Fortune 10/01/2013
Foto: JuicioCrudo
Un fondo que financia litigios afirma haber sido engañado por los demandantes de Chevron en Lago Agrio, Ecuador.
Burford Capital, un fondo de inversión de 300 millones de dólares que cotiza en bolsa e invierte en demandas judiciales, ha acusado a los abogados de los ecuatorianos que están demandando a Chevron en Lago Agrio, Ecuador, de haber engañado a la empresa para que invirtiera en su caso hace dos años.
Esta acusación, que no había sido hecha pública anteriormente, fue realizada a través de una carta en septiembre de 2011, que Burford envió a los encargados de la demanda ambiental, incluyendo al abogado estadounidense Steven Donziger. En diciembre Burford entregó la carta a Chevron y la petrolera la presentó el lunes ante una corte federal en Manhattan, en donde se está llevando a cabo un juicio civil por extorsión en contra de Donziger y otros miembros del equipo.
"Creemos que ustedes, y en especial sus representantes estadounidenses, durante varios meses urdieron un plan para engañar nos y estafar a nuestra empresa, a fin de obtener los fondos para financiar su caso, que tan desesperadamente necesitaban ", afirma la carta, "todo esto mientras ocultaban información relevante y tergiversaban hechos críticos, por miedo a que nos alejaramos al conocer la verdadera situación". (Lea la carta completa original aquí)
(A finales de mayo de 2011, unos cuatro meses antes de que Burford redactara la carta que ha sido recientemente revelada, Fortune publicó un artículo de interés intitulado ¿Tiene usted un trozo de esta demanda? que hablaba de la inversión de Burford en el polémico caso).
El 31 de octubre de 2010, Burford entregó a los demandantes 4 millones de dólares, como primer aporte de financiamiento, de lo que se proyectaba terminaría siendo una inversión de 15 millones de dólares. A cambio recibió una participación del 1,5% del monto que se fuera a cobrar, porcentaje que ascendería a 5,5% cuando se completara la financiación.
Inicialmente la inversión de Burford fue secreta, como lo son la mayoría de los financiamientos de litigios. Sin embargo, su participación se descubrió en diciembre de 2010, cuando Chevron solicitó a Donziger presentar su testimonio en Nueva York. Ese mismo mes, Burford recuperó su inversión total mediante la venta de una "participación" de 4 millones de dólares a otro inversor, manteniendo al mismo tiempo, un alto interés en el caso que más adelante se reveló en documentos presentados a los accionistas.
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En febrero de 2011, Chevron demandó a Donziger y a otros miembros del equipo de los demandantes bajo la ley RICO contra el crimen organizado. La compañía alegó que los acusados habían participado en actos que constituyen extorsión criminal, violación de correspondencia y fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. Burford no fue nombrado como acusado en el caso RICO, pero se lo identificó como un "co-conspirador". (Donziger y los acusados que han respondido a las acusaciones (algunos de los acusados ecuatorianos no se presentaron o no pudieron ser ubicados-) han negado haber actuado incorrectamente)
Dos semanas más tarde, el corte provincial de Lago Agrio dictó un fallo por 18.200 millones de dólares a favor de los demandantes, el que desde entonces ha sido incrementado a más de 19 mil millones de dólares.
En algún momento a principios de 2011, Burford decidió que no suministraría más fondos. En la carta de septiembre 2011,de reciente divulgación, Burford expresa que la evidencia que surgió después de su inversión reveló que Donziger y otros mintieron a Burford sobre los alcances de su colaboración secreta con el perito especial designado por la corte, Richard Cabrera, y hasta qué punto temían que su conducta fuera ilegal, ncluso bajo la ley ecuatoriana. La carta de tres páginas, a espacio simple, cita, entre otras cosas, pasajes de las declaraciones de Donziger de diciembre de 2010 y enero de 2011, en las que, a su juicio, efectivamente "admitió que los demandantes habían redactado el informe completo de manera clandestina y que habían trabajado muy duro para ocultarlo”. También hicieron hincapié en la primera aparición, en febrero de 2011, de un correo electrónico que uno de los abogados ecuatorianos que trabajaba para Donziger le había escrito nueve meses atrás, en el que le advertía que si los expertos de los demandantes estadounidenses fueran obligados a entregar documentos que revelaran su papel en la redacción del informe de Cabrera, cosa que finalmente sucedió, "todos nosotros, sus abogados, podríamos ir a la cárcel".
Burford mencionó también el hecho de que el equipo de los demandantes no haya dado a conocer una carta escrita a los líderes de los demandantes ecuatorianos en agosto de 2010 por Joseph Kohn, de Kohn Swift & Graf, el bufete de abogados de Filadelfia que sirvió como principal financista del juicio entre 2003 y 2009. Burford señaló que en ella Kohn "criticó el señor Donziger por haberlo engañado casi en la misma manera en la que nosotros hemos sido engañados".
Burford cierra: "Ahora está claro que estaban dispuestos a hacer y decir cualquier cosa para atraer nuevos fondos".
En un comunicado, Karen Hinton, una portavoz del equipo de los demandantes ecuatorianos, escribe: "La carta de Burford en sí no es más que un intento fraudulento para eludir sus obligaciones de financiación con los ecuatorianos. Como resultado de las presiones indebidas de Chevron, Burford trató de salirse del caso, pero manteniendo al mismo tiempo su participación en el juicio en Ecuador. Las falsas acusaciones de Chevron sobre fraude en contra de los ecuatorianos y sus abogados siempre fueron informadas a Burford y estuvieron disponibles a través de una simple búsqueda de documentos públicos en Google".
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Christopher Bogart, CEO de Burford, responde: "La declaración de la Sra. Hinton es un despropósito, pero un debate público sobre estas cuestiones no tiene sentido alguno. Burford ha abordado las condiciones de su inversión en sus presentaciones públicas y no tiene más comentarios sustantivos". (Bogart fue vicepresidente ejecutivo y asesor general de Time Warner, empresa matriz de Fortune. Dejó ese cargo en 2003.)
Dos abogados de Donziger no respondieron los mensajes de correo electrónico.
El pasado mes de julio, en el caso por extorsión entablado bajo la Ley RICO, el juez de distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan dictaminó que el caso de los demandantes ecuatorianos estuvo "sin duda alguna (...) contaminado" por el fraude, aunque se reservó la decisión sobre si la sentencia era totalmente inaplicable en los EE.UU. como consecuencia de ello. (En repetidas ocasiones los demandantes han acusado a Kaplan de parcialidad y un tribunal federal de apelaciones ha rechazado dichos reclamos).
En junio pasado un juez federal de la Florida afirmó que además del presunto fraude de Cabrera, Chevron (CVX) también ha presentado “gran cantidad de evidencia" de que la sentencia ecuatoriana por 18.200 millones de dólares fue redactada con la ayuda secreta de los abogados de los demandantes. Véase, por ejemplo, aquí y aquí. En su fallo del mes de julio, el juez Kaplan encontró tal evidencia "preocupante", pero mantuvo en suspenso la sentencia en espera de la presentación de pruebas adicionales.
Esta es una traducción no oficial del artículo original en inglés publicado por Fortune que puede ser visto aquí.
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