The Miami Herald 14/10/2013
Uno de los más polémicos y prolongados juicios ambientales en la región va a juicio el día martes. Un juez de Nueva York empezará a escuchar los testimonios que aducen que la sentencia por 19 mil millones de dólares en contra de Chevron por la contaminación de la Amazonía ecuatoriana, fue el resultado de un fraude.
El gigante petrolero alega que Steven Donziger, un abogado de los demandantes ecuatorianos, se vio envuelto en acciones ilícitas para fabricar la evidencia y sobornar a los jueces en el país andino y finalmente obtener una sentencia que ha roto todos los records.
Donziger y su equipo legal, sostiene Chevron, está tratando de evadir su responsabilidad y ya que no pudo ganar la demanda ambiental por sus méritos, alega que la compañía ahora va tras los abogados.
De una manera u otra el caso se ha venido arrastrando por casi veinte años, ha producido más de 200 mil páginas de evidencia, servido de base a documentales y programas de televisión y ha arrastrado a celebridades y políticos a sus filas. La estrella de cine Daryl Hannah ante las cámaras introdujo sus manos en una sustancia oleaginosa y el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha descrito el caso como un tema de honor nacional y ha pedido un boicot en contra de Chevron.
Ambas partes han acusado a sus rivales de recurrir a mentiras y a trampas para defender su postura; pero en esta ocasión, el equipo ecuatoriano es el que está a la defensiva.
Se espera que Chevron presente un cúmulo de declaraciones juradas que aduce prueban que Donziger manipuló a las cortes ecuatorianas.
Entre esta evidencia se encuentra el testimonio de Stratus Consulting, una firma de ingenieros con sede en Colorado que fuera contratada por el equipo de Donziger. En su declaración del mes de marzo, Douglas Beltman Vicepresidente Ejecutivo de Stratus, afirmó que su compañía redactó el informe ambiental condenatorio que fuera presentado como si fuera el trabajo de Richard Cabrera, el “perito independiente” nombrado por los jueces ecuatorianos. Para dar mayor credibilidad al estudio, Stratus luego presentó comentarios de terceros en apoyo a las reclamaciones contenidas en dicho informe.
En su testimonio Beltman afirma haber seguido las instrucciones de Donziger cuando mintió sobre el origen del informe a los periodistas, a los financieros de la demanda en los Estados Unidos y al Congresista norteamericano Jim McGovern, quien visitó el país para recabar información. Beltman añadió que ya no podría respaldar las conclusiones del estudio ni sus comentarios dada la influencia de Donziger en el mismo. Afirmó que se le había pedido no hacer una distinción entre la contaminación que podía ser atribuida a Texpet, subsidiaría de Texaco y antecesora de Chevron y la del socio mayoritario del consorcio, la estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador. Añadió que Donziger le pidió inflar el costo de reparación de los daños.
El equipo de Donziger sostiene que el tema del informe es discutible. En su fallo del 14 de febrero de 2011, el juez ecuatoriano Nicolás Zambrano desechó el irregular informe de Cabrera. Aún así, afirmó que existía suficiente evidencia para determinar la responsabilidad de Chevron y ordenó a la compañía pagar la suma de 8.600 millones de dólares, mas 10% para una organización ambiental sin fines de lucro. Cuando Chevron se rehusó a presentar sus disculpas en el plazo de 15 días, el monto de la multa fue duplicado.
Donziger sostiene que el verdadero objetivo de Chevron en este caso es doblegar por la fuerza a quienes le apoyan.
“Chevron está utilizando el caso con fines publicitarios para tratar de intimidar a la gente para que no trabaje con nosotros,” sostuvo Donziger. “Cuando se alegan violaciones a la ley RICO o de asociación ilícita, estamos hablando de acusaciones muy serias que podrían paralizar o aterrorizar a mucha gente y hacer que no quieran ayudar a los ecuatorianos”:
Sin embargo, las acusaciones de Chevron van mucho más allá. Puede ser que la compañía también presente el testimonio de Alberto Guerra, un ex juez que afirma haber recibido mil dólares mensuales del equipo de Donziger para redactar de manera clandestina la sentencia original firmada por Zambrano.
“En ocasiones los litigantes entregaron borradores de sentencias al Juez Zambrano y al Sr. Guerra, los que el Sr. Guerra revisaba y el Juez Zambrano luego emitía como si fuesen de su autoría”, escribieron los abogados de Chevron en una comunicación dirigida al Fiscal General ecuatoriano en el mes de septiembre. “Tal redacción clandestina tuvo lugar tanto durante el juicio como durante la apelación y revisión ante la segunda instancia”.
Los abogados de Donziger sostienen que Guerra no es un testigo confiable y que consta en la nómina de la compañía petrolera; es más, Chevron admite haber ayudado a Guerra a trasladarse a los Estados Unidos “por su propia seguridad” y existe amplia evidencia, e inclusive registros bancarios, que prueban estas acusaciones.
El caso se remonta a 1993, cuando habitantes de la región amazónica del Ecuador entablaron una demanda en contra del antecesor de Chevron, Texaco en Nueva York, acusando a la compañía de haber envenado la región entre la década de los 60 hasta 1992, con la aplicación de prácticas ambientales de mala calidad, que incluyeron la inyección de millones de galones de aguas contaminadas con petróleo en quebradas y arroyos. Cuando Texaco salió del país, invirtió 40 millones de dólares para limpiar su parte de los sitios de perforación y en 1998 el Gobierno firmó un acta de remediación que absolvió a la compañía de toda responsabilidad legal ulterior.
Sin embargo, las cortes del Ecuador determinaron que la liberación no cubría las demandas de terceros. Por lo tanto, cuando Chevron y Texaco se fusionaron en 2001, Chevron heredó la disputa legal. En 2002 el caso fue trasladado al Ecuador a insistencia de Chevron.
Cuando Zambrano emitió su sentencia hace dos años, Chevron ya no tenía activos en el país; por lo tanto, los demandantes han iniciado acciones de cobro en Canadá, Argentina y Brasil y esperan pronto poder llevar su caso a Venezuela y otros países.
Hasta ahora Chevron ha podido eludir estos ataques. El mes pasado una corte internacional de arbitraje en La Haya determinó que Ecuador había violado el Tratado Bilateral de Inversiones al permitir que el caso prosiguiera. Según la Corte, Chevron estaba amparado por la liberación de 1998.
Pero los demandantes también tienen un potente partidario, el Presidente Correa. Mientras se cuestiona a Correa por abrir una parte del Parque Nacional Yasuní a la exploración petrolera, el mes pasado el Presidente lideró una delegación de periodistas que visitó uno de los antiguos sitios de perforación de Texaco llamado Aguarico 4.
Correa dijo que las prácticas ambientales de baja calidad de la compañía habían envenenado las aguas de consumo, causantes de cáncer en la región.
“Este es uno de los más grandes desastres ambientales en el mundo”, dijo luego de introducir su mano en una piscina de lodos de perforación, “y quieren que todo quede en la impunidad”.
Chevron afirma que el Presidente está dramatizando las cosas para llamar la atención. Bajo el plan de remediación de los años 90, nunca se pidió a Texaco limpiar Aguarico 4.
“Es un intento por distraer la atención del público de las obligaciones del gobierno para con su gente en la Amazonía y para desviar la atención del masivo fraude ocurrido en nuestro caso”, dijo el portavoz de Chevron James Craig sobre el presidente Correa. “Está al ataque”.
Chevron apuesta a que con el laudo arbitral y el caso RICO bajo la manga, podrá convencer a las cortes extranjeras de no autorizar la ejecución de la sentencia ecuatoriana.
Sin embargo, Donziger ha dicho que puede ser que las cortes extranjeras no se impresionen con la opinión de un solo juez en Nueva York. Si pierde el caso, sostiene Donziger, con seguridad Chevron “se pondrá a bailar alrededor del mundo como si hubiera ganado el gran caso en Nueva York y esto fuera lo único que verdaderamente importa”.
Pero las cortes extranjeras “emitirán sentencias basándose en las leyes de sus propios países para determinar si se incautan o no los miles de millones de dólares en activos de Chevron”, afirmó Donziger. “Cualquier decisión emitida por un juez de los Estados Unidos ordenando lo contrario tendrá un tufo de imperialismo judicial y muy probablemente se volverá en contra de la misma Chevron”.
Ésta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original puede ser visto aquí
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