Forbes 27/01/2011
Un magnate del póker online y una firma londinense especializada en financiar demandas colectivas, son algunos de los inversionistas que se han unido a la prolongada demanda por contaminación entablada en contra de Chevron Corporation en la Amazonía ecuatoriana.
Su participación podría apuntar a que ambos esperan un lucrativo arreglo, o simplemente reflejan una arriesgada apuesta en un juicio que hasta ahora les ha costado a los demandantes más de siete millones de dólares en gastos, solo para lograr un magro resultado. Las inversiones están detalladas en documentos conectados con el caso que han sido presentados ante una corte de Estados Unidos.
Tales documentos han permitido conocer detalles sobre una moderna demanda colectiva entablada en contra de una empresa multinacional, que incluye pagos de hasta 10 mil dólares mensuales a expertos en relaciones públicas, cientos de miles de dólares en pasajes aéreos y estrategias dirigidas a distintos frentes para presionar a Chevron y convencer a la firma de llegar a un acuerdo extrajudicial.
Un esquema compartido por los demandantes con los inversionistas, muestra a la compañía petrolera en el centro de un “cerco de presión”, que incluye a los fondos de pensión, Procuradores Generales del Estado, y a Carol Browner, ex asesora en temas de energía y cambio climático de la administración del presidente Obama.
Según mensajes electrónicos confidenciales y otros documentos presentados ante la corte, el abogado Steven Donziger consiguió que J. Russell DeLeon, un egresado de la Harvard Law School y fundador de PartyGaming, una firma de póker online, invirtiera por lo menos 1.6 millones de dólares en el caso, a cambio de por lo menos un 6% de los honorarios previstos, que equivaldrían al 25% o 30% de cualquier arreglo.
Estos documentos igualmente revelaron que Burford Group, una firma londinense que se especializa en financiar demandas colectivas, también habría ingresado al grupo de financistas del litigio. Burford se negó a hacer comentario alguno; sin embargo, en agosto de 2010, información aparecida en varios correos electrónicos detalla las negociaciones entre Donziger y Burford sobre un compromiso de aporte de capital por 15 millones de dólares, en el que Donziger afirma haber hecho “importantes concesiones”.
Según un análisis presentado a la Corte, Burford tendría “derecho preferente” sobre 49.9 millones de dólares, que obtendría aún cuando el acuerdo fuese menor a los 100 millones, mientras que sus ganancias podrían llegar hasta los 110 millones, siete veces el monto de su inversión, en caso de llegar a un acuerdo por dos mil millones de dólares.
Un correo electrónico enviado por el presidente de Burford, Chris Bogart, que fuera presentado ante la corte, propone que la firma sea tratada como si fuera un abogado dentro del caso, el mismo que recibiría un pago total sobre su compromiso por 15 millones, aún si el caso se solucionara antes de que Burford haga efectivo su aporte de capital.
La firma propuso además extender el plazo realizando pagos de hasta 4 millones de dólares cada seis meses, una condición que Donziger considera que “interferiría con su capacidad para litigar el caso, pues le restaría flexibilidad para responder con eficacia a los distintos sucesos, conforme estos ocurran”. Donziger ha promovido este litigio desde mediados de los 90, primero en Estados Unidos y posteriormente en el Ecuador, luego de que Chevron obtuviera una respuesta favorable a su pedido de trasladar el caso a este país.
El abogado dice representar cientos de indígenas quienes, según él, han sufrido enfermedades y muerte derivados de las filtraciones de residuos de petróleo crudo desde los sitios de perforación que fueran operados por Texaco en la década de los 70 y 80. Texaco es actualmente parte de la firma Chevron. Aún cuando la empresa habría originalmente solicitado que el caso fuera trasladado al Ecuador, Chevron ha dado una feroz batalla para tratar de lograr que cualquier sentencia emitida en el caso no sea exigible (aplicable?) en Estados Unidos; así, la firma ha logrado obtener pruebas que indican que los procesos [judiciales] han sido corruptos.
Los abogados de los demandantes afirman que Chevron ha estado involucrada en la aplicación de tácticas cuestionables, que han incluido operativos para montar supuestas actividades encubiertas que determinaron la salida del primer juez que presidió el caso.
Además de atraer a DeLeon y a Burford, Donziger también logró conquistar a Patton Boggs, un conocido estudio jurídico de Washington y a Motley Rice, una firma de abogados relacionados con juicios a la industria tabacalera. Karen Hinton, vocera de Donziger, afirmó lo siguiente sobre los documentos que fueran expuestos a la luz pública: “Durante 17 años los demandantes ecuatorianos han sido superados por Chevron en todo aspecto, excepto en uno: las pruebas.
Las pruebas son lo único que verdaderamente importa y éstas confirman de manera contundente la contaminación que fue provocada deliberadamente por Chevron en la selva tropical.
Con las nuevas inversiones y el potencial de Patton Boggs y otros estudios jurídicos, los demandantes están en una posición más fuerte que nunca. Como parte de la estrategia de litigio, Chevron ha demandado a sus propios demandantes ante las cortes de Estados Unidos, a fin de obtener pruebas sobre lo que describe como un fraude en los procedimientos legales aplicados en su caso en el Ecuador.
Un juez federal en Nueva York ordenó a Donziger presentar a la corte sus correos electrónicos personales y con anterioridad había ordenado al director del documental Crude que entregara las tomas no utilizadas, las mismas que muestran a Donziger y a sus colegas en discusiones muy francas, y en ocasiones hasta embarazosas, sobre sus estrategias y sobre cómo presionar al juez.
DeLeon, quien vive en Gibraltar, ayudó a financiar el documental Crude. Durante años Donziger fue apoyado por el abogado de Filadelfia Joseph Kohn, quien invirtió alrededor de 7 millones de dólares en el caso.
Sin embargo, el año pasado Kohn terminó su relación con Donziger; en una carta enviada a otro abogado de los demandantes en el mes de agosto, Kohn afirma que las tomas no utilizadas insinúan que Donziger podría estar involucrado en “conductas escandalosamente incorrectas” y que cualquier sentencia sería inexigible (inaplicable?) en los Estados Unidos. Por ese entonces, Donziger habría estado en conversaciones con Burford sobre una supuesta inversión. Con términos tales como “pliego (nosotros decimos “hoja”) de términos”, “tramo” y “términos del acuerdo”, los correos electrónicos de Burford más parecen una propuesta de inversión bancaria que a una demanda.
Bogart, el presidente de Burford, es un antiguo director jurídico de TimeWarner y abogado de Swaine & Moore, quien estableció la firma para invertir en litigios que tienen una alta probabilidad de éxito, pero que requieren de capital para ser llevados adelante.
La compañía ha invertido más de 100 millones de dólares en litigios y hasta diciembre habría recaudado 175 millones para financiar más casos. La participación de Patton Boggs y Motley Rice apunta a que estos hábiles estudios jurídicos consideran que aparentemente se podría llegar a un acuerdo.
En un memo enviado en el mes de agosto, que discute cómo se distribuirían los honorarios entre los distintos estudios jurídicos y financistas involucrados en el caso, se afirma que Donziger recibiría entre el 31 y el 35%, Motley Rice un 12% y Patton Boggs otro 12%.
El mencionado memorando menciona el delicado tema de quién decidiría cuándo llegar a un acuerdo, ya que Donziger no está autorizado a ejercer su profesión en el Ecuador y, por lo tanto, técnicamente no representa a los 48 demandantes nombrados en el caso y los miles de demandantes no nombrados, quienes buscan obtener más de 100 mil millones de dólares en compensación por los daños.
En este documento Donziger concluye que esto no será motivo de conflicto si los “clientes” son debidamente notificados. Un acuerdo de varios millones de dólares podría generar 300 millones en honorarios, una considerable suma a ser compartida entre las distintas partes que tienen intereses en este litigio.
Pero mientras más tiempo se sostenga Chevron, tendrán que arriesgar más dinero en este litigio.
Un presupuesto enviado a DeLeon por correo electrónico alude a un costo de un millón mensual durante quince meses, los que incluyen un pago por gastos en el Ecuador que asciende a $375,000, otro de $195,000 para una compañía consultora en temas ambientales en Estados Unidos, además de $150,000 para Hinton.
Según estos documentos, hasta la fecha el mismo Donziger ha presentado facturas por $1.1 millones, mientras el equipo ha invertido $214,000 en gastos de viajes y $2.3 millones en pagos a varios consultores técnicos.
Además, han contribuido con $184,000 para Amazon Watch, una organización ambientalista sin fines de lucro que apoya el litigio.
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