Corte, habría llegado precisamente al mismo resultado en este caso incluso sin el testimonio de Alberto Guerra”. Entre otras fechorías, ese resultado de Donziger y sus coconspiradores se suma “(1) al chantaje del juez [ecuatoriano] Yánez para que abandonara las inspecciones judiciales y para designar a Cabrera como experto global, (2) la corrupción de Cabrera (3), para que ellos escribieran su informe, (4) hacer pasar el informe de Cabrera como el de un experto independiente e imparcial, y (5) escribir la presunta sentencia del exjuez [ecuatoriano] Zambrano, que se basó indudablemente en el informe fraudulento de Cabrera a pesar de su descargo de responsabilidad”. El testimonio de Alberto Guerra fue irrelevante para los cuatro primeros delitos y superfluo para la evidencia del quinto. Guerra testificó que Zambrano había sido sobornado, lo que no fue uno de los cinco motivos de denegación de la ejecución de la sentencia ecuatoriana. En cualquier caso, el juez determinó que en gran medida Guerra era creíble, a pesar del hecho de que Chevron le había pagado los gastos de manutención.
2) La alegación de la primera enmienda de Donziger ha sido rechazada por todos las cortes que lo han escuchado.
3) La presunta remisión ética a las autoridades del Estado de Nueva York no es motivo para la recusación de un juez en materia de imposición de costas. La afirmación contraria es absolutamente poco seria.
4) “En el juicio, se determinó que Donziger recibió dinero y bienes raíces por $1.8 a $1.9 millones de asuntos relacionados con el patrimonio familiar durante los dos años previos al juicio, es decir, en el período comprendido entre octubre de 2011 y octubre de 2013, durante el cual los pagos a la firma Keker parecen haber cesado o disminuido bastante. Otra evidencia demostró que Donziger recibió personalmente antes del juicio entre $958,000 y $1.3 millones de financiadores del litigio, y la cifra podría haber sido mayor debido a que los registros de donde esa información fue obtenida estaban incompletos. Sencillamente, no hay una base fáctica para que la Corte concluyera responsablemente que Donziger era incapaz de pagar el monto total de costas calculadas por el secretario de la Corte, o que el monto de esa sentencia debería reducirse para evitarle dificultades económicas”. En cualquier caso, el litigio ecuatoriano fue financiado por terceros, probablemente con un monto de alrededor de $32 millones, y Donziger controló ese financiamiento y admitió haber gastado más de $21 millones en el caso.
Le pedí a Steven Donziger sus comentarios sobre esta última derrota aplastante. Me escribió lo siguiente:
El último fallo del juez Kaplan es defensivo en tono y confirma su errónea decisión original de RICO, que ha sido contradicha total o parcialmente por las decisiones de 21 jueces de apelación independientes en Canadá y Ecuador. El juez Kaplan nuevamente ignora el hecho de que la Corte Suprema de Ecuador dictaminó unánimemente que Chevron vertió deliberadamente miles de millones de galones de desechos tóxicos en la selva amazónica de Ecuador, diezmando a grupos indígenas y provocando un brote de cáncer que se ha cobrado miles de víctimas. La decisión también ignora nueva evidencia fundamental que surgió después de la cuestión RICO, y que no ha sido considerada por ninguna corte de los Estados Unidos. Esta evidencia, escuchada en otros procedimientos judiciales y detallada en nuestro reporte del Fraude RICO de Chevron, prueba de manera definitiva y forense que no hubo “sobornos” ni “redacción de escritos judiciales de terceros” en Ecuador, y que esos hallazgos particulares de Kaplan se basaron en testimonio pagado y falso, orquestado por Chevron para eludir su responsabilidad frente a las comunidades indígenas a las que perjudicó.
Afortunadamente, para los ecuatorianos que ganaron el juicio en contra de Chevron, los hechos de este caso se han resuelto a su favor por los tres niveles de cortes en la jurisdicción en la que Chevron insistió que se desarrollara el juicio. Nada de lo que el juez Kaplan decida en este momento puede cambiar el hecho de que Chevron perdió el caso subyacente en el foro de su elección, y que posteriormente perdió tres apelaciones consecutivas y unánimes en Canadá, donde las comunidades afectadas están encaminadas en el embargo de los activos de la empresa. La continua e inquietante aceptación del juez Kaplan de la evidencia inventada de Chevron sin corregir su error inicial no solo es un mal reflejo de su integridad personal, sino que continúa ilustrando a las comunidades afectadas en Ecuador hasta dónde llega Chevron para cometer actos corruptos a fin de eludir su responsabilidad.
Sobre la cuestión de los honorarios, la decisión del juez Kaplan para intentar forzar a un abogado de derechos humanos que representa a grupos indígenas a pagar sumas exorbitantes a fin de cubrir los gastos de Chevron relacionados con la fabricación de declaraciones de testigos es un acto de desesperación por parte de un juez, cuya credibilidad ha sido gravemente dañada después de que todos los fallos RICO se derrumbaron como un castillo de naipes. El mandato de pago de honorarios de Kaplan también demuestra hasta dónde Chevron intentará demonizar al abogado del adversario, en lugar de cumplir sus obligaciones jurídicas y éticas con el pueblo ecuatoriano. En este sentido, el fallo del juez Kaplan será como un tiro por la culata en contra de Chevron en las cortes de ejecución en Canadá y otros lugares.
Es difícil abordar esta persistente reiteración de reclamaciones negadas sistemáticamente en numerosas decisiones descritas en mis columnas anteriores. Las cortes de Argentina, Brasil y Estados Unidos han rechazado los intentos de Donziger de ejecutar su sentencia fraudulenta. La sentencia es inejecutable en los Estados Unidos conforme a una sentencia de 2014 de la corte federal de Nueva York (ahora definitiva desde que la corte de apelaciones del segundo circuito la ratificó en su totalidad y la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a examinarla). En declaraciones juradas presentadas ante la corte federal, los propios científicos de los demandantes reconocieron la falta de evidencia para sustentar las reclamaciones de los demandantes respecto de los riesgos para la salud humana o el medio ambiente. Uno de los principales expertos de los demandantes, David Russell, declaró: “No he visto ningún indicio de contaminación generalizada y no hay evidencia que vincule los problemas de salud de los residentes con las operaciones de Texaco. Estoy seguro de que el número de daños alegados en el juicio carece de fundamento”. Los consultores ambientales de los demandantes, Ann Maest y Douglas Beltman, de Stratus Consulting, proporcionaron declaraciones juradas en las que relatan que participaron en la redacción del informe del experto supuestamente independiente, sobre el que se basó la sentencia judicial ecuatoriana y que renunciaban a todas sus constataciones y conclusiones científicas. Beltman declaró que la “evaluación de daños de los demandantes está adulterada y no está respaldada por evidencia confiable” y que “no tiene conocimiento de ninguna evidencia científica que constate que los residentes del área de concesión están bebiendo agua contaminada con petróleo”.
Como siempre, los mantendremos informados sobre los próximos acontecimientos, incluidos los resultados de la investigación por violación de ética en Nueva York.
Michael Krauss es Profesor de Derecho en la Escuela de Derecho Antonin Scalia, de la Universidad George Mason, y es un reconocido estudioso del derecho de responsabilidad civil y ética jurídica. Su página de inicio está aquí.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí
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