Forbes 28/01/2013
Fuente: JuicioCrudo
Chevron una vez más ha estremecido a los medios de comunicación con nuevas revelaciones en su larga batalla con los abogados que entablaron una demanda en su contra por la contaminación existente en la selva tropical ecuatoriana. La presentación de la declaración juramentada de un antiguo juez que sostiene que los demandantes ofrecieron 500 mil dólares al juez que emitió la sentencia por 18.000 millones de dólares en contra de Chevron ha causado gran revuelo.
En la declaración que aparece en el sitio web de Chevron, el Juez Alberto Guerra Bastidas afirma que los abogados de los demandantes, comandados por Steven Donziger, le pagaron miles de dólares y ofrecieron al Juez Nicolás Zambrano 500.000 dólares provenientes de lo que se obtuviera por el dictamen, si les permitía redactar secretamente la sentencia en este caso.
La semana pasada los demandantes ecuatorianos emitieron un boletín de prensa en el que alertaban que Chevron estaría “ofreciendo sobornos a los jueces ecuatorianos, a cambio de declaraciones falsas que podrían inducir a errores”. Además, identificaban a Guerra como uno de los jueces a los que Chevron habría seducido con dinero y con la oferta de llevarlo a vivir en los Estados Unidos.
Kent Robertson, portavoz de Chevron, dijo que Guerra se acercó antes a la compañía, y Chevron le pagó 38.000 dólares por la evidencia que presentó, la que incluyó su computadora personal, unidades portátiles de almacenamiento de datos y registros bancarios que muestran los depósitos de lo que Guerra describió como sobornos pagados por los abogados de los demandantes. La compañía además sacó del Ecuador a Bastidas (NT Guerra Bastidas) y a cuatro miembros de su familia y paga por su estadía y vivienda en los Estados Unidos para garantizar su seguridad, afirmó Robertson.
Si esto ya resulta escandaloso, Guerra cuenta una historia aún más turbia sobre cómo se administra justicia en el Ecuador. En su declaración juramentada describe cómo mantuvo un acuerdo de larga data con Zambrano para redactar clandestina e ilegalmente las sentencias que eran compradas y pagadas por las “partes beneficiadas” en los distintos casos que tramitaba este juez. Su narración, hecha posible gracias a la generosidad de Chevron para con él y su familia, podría convertirse en el arma clave que serviría a Chevron para convencer a los jueces en el mundo que la sentencia se obtuvo a través de un fraude y por lo tanto no puede ser ejecutada. La compañía se las arregló para lograr la descalificación de un juez anterior, luego de hacer públicos unos videos que lo mostraban discutiendo el caso con unos consultores que aparentemente le ofrecían una tajada de sus honorarios.
Chevron prácticamente no tiene activos en el Ecuador; por lo tanto, los demandantes han optado por aparecer ante las cortes de Canadá y otros países para intentar cobrar su sentencia. Normalmente el sistema judicial de los Estados Unidos sería el más predispuesto para ejecutar una resolución extranjera; sin embargo, Chevron ha lanzado ataques legales simultáneos en distintas cortes de la Unión, para tratar de convencer a los jueces de que el dictamen del caso ecuatoriano es producto de un fraude.
La versión de Guerra quizá no será de mucha ayuda; en el 2003 este juez presidió el juicio en Sucumbíos, cuando el caso de Chevron se reinició luego de un largo período en las cortes de los Estados Unidos y las de Ecuador. En esa ocasión afirmó que habría estado inclinado a desechar el caso entablado por un grupo de habitantes que afirman representar a miles de indígenas provenientes del área en la que Texaco explotó petróleo en la década de los 60, hasta que fue expulsada del país en 1992. “Dada la presión pública ejercida por los demandantes durante la primera audiencia en el caso, permití que éste continuara puesto que sentí que si no lo hacía, mi seguridad personal estaría en riesgo,” afirmó, confirmando así la evidencia que Chevron descubrió en las tomas no utilizadas de un documental sobre Donziger y el litigio. (En una de las tomas se escucha a Donziger discutir sobre la necesidad de “ser cada vez más agresivos” y de “organizar protestas ante la corte para presionarla”).
Guerra fue reemplazado por otro juez en el caso y luego removido de la Corte en el 2008, lo cual según él fue una retaliación por haber cuestionado las sentencias que favorecían a los demandantes, emitidas por los jueces que le sucedieron. Incluso el nombramiento de Richard Cabrera como resultado de la presión de los demandantes, para que evaluara las pruebas. Afirma que para poder ganar lo suficiente para vivir, empezó a redactar de manera clandestina las sentencias para el juez Zambrano, a cambio de 1.000 dólares mensuales.
La declaración juramentada supliría cualquier falta de pruebas; Guerra afirma que básicamente se comunicaba personalmente con Zambrano puesto que éste sospechaba de todo y “no era muy hábil en el manejo de la tecnología”. Afirma que Zambrano lo utilizó para que se contactara con los abogados de Chevron a fin de hablar sobre un soborno, pero “rechazaron mi propuesta y nunca se concretó una relación con Chevron”.
En cambio, Donziger y el abogado ecuatoriano Pablo Fajardo se reunieron con él y discutieron cómo se podría orientar el juicio en favor de los demandantes, afirma Guerra. Aduce haberse reunido en el restaurante Honey & Honey en una esquina en Quito y dice Añade que un empleado de la firma de Fajardo le envío pagos de 1.000 dólares que están registrados en los estados de cuenta bancarios que se adjuntan.
La declaración juramentada adolece de debilidades por falta de documentos que prueben que Donziger o cualquier otra persona efectivamente pagó o prometió un soborno de 500.000 dólares. En su lugar Guerra presenta estados de cuenta que muestran depósitos bancarios para sostener que los demandantes le pagaron. Además presenta certificados de envío de paquetes enviados a Zambrano que él describe como borradores de dictámenes judiciales redactados clandestinamente, así como una unidad de disco externa con copias de tales dictámenes que luego aparecieron como redactados por Zambrano.
La evidencia más reciente refuerza aún más lo que Chevron ha sostenido desde que cambió su opinión y decidió que las cortes ecuatorianas son irremediablemente corruptas, luego de que lograra llevar su caso desde las cortes de los Estados Unidos al Ecuador, bajo el argumento de que este país andino era el foro adecuado para tratar el caso.
Los abogados de los demandantes solo quieren forzar un acuerdo y cosechar algún tipo de recompensa por sus años de trabajo y por los millones de dólares de inversionistas externos en este caso.
Sin embargo, Robertson afirma que tendrán que enfrentar una larga espera. “Con semejante abrumadora evidencia de fraude, no tenemos intención alguna de enriquecer a un puñado de abogados de los demandantes”, afirmó.
Ésta es una libre traducción no oficial de Chevron del siguiente artículo en inglés
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