Otro costoso revés / Foto: Shutterstock

El miércoles, la Corte de Distrito de La Haya rechazó la apelación de Ecuador, confirmando el Laudo Arbitral dictado en 2018 por la Corte de Arbitraje a favor de Chevron. La Corte de Distrito expresó que su objetivo es “eliminar las consecuencias de una sentencia fraudulenta dictada por un juez corrupto”. 

Ahora viene la determinación de la indemnización que deberá pagar Ecuador a Chevron, y va a ser cuantiosa. El dinero saldrá de nuestros bolsillos.

En 2011, el juez Nicolás Zambrano de la corte de Lago Agrio sentenció a Chevron a pagar USD 9 mil millones por daños ambientales. El valor se duplicaría a USD 18 mil millones si no se pagaba de manera inmediata. Titular de los derechos no es una agrupación de indígenas amazónicos, sino Amazonia Recovery, empresa de Gibraltar, paraíso fiscal, controlada por el abogado de la causa, Steve Donziger. En 2013, el caso que se siguió en EE.UU., el juez Kaplan llevó a Zambrano a su corte, lo interrogó, y comprobó que ni había escrito ni siquiera leído el fallo. Kaplan concluyó que a Zambrano le ofrecieron USD 500 mil por firmar la sentencia escrita por el demandante.

Posteriormente, el Consejo de la Judicatura destituyó al juez Zambrano por actuar con malicia, negligencia manifiesta o error inexcusable al liberar a un narcotraficante capturado en posesión ilegal de drogas. Pero el gobierno de Correa lo premió con un cargo de analista legal en la Refinería del Pacífico.
La Corte Suprema correísta no anuló la sentencia de Zambrano, sino que se limitó a eliminar la cláusula de duplicación del monto, y lo dejó en USD 9 mil millones.

La opinión nacional no está debidamente informada sobre el fraude cometido. En primer lugar, por considerar que Texaco, que fuera absorbida por Chevron, contaminó la Amazonía, y que se trata de la noble lucha de los pueblos indígenas contra una multinacional que los perjudicó. Luego, la campaña a favor que realizó el gobierno de Correa, que incluyó la contratación de estrellas de Hollywood para filmar spots publicitarios de ¨la mano sucia de Chevron¨. Y la persecución de un gobierno autocrático a la prensa independiente.

Al expirar su contrato, Texaco debía remediar el daño ambiental. Pero Texaco operaba un consorcio del cual Petroecuador era la principal accionista, por lo que sólo remedió un área afectada proporcional a su participación en el consorcio. Petroecuador no limpió su parte, y el Estado aprobó la remediación de Texaco. Si Texaco hizo bien o no la remediación, desconozco, pero en todo caso el Estado la aceptó, y con ello se extinguió cualquier derecho a reclamar.

El gobierno Correa, al coaligarse con Donziger y presionar a las cortes para que fallen a su favor, dejó al Ecuador vulnerable de probarse el fraude. Las consecuencias la pagaremos los contribuyentes de Ecuador y no los de Bélgica.