Juicio Crudo 29/09/2021
Hace 23 años, Texaco fue liberada tras cumplir una remediación ambiental efectiva en Ecuador
Un tribunal de La Haya, tras un largo proceso arbitral que incluyó una inspección a los campos petroleros de la Amazonía ecuatoriana, confirmó que Texaco Petroleum Company (TexPet) cumplió fidedignamente con sus obligaciones ambientales en Ecuador al concluir una remediación efectiva en la región. Ratificó así la validez del Acta Final, firmada el 30 de septiembre de 1998 entre el Ministerio de Energía, Petroecuador, Petroproducción y TexPet.
TexPet fue eximida de cualquier responsabilidad a futuro por el gobierno ecuatoriano y Petroecuador.
¿Pero cómo se realizó la remediación ambiental?
La remediación de Texaco
TexPet destinó $ 40 millones para remediación ambiental y programas sociales. Remedió 162 de las 430 piscinas petroleras identificadas (además de 67 áreas de derrame) en dos auditorías, una proporción de los pasivos ambientales igual a su participación en el Consorcio con Petroecuador (37.5 %).
Los métodos y los estándares de la remediación fueron acordados en un Memorando de Entendimiento firmado en 1994 y el Contrato de Ejecución de Trabajos acordado en 1995.
Para constatar que el trabajo se hizo conforme a lo acordado, la remediación fue supervisada y verificada por inspectores de varias agencias del gobierno ecuatoriano, firmándose múltiples actas interinas. Este folleto y este video explican en detalle la remediación y repoblación vegetal a cargo de TexPet.
La responsabilidad de Petroecuador
En su laudo del 30 de agosto de 2018, el tribunal señaló además que Petroecuador “durante más de tres décadas, no hizo absolutamente nada” para abordar sus propias obligaciones de remediación ambiental en la misma área de operaciones, a pesar de que Ecuador y su compañía estatal recibieron el 97.3 % de los ingresos generados por la producción de petróleo del proyecto.
Petroecuador ha reconocido públicamente su responsabilidad de remediar las piscinas y otros pasivos ambientales restantes.
“Durante más de 30 años Petroecuador no ha hecho absolutamente nada para remediar las piscinas a su cargo,” señaló Manuel Muñoz, Director de la Dirección Nacional de Protección Ambiental (Dinapa) del Ministerio de Energía, en una presentación ante el Congreso el 10 de mayo de 2006.
Expertos de los demandantes contradicen a abogados detrás del fraude
El laudo de La Haya también describe en detalle el testimonio de varios exmiembros de los expertos ambientales y científicos de los demandantes ecuatorianos, que admitieron bajo juramento que no encontraron pruebas que respaldaran las alegaciones ambientales de los demandantes en contra de Chevron y TexPet.
David L. Russell, consultor ambiental que trabajó para los demandantes al inicio del juicio contra Chevron en Ecuador, le manifestó a Steven Donziger (principal abogado demandante) en un correo electrónico de 2014: “Texaco puede estar en lo cierto cuando indica que la remediación se está llevando a cabo tal como fue diseñada,
Además, realizó el 8 de mayo de 2013 una declaración jurada ante la justicia de EE.UU. “Se indicó que la contaminación petrolífera que se encontró era de Petroecuador y no de Texaco. Una vez que las muestras comenzaron a indicar que gran parte del petróleo encontrado en los sitios sería probablemente de Petroecuador, Donziger y los otros abogados decidieron que ya no querían hacer pruebas …”
Por su parte, Charles Calmbacher, experto que también trabajó en el juicio para los demandantes durante las primeras inspecciones judiciales en Ecuador, brindó una declaración jurada el 29 de marzo de 2010. Señaló que no vio contaminación sustancial que representara una amenaza inmediata al medioambiente o a los seres humanos o la vida de las plantas y de los animales en su entorno, y que él nunca afirmó “que ningún de los sitios que inspeccionó necesitara cualquier remediación adicional”.
Douglas Beltman y Ann Maest, de la empresa Stratus que fue contratada por los demandantes para elaborar el informe que firmó el perito de la Corte de Sucumbíos, Richard Cabrera, contra Chevron, reconocieron que los impactos en el área son exclusivos de Petroecuador.
Beltman manifestó en una declaración jurada el 22 de marzo, 2013: “Donziger y los representantes de los demandantes de Lago Agrio (DLA) no estaban preocupados por asignar la contaminación causada por Petroecuador a nadie que no fuera TexPet, y que de hecho los datos de ellos no permitían dicha asignación”.
Por su parte, Maest declaró el 22 de marzo, 2013, ante las cortes estadounidenses: “Determiné que no había ninguna prueba de que la contaminación hubiera migrado alejándose de las piscinas”.
Los abogados demandantes ocultan lo que sus propios técnicos admitieron: TexPet concluyó exitosamente la remediación ambiental en la antigua área de concesión hace 23 años.
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