El Universo 14/09/2018
El procurador general del Estado, en entrevista radial de ayer, manifestó que el equipo de abogados del organismo a su cargo, estudia el laudo arbitral expedido por un tribunal de La Haya, desfavorable al Estado ecuatoriano. Mientras tanto, evalúan plantear primero un pedido de interpretación del laudo, para que se aclaren pasajes obscuros que no determinan las vías legales que hagan posible, dentro de nuestro sistema jurídico, ejecutar lo decidido por los árbitros. A continuación se plantearía una acción de nulidad del laudo, ante las cortes de los países bajos, pues el tribunal arbitral está sujeto a esa jurisdicción.
La indicada decisión arbitral dispuso principalmente dejar sin efecto una sentencia dictada contra la petrolera Chevron, en febrero del 2011, por jueces de la Corte de Lago Agrio, (que fijaron una indemnización que luego un tribunal superior redujo a US$ 9.500 millones). Un colectivo de indígenas había alegado contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana, señalando como causante a la compañía Texaco cuando esta operaba en el país, como parte de un consorcio con la petrolera estatal CEPE. Esa empresa estadounidense fue posteriormente adquirida por Chevron, pero aquella había celebrado previamente un acuerdo de remediación; y, según sus directivos, lo cumplió y le costó US$ 40 millones remediar los daños.
El patrocinio legal de los demandantes lo realizaron abogados nacionales, que habrían seguido la estrategia de un abogado estadounidense, con el apoyo de financistas extranjeros y la injerencia directa y visible de altos funcionarios estatales, además de la costosa publicidad oficial –difundida local e internacionalmente– durante el régimen de Rafael Correa. El indicado laudo señala que el Estado es responsable por denegar justicia a la petrolera y por ello también lo condena a indemnizarla, lo que se cuantificará en otra fase arbitral.
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