Juicio Crudo 13/02/2024
Los autores del fraude fueron destituidos por las comunidades amazónicas, sin embargo, siguen en la impunidad.
El 14 de febrero de 2011 fue un día oscuro para la justicia ecuatoriana. El juez Nicolás Zambrano, de la Corte Provincial de Sucumbíos, emitió una sentencia de $ 9,5 mil millones contra Chevron, la cual fue clandestinamente redactada por los propios abogados demandantes.
Tres años después, una corte federal de Estados Unidos, en un fallo de casi 500 páginas, detalló el masivo fraude y la conspiración en las cortes de Ecuador para extorsionar a la empresa. El abogado estadounidense que lideró el fraude, Steven Donziger, fue destituido en 2016 por la mayoría de sus “clientes” ecuatorianos y perdió su licencia para ejercer su profesión por sus ilegalidades en el caso. Y, posteriormente, fue condenado por la corte federal por desacato penal y pasó 45 días en la cárcel.
En 2018, un tribunal arbitral de La Haya confirmó el fraude y la denegación de justicia cometida contra la empresa. Encontró que la Republica de Ecuador violó el derecho internacional y tratados al emitir la corrupta sentencia multimillonaria y determinó que el Estado ecuatoriano debe compensar a Chevron.
Pero en Ecuador, donde se perpetró el fraude con el apoyo del gobierno de Rafael Correa, aún no hay sancionados.
El 6 de agosto, 2020, en una entrevista en Radio Quito, el procurador general de ese entonces, Íñigo Salvador, anunció que el exjuez Zambrano estaba siendo investigado por la Fiscalía. Un año más tarde, en septiembre 2021, agentes de la Fiscalía se trasladaron a las provincias de Sucumbíos y Orellana para indagar el soborno de $ 500.000 a Zambrano ofrecido por los abogados demandantes.
Se desconoce el resultado de esas investigaciones.
Donziger tuvo varios coconspiradores en Ecuador. Entre ellos está el abogado Pablo Fajardo, quien también fue destituidos por algunos de sus clientes amazónicos y quien está ligado a casos de corrupción durante el gobierno correísta.
Al final, Donziger y Fajardo fracasaron en su intento de ejecutar la fraudulenta sentencia ecuatoriana en Argentina, Brasil y Canadá. Por otro lado, tribunales de Estados Unidos, Gibraltar y Holanda confirmaron que la sentencia ecuatoriana es inejecutable en todo país que respete el Estado de Derecho.
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