Center for Security Policy 11/10/2018
A principios de septiembre, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), basada en La Haya, emitió una decisión sobre el conflicto entre la petrolera estadounidense Chevron y el Gobierno de Ecuador. La decisión, que es vinculante, rechazó una decisión de 2011 del sistema judicial ecuatoriano que ordenó a Chevron a pagar $9.500 millones en compensación por daños ambientales y otros que tuvieron lugar en la región amazónica del Ecuador, supuestamente por operaciones petroleras. La CPA sostuvo que la sentencia de la corte ecuatoriana fue ilegal porque se obtuvo en base a fraude, soborno y corrupción. La corte criticó al tribunal ecuatoriano y al juez del caso, alegando que violaron el "orden público internacional".
Contrario a otras organizaciones internacionales, la CPA goza de una muy buena reputación. No es un organismo de Naciones Unidas. Ha existido durante más de un siglo y ha mediado en un sinnúmero de casos de disputas internacionales.
En 1993, un grupo de ciudadanos ecuatorianos presentaron una demanda judicial en una corte federal de Estados Unidos contra la petrolera estadounidense Texaco, que fue seguida por una demanda similar también en una corte federal de EE. UU. por un grupo de ciudadanos peruanos. La demanda presentada en estos juicios denunciaba que entre 1964 y 1992, Texaco contaminó las selvas y ríos en Ecuador y Perú, lo que resultó en daños ambientales con consecuencias negativas para la salud de los residentes locales. Las Cortes de EE. UU. se negaron a tratar el caso y aconsejaron llevarlo ante las cortes en Perú y Ecuador. Esta demanda colectiva fue llevada ante una corte en Ecuador en 2003. Dos años antes, Texaco fue adquirida por Chevron.
En 2007, Rafael Correa fue electo presidente de Ecuador. Correa, un presidente revolucionario de izquierda quien se suscribió a la doctrina anti-estadounidense de Hugo Chávez, se interesó en el caso al intentar influir en la decisión de la corte en detrimento de Chevron a través de una multimillonaria campaña de propaganda usando fondos públicos, un hecho que fue denunciado recientemente por el actual gobierno ecuatoriano.
El motivo de Correa fue básicamente la euforia izquierdista y se basó en el discurso "anti-imperialista" elaborado por todos los miembros de la alianza del ALBA liderada por Venezuela. El fallo contra Chevron habría sido una victoria política y material en la lucha contra la hegemonía de Estados Unidos en la región.
En 2011, una corte ecuatoriana falló contra Chevron y ordenó a la petrolera a pagar $8.600 millones si la empresa emitía una disculpa. Si Chevron se negaba a pedir disculpas, la cantidad aumentaría a $18 mil millones. Un año más tarde, una corte ecuatoriana de apelaciones confirmó la sentencia contra Chevron. Chevron trató de bloquear la ejecución de la sentencia en la corte suprema de Ecuador y en los tribunales internacionales. Los demandantes ecuatorianos entablaron demandas en Canadá y Brasil, en un esfuerzo por incautar los activos de Chevron en esos lugares con el fin de aplicar presión para que ésta cumpliera con las decisiones de Ecuador. Mientras tanto, las cortes ecuatorianas exigían que Chevron pagase los 19 mil millones de dólares. Esta decisión fue confirmada por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, la cual redujo el pago a 9 mil millones de dólares. Posteriormente, Chevron en junio de ese año, apeló ante la Corte Constitucional de Ecuador, una especie de Corte Suprema de Justicia. Algunas semanas más tarde, la Corte Constitucional confirmó la decisión de la Corte Nacional de Justicia.
La Corte Constitucional que ratificó esa decisión no era lo que uno esperaría de una Corte Suprema realmente constitucional. Los miembros de la Corte que tomaron esa decisión estaban vinculados a Correa y obviamente respondieron a sus deseos. De hecho, la Corte Constitucional nunca declaró inconstitucional ningún decreto de Correa, aunque claramente reflejara el uso arbitrario y abusivo del poder ejecutivo. Esta también ignoró varias solicitudes y peticiones presentadas por ciudadanos que exigían el respeto de sus derechos.
Curiosamente, este es el motivo por el que, un mes después de que la Corte Constitucional dictara su decisión sobre Chevron, sus nueve magistrados fueron destituidos por el efímero Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las acusaciones fueron principalmente que los magistrados habían tenido conflictos de interés debido a sus vínculos con el expresidente. La destitución de los jueces es compatible con las acciones de la administración del actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien parece estar dispuesto a retirar lentamente la influencia de Correa en el aparato estatal.
En efecto, el CPA en su reciente decisión sobre Chevron afirmó claramente que el juez ecuatoriano que manejó el caso recibió sobornos. Asimismo, permitió que los demandantes "escribieran secretamente" su decisión. Los demandantes actuaron con la ayuda del abogado estadounidense Steven Donziger, quien fue fundamental en la trama de corrupción.
Esta opinión también fue compartida por el sistema judicial estadounidense. En marzo de 2014, una corte de ese país falló a favor de Chevron, citando que los abogados de los demandantes ecuatorianos habían utilizado evidencia fabricada, sobornado a jueces y escrito clandestinamente documentos de la corte. A los demandantes, por lo tanto, se les prohibió colectar dinero de Chevron. En agosto de 2016, una corte de apelaciones confirmó la decisión de la corte de primera instancia, ratificando sus argumentos sobre prácticas corruptas. Los demandantes apelaron a la Corte Suprema de EE. UU. a principios de 2017, solicitando que se revocara la decisión, pero la Corte Suprema se negó a escuchar la petición.
La licencia de Donziger para ejercer como abogado fue suspendida como parte de la decisión de la corte de apelaciones de EE. UU.
El CPA ordenó al gobierno del Ecuador emprender medidas para remediar la situación y compensar a Chevron por el esquema fraudulento al que fue sometido.
Curiosamente, también se encontró que celebridades como Mia Farrow y Danny Glover fueron utilizadas para apoyar la causa de los demandantes, recibiendo jugosas sumas de dinero para hacerlo, supuestamente pagadas por el gobierno de Correa.
El caso de Chevron no es simplemente un caso de litigio sobre temas ambientales y de contaminación. Revela el poder de la corrupción en países donde el liderazgo no tiene ningún respeto por el estado de derecho. La corrupción es un tema que ha cobrado prominencia en Latinoamérica y está generando protestas masivas. Los jueces están empezando a tomar en serio este asunto, como está sucediendo en países como Brasil.
La corrupción ha hecho que las instituciones estatales y gubernamentales sean instrumentos de delincuencia organizada y carteles de droga y, como tal, es extremadamente peligrosa para la seguridad de los ciudadanos. La corrupción hace que la región sea insegura para la inversión extranjera y perjudica a las empresas estadounidenses que por ley no pueden participar en soborno o actos ilegales.
El actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, tiene la oportunidad no sólo de acatar la decisión del CPA, sino también que, al hacerlo, estaría sumando esfuerzos para restaurar la ley y el orden en Ecuador. Lenín Moreno ya había manifestado su apoyo a la decisión del CPA. Sin embargo, varios miembros de su gabinete se niegan a hacerlo. El Sr. Moreno está haciendo esfuerzos para cambiar el sistema y le damos todo el crédito por ello. Sin embargo, tiene una tarea difícil ya que él no puede deshacerse de todo el aparato construido durante 10 años del régimen semi-autoritario de Correa.
Chevron tuvo la fortuna de contar con los recursos para luchar y exponer esta perversión de la justicia. La mayoría de las personas no disponen de dichos recursos. Cuando se rompe el estado de derecho, es más probable que los ciudadanos sencillos y sin influencias se conviertan en víctimas. Por lo tanto, el gobierno ecuatoriano debe aceptar la decisión del CPA en el caso de Chevron para proteger no sólo su credibilidad internacional, sino también su propio estado de derecho que debe impartir justicia para sus propios ciudadanos.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. Este artículo fue publicado originalmente en inglés por el Center for Security Policy.
Luis Fleischman es asesor senior del Center for Security Policy en Washington, DC; autor de varios libros sobre política latinoamericana; y profesor de Sociología y Ciencias Políticas en el Palm Beach Community College.
Fuente OriginalNotas relacionadas