The Global Lawyer 04/02/2013
Michael D. Goldhaber
The Litigation Daily
El 28 de enero Chevron Corporation presentó nuevos testimonios y documentos que constituyen evidencia abrumadora de fraude de los demandantes ecuatorianos, quienes esgrimen una sentencia por 19 mil millones de dólares en su contra. Estos testimonios incluyen la declaración de un antiguo juez que atestigua que la misma sentencia fue obtenida mediante soborno. “La verdad y la justicia son esquivas”, titulaba Thomson Reuters. Con todo respeto hacia mi antigua colega Alison Frankel, quien establece los estándares para el periodismo sobre litigios, esta reacción está profundamente equivocada.
Cuando conocí al abogado principal de los demandantes, Steven Donziger, le pregunté si estaba preparado para denunciar a los abogados que habían arreglado sus casos en contra de Dole Food Company en Nicaragua. Irónicamente respondió que sí. Al rehusarnos a condenar a Donziger, muchos de nosotros tampoco pasaremos la misma prueba.
Los analistas, con la honrosa excepción de Roger Parloff, continúan buscando algún equilibrio en donde no existe tal. Los defensores de los derechos humanos, excepto Douglas Cassel, se han unido a las acusaciones en contra de Chevron y afirman que la firma es responsable por el desastre ambiental en la Amazonía ecuatoriana. Distinguidos abogados en los Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina están ávidamente buscando ejecutar la sentencia ecuatoriana y lo más preocupante es que las cortes encargadas de tal ejecución los están escuchando. Una corte argentina el 30 de enero ordenó que el 40% de las ganancias de las filiales locales de Chevron se congelen hasta la ejecución de la sentencia.
La portavoz de los demandantes, Karen Hinton, precisamente afirma lo siguiente: “No hemos presentado todos los argumentos que incluiremos en nuestros escritos y argumentos ante el jurado, en caso de que alguna vez se diera un juicio ante un jurado”. El hecho de que un periodista pueda ponderar las pruebas que serán puestas a consideración por un tribunal es generalmente considerado como indebido; sin embargo, en este caso es imperativo. Mi objetivo es mostrar aquí que la evidencia documental de fraude (no importa el testimonio en sí) es ahora irrefutable. El aparentar que no es así alentaría a toda corte irresponsable a recompensar el supuesto fraude.
Aún antes de que se lanzaran los bombazos con estas pruebas, los árbitros que sopesaron la evidencia de manera consistente han condenado a los demandantes. Ocho cortes en los Estados Unidos han determinado que existen presunciones de hecho sobre la existencia de fraude, lo que acarrea la excepción de privilegios de confidencialidad. Cuando aceptó escuchar la declaración de Donziger en noviembre de 2010, el juez de distrito Lewis Kaplan en Nueva York encontró “evidencia sustancial” de mala conducta. La sentencia en contra de Chevron se emitió el 14 de febrero de 2011 y tres semanas después, Kaplan prohibió la ejecución de la sentencia en el mundo entero, alegando la existencia de “abundante evidencia” de violaciones al debido proceso. Es indispensable hacer notar que el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones en los Estados Unidos de ninguna manera cuestionó tal apreciación de hecho cuando revocó la decisión de Kaplan en enero de 2012, luego de examinar la ley de Nueva York sobre el reconocimiento a las sentencias extranjeras (ver aquí y aquí). Finalmente, un panel de árbitros internacionales determinó que las imputaciones de fraude eran lo suficientemente convincentes como para ordenar a la República del Ecuador, también en enero de 2012, tomar todas las medidas necesarias para suspender la ejecución de dicha sentencia.
En el 2010 expresé mi desacuerdo con Roger Parloff, quien sostenía que la demanda de los demandantes estaba paralizada y pregunté si los abogados de Chevron en Gibson, Dunn & Crutcher habían dado "Un golpe de gracia equivocado”. El alegato principal de fraude en ese entonces fue que los demandantes habían redactado las recomendaciones respecto a los daños para el perito nombrado por la corte, a quien por años le habían hecho pasar como perito independiente. La evidencia de Chevron sobre “el Informe Cabrera” fue absolutamente contundente; se filmó al perito prácticamente recibiendo las órdenes de los demandantes. Los demandantes al final admitieron tal redacción clandestina (sin reconocer que era un fraude). Fui uno de los primeros en condenar semejante escándalo y en tomar muy en serio los alegatos de intimidación judicial. Sin embargo, los demandantes encontraron otros peritos y cuando finalmente se emitió la sentencia final, pudieron alegar que no estaba contaminada por las acciones de Cabrera. Me pareció que Chevron había dado su golpe de gracia demasiado pronto y había cometido un error que podría ser fatal al darles tiempo a los demandantes para intentar corregir su error antes de la sentencia final.
Mi lógica probó ser acertada; sin embargo parecería ser que fui muy generoso al asumir que los demandantes serían capaces de litigar sin recurrir a la manipulación.
Después de interminables encontronazos, el verdadero golpe de gracia finalmente se dio la semana pasada. Aunque pocos se dieron cuenta, exceptuando a Parloff, a lo largo del año pasado, Chevron recolectó sólidas pruebas de que la misma sentencia ecuatoriana había sido clandestina e ilegalmente redactada. La semana pasada Chevron añadió aún más evidencias y Alberto Guerra, un antiguo juez en el caso, apareció en el centro del escenario con un relato de primera mano sobre el supuesto arreglo que terminó en la redacción clandestina de la sentencia. Guerra atestigua que las partes le pagaban habitualmente (luego de que fuera removido de su cargo como juez) para que redactara en secreto los fallos a su favor, a nombre del Juez Nicolás Zambrano y que los demandantes ecuatorianos le pagaron a Guerra para cumplir el mismo papel en el caso Chevron (luego de que Chevron no aceptara sus servicios). Finalmente, Guerra admite que los demandantes le prometieron a Zambrano un soborno por medio millón de dólares para que les permitiera redactar a ellos mismos la sentencia, incluyendo unos pocos arreglos hechos por Guerra. Por lo menos nadie puede sostener que estas acusaciones sean reparables.
La respuesta inicial de los demandantes fue negar todo, al tiempo que acertadamente hicieron notar que Guerra había caído en desgracia por varias razones y que Chevron le estaba pagando el rescate digno de un rey. A Hinton también le resulta inverosímil que Chevron en toda su desesperación por desacreditar el caso, nunca antes revelara los intentos de acercamiento de Guerra hacia Chevron.
Personalmente no esperaría que el hombre del maletín sea un boy-scout y un filántropo. Pero vamos a concederles el beneficio de la duda y pensar que el testimonio de Guerra será totalmente desacreditado por el tribunal de Nueva York que se apresta a escuchar el 15 de octubre próximo las denuncias de fraude, extorsión y asociación ilícita para delinquir en un juicio ante el Juez Kaplan. Además supongamos que el jurado no tomará en cuenta el vergonzoso caso Cabrera y las múltiples denuncias que han horrorizado al Juez Kaplan y a los árbitros. ¿Y cuál es la nueva evidencia documental de un fraude irremediable?
Es importante mencionar que Chevron ha realizado un seguimiento forense de fragmentos incluidos en 60 de las 188 páginas que componen la sentencia final, comparándolos con siete archivos contenidos en la unidad de disco duro perteneciente a Donziger y con otro de sus colegas. Según Chevron, estos archivos no estaban incluidos en el expediente del caso que reposa en la Corte. Esto ha sido confirmado por dos expertos de Chevron; uno de ellos revisó por medios electrónicos las 200 mil fojas contenidas en el expediente y uno de ellos lo revisó manualmente.
Luego de revisar la mayor parte de la evidencia durante un procedimiento de descubrimiento de pruebas, el 25 de enero una corte federal de Maryland determinó lo siguiente: “Chevron ha demostrado ante todo aquel que tenga algo de sentido común, que este es un ejercicio evidente de “copiar y pegar”. Los demandantes no han presentado nada que refute estas acusaciones; además, no han podido presentar copias selladas por la Corte de los supuestos informes presentados ante ésta.
Hinton, la portavoz de los demandantes, afirma “Creemos que estos documentos fueron incluidos en los expedientes del caso que reposan en la Corte”. No obstante, Chevron afirma que los demandantes no han asumido esta posición ante la corte en los Estados Unidos y Hinton no pudo probar lo contrario. En su lugar hizo referencia a un escrito presentado en julio de 2011 en Lago Agrio por el abogado de los demandantes Pablo Fajardo, en el que argumentaba que Chevron tenía que estar detrás de los misteriosos fragmentos incluidos en la sentencia. Fajardo teorizaba que Chevron sabía, por haberse informado a través de mi columna “Un golpe de gracia equivocado”, que la empresa necesitaba desacreditar la sentencia definitiva y, de manera sospechosa, empezó a alegar que Zambrano había recibido “ayuda secreta”, justo al día siguiente de que fuera emitido el veredicto y antes de que se pudiera revisar el expediente del caso. Me halaga mucho saber que los abogados de los demandantes siguen de cerca mis publicaciones y que no solo actúan sobre estimulados por la ficción y el espionaje.
Parecería ser que las únicas respuestas que los demandantes pueden dar a la corte están aferradas a teorías especulativas. Durante un proceso de descubrimiento de pruebas llevado a cabo el 21 de diciembre, Craig Veselka, de la firma Smyser Kaplan & Veselka, uno de los abogados que representa a los demandantes ecuatorianos en Nueva York, lanzó la idea de que la misma Chevron habría “pasado” en secreto los archivos personales de Donziger al juez que emitió la sentencia por los 19 mil millones de dólares. El Juez Kaplan se mostró absolutamente desconcertado: “¿Así que redactaron parte de esta sentencia… la peor paliza que empresa alguna ha recibido en el mundo… para luego atacarla porque el juez copió la basura que ellos le presentaron? Por favor Sr. Veselka. Creo que no le entendí bien, por favor explíquemelo usted….tengo que reconocer que tiene usted una imaginación increíble ¡Sr. Veselka… por favor!”.
Aparte de ampliar la evidencia que los demandantes no han podido refutar y que confirma la intrusión de los demandantes en la sentencia final, la semana pasada Chevron presentó archivos contenidos en la unidad de disco duro perteneciente a Guerra. Éstos prueban que de manera clandestina el ex juez había redactado para Zambrano nueve fallos judiciales preliminares en contra de Chevron, contenidos en alrededor de 300 páginas, así como dos fallos adicionales no relacionados con esta compañía, uno de estos redactado poco antes de la sentencia por 19 mil millones de dólares.
En respuesta a la evidencia contenida en la unidad de disco duro de Guerra, Hinton presenta una teoría especulativa similar a la que ocasionó la burla del Juez Kaplan. “¿Acaso Chevron es capaz de introducir información en la computadora de Guerra de manera intencional?” cuestiona la portavoz. “Sí, si lo es. ¿Estamos seguros de ello? No, no lo estamos. Sin embargo, la conducta poco ética e ilegal mostrada por Chevron en otras ocasiones durante y luego del juicio me llevan a creer que esto es posible". Las acusaciones de los demandantes en contra de Chevron son analizadas en boletines de prensa emitidos recientemente (aquí y aquí), con enlaces a documentos presentados ante la corte que los analizan de manera más sistemática. Hasta la fecha, ninguna de las acusaciones de los demandantes sobre las supuestas acciones ilegales de Chevron ha sido aceptada por las cortes de los Estados Unidos.
Como si esto fuera poco, Chevron ha presentado dos comprobantes de depósito por $1000 cada uno, realizados en la cuenta bancaria de Guerra, con la firma y cédula de identidad que Chevron alega pertenecen a un asistente administrativo de los demandantes. El 27 de octubre de 2009, dos días antes de que se hiciera el primer depósito, Pablo Fajardo, el abogado de los demandantes envió un correo electrónico a Donziger en el que le decía: “El titiritero no moverá su títere mientras el público no le pague algo”. Justo un mes más tarde, el mismo día en que fue hecho el segundo depósito, Luis Yanza, otro de los defensores de los demandantes, también envió un correo electrónico a Donziger diciendo: “El presupuesto es más alto comparado con los meses anteriores puesto que estamos pagando al titiritero”. Chevron ha analizado otros correos electrónicos para mostrar que los términos “títere” y “titiritero” eran nombres en código para Zambrano y Guerra.
Hinton lo niega mientras afirma que “titiritero” habría sido una simple referencia en broma a uno de los consultores de los demandantes. Sostiene que ninguna persona que “representa a los ecuatorianos” ha hecho ningún depósito en la cuenta de Guerra y que tanto la firma como el número de cédula de identidad que consta en los comprobantes de depósito son muy poco claros a la vista como para probar la identidad del depositante. (Me parece que el número de la cédula de identidad en uno de los comprobantes se lee muy fácilmente. Los lectores podrán juzgarlo por sí mismos en la imagen incluida al final de esta página).
Parecería ser que la evidencia documental muestra que Guerra recibió dos pagos hechos por los demandantes alrededor de las mismas fechas en que éstos intercambiaron correos electrónicos sobre el pago a un titiritero; además que Guerra redactó de manera clandestina nueve fallos preliminares para Zambrano en el caso Chevron; que Guerra habría mantenido una relación prolongada como “redactor fantasma” de Zambrano durante el período que nos concierne; y que las huellas electrónicas de los demandantes están presentes en casi un tercio de la sentencia final de Zambrano en contra de Chevron. El único punto relevante en el testimonio de Guerra que no ha sido directamente corroborado, es el soborno a Zambrano.
Chevron tampoco ha podido confirmarlo; está buscando más registros bancarios a través de los procesos de descubrimiento de pruebas que se llevan a cabo en Miami. Es de suponer que solicitará otra declaración de Donziger antes de que termine el proceso de descubrimiento de pruebas en Nueva York el 31 de mayo. En caso de que el acuerdo entre Guerra y Zambrano haya sido tan extendido como lo revela su testimonio, sospecho que Chevron pondrá en evidencia un número muy considerable de fallos redactados por este “redactor fantasma”.
De probarse la relación entre Guerra y Zambrano, éste no sería un caso único. En su informe sobre el Ecuador correspondiente al 2010, el Departamento de Estado de los Estados Unidos asevera que los jueces en ese país en ocasiones probaron ser corruptos y hace referencia a informes de los medios sobre “la vulnerabilidad del sistema judicial a sobornos para obtener fallos favorables y la resolución de procesos legales, así como de jueces que distribuían los casos entre abogados externos quienes redactaban las sentencias y las enviaban de regreso al juez que presidía el caso para su firma”.
Hace algún tiempo, los expertos de los demandantes de manera profética advirtieron al Juez de Distrito Jed Rakoff en Manhattan que no debería enviar el caso de regreso al Ecuador por la corrupción generalizada de su sistema judicial.
Todo esto podría inclinar a un jurado a dar crédito a la versión de Guerra sobre el soborno en el caso. Quisiera destacar que la evidencia documental existente, por si sola, irremediablemente nos conduce a la conclusión de que la sentencia es inejecutable por ser el resultado de corrupción. Por supuesto que cada una de las partes tiene derecho a defender legalmente cada una de sus teorías durante el juicio civil que se desarrollará en Nueva York (así como en otros procesos penales futuros). No estoy tratando de condenar a los demandantes antes de tiempo; solo estoy intentando poner al descubierto la falta de validez del fallo que aun hasta ahora se están apresurando a ejecutar.
La "verdad" aquí no es esquiva, todo lo contrario. En contadas ocasiones encontraremos un caso en donde la verdad pueda ser establecida más plenamente. Fue necesaria la presentación como prueba de las tomas no utilizadas de un documental que captó un error de los demandantes ante las cámaras, así como el visto bueno dado por la Sección 1782 sobre descubrimiento de pruebas (ver aquí y aquí); la casi total revocación de los privilegios de Donziger; y lo mucho que está en juego para Chevron, lo justifica la inaudita asignación de recursos y su negativa a llegar a un acuerdo
Al decir que la “justicia” es esquiva, Alison Frankel pisa terreno más firme. Sin embargo, aún en este caso no estoy totalmente de acuerdo.
Algunos podrán estar opuestos a las protestas de Chevron cuando se sitúa como víctima en este caso ya que tienen una opinión muy negativa de las grandes corporaciones. Debería resultar evidente que blandir la responsabilidad corporativa en este caso no es mucho mejor que desatar una persecución racista. Otros inexcusablemente asumen que aun cuando los demandantes hubiesen sido demasiado diligentes, Chevron seguramente es culpable de los cargos subyacentes dado que los demandantes han exagerado las cosas tan airadamente y con tanta frecuencia. Frankel lleva la discusión de manera tan respetable que simplemente nunca lo sabremos.
Lo que realmente existe es un cúmulo de evidencia científica. Condeno a Texaco (la predecesora de Chevron) por haber utilizado prácticas industriales que habían sido desaprobadas por mucho tiempo, tales como verter los lodos tóxicos en piscinas sin revestimiento o por devolver las aguas de producción hacia el medioambiente. Sin embargo, no se puede simplemente presumir que esto haya causado una contaminación masiva que ha impactado severamente en la salud de sus habitantes. Creo que el litigio es un contexto nefasto para el muestreo científico y espero que la alternativa del modelo de investigación del Programa Ambiental de las Naciones Unidas en Nigeria se emule. Pero el hecho es que aún las muestras de los demandantes no muestran una contaminación significativa de las aguas subterráneas, excepto bajo las piscinas.
Luego de adentrarme en la evidencia científica presentada por ambas partes (ver aquí y aquí) inicialmente llegué a la conclusión de que –dejando de lado las defensas legales- una investigación en un juicio seguido bajo el imperio de la ley podría determinar que Chevron es responsable por la limpieza del suelo a un costo máximo de 1.000 millones de dólares. Douglas Cassel más tarde llegó a la misma conclusión.
Cabe anotar que nunca sabremos cuál habría sido el resultado de un juicio justo de la demanda por miles de millones de dólares por destrozos ambientales que no provocaría carcajadas. Concuerdo con Frankel en que es una pena, pero lo que sí sabemos es que la sentencia por 18 mil millones dólares en contra de Chevron es absolutamente injusta y ese mal si puede ser corregido.
En gran medida la mayor injusticia radica en que los indígenas que viven en la Amazonía ecuatoriana sufren los impactos de grandes problemas sanitarios y sociales, pero no tenemos la evidencia necesaria para culpar a Chevron por estas condiciones. No deberíamos olvidar la responsabilidad que tiene el Ecuador, puesto que a partir de 1990 operó la zona petrolera en cuestión y además fue el socio mayoritario durante la mayor parte del período en que Texaco fue el operador del consorcio. Aún más, el Ecuador cobró tanto en impuestos que cuando Chevron ganó un proceso de arbitraje por el desvió de ingresos petroleros, el monto de la indemnización debió ser reducido de 700 millones de dólares a 100 millones de dólares. Ecuador decidió invertir muy poco de sus ganancias en servicios sociales en la región amazónica; lamentablemente esta injusticia no es susceptible de arreglo a través de un litigio, excepto en las lejanas fronteras de los derechos económicos y sociales.
Probablemente la verdad tras las acusaciones de Chevron debería hacerse ahora evidente a todo aquel que analice la evidencia sin sesgos ideológicos, incluyendo a jueces y abogados. Si los abogados que persiguen la ejecución ya no creen de buena fe que la sentencia es honesta, deberían entonces retirarse del caso. Esto incluye a Patton Boggs, firma que no está implicada en ningún fraude (dejando de lado las teorías más agresivas de Chevron), pero que realmente se ha puesto en una situación muy incómoda. Burford Capital, el iniciador del litigio que metió a Patton Boggs en el caso, no solo vendió su participación, sino que ha acusado a los demandantes de haberlos engañado. Tal vez Patton Boggs quisiera considerar lo que su abogado principal para el caso, James Tyrrell Jr., me dijo en diciembre de 2010: "Ciertamente no estoy en esto para unirme a ningún esfuerzo fraudulento… Mi misión es asegurarme que en el Ecuador se emita una sentencia que esté basada en los méritos del caso y por lo tanto garantice su respeto internacional, y si ganamos, ejecutarla”.
Mi más ferviente deseo es que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador recupere la dignidad de la nación a través de la anulación de esta vergonzosa y reprobada sentencia en el proceso de apelación que aún está pendiente. Si lo hace, las acciones de ejecución terminarán y si no, de manera optimista creo que estas acciones serán desechadas puesto que ahora son demasiado vergonzosas como para que aún la corte más disparatada las apruebe.
Pase lo que pase, espero que Chevron busque vengarse del equipo de los demandantes en el juicio por fraude en Nueva York y que en el proceso de arbitraje exija que el Ecuador cubra sus increíbles facturas legales. Sería conveniente que Chevron done semejante recuperación a proyectos ambientales y sanitarios en la Amazonía ecuatoriana. Chevron se está acercando a la verdad y por partes logrará que se haga justicia.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron Corp. del original en inglés publicada en The Global Lawyer.
Notas relacionadas