Foto: 4 Pelagatos

El gobierno de Rafael Correa será recordado, entre tantas cosas, por su afición a producir películas. Películas que son, por lo general, maniqueas y apologéticas: con buenos y malos, héroes y villanos, chullitas y bandidos… El bien enfrentándose a los enemigos del pueblo y de la patria.

Ahora es el turno de Juego Sucio. Esta película que está anunciada para los próximos días fue producida por iniciativa de la Procuraduría del Estado y, por lo que se ve en el trailer oficial, tiene héroes y heroínas que luchan en contra de la Chevron; así como en Tierra de Serpientes los héroes y heroínas son policías que combaten al crimen organizado.

Juego Sucio costó, según datos oficiales, 440 mil dólares y, como en casi todas las otras películas hechas por las instituciones del correísmo, fue adjudicada sin concurso porque la ley así lo permite, aunque no lo ordene. En este caso, la adjudicataria fue la cineasta Nytsi Grau Crespo quien fue la única invitada por la Procuraduría a que envíe su “oferta técnica económica”. Esto, que no deja de ser curioso, es perfectamente legal.

Aunque aún no se puede ver íntegramente la película, en el trailer que la Procuraduría ha puesto en su canal de YouTube se pueden trazar las líneas maestras del argumento.

En Juego Sucio, un joven estadounidense vinculado al Ecuador porque es hijo de una ecuatoriana (esto lo hace bueno) es convencido por un operador de la Chevron (esto lo hace malo) que lo contrata para ir al Ecuador para que fabrique un fraude a favor de la petrolera en el juicio que las comunidades amazónicas (buenas por supuesto) le han puesto por un caso de contaminación. En el proceso -y sobre todo cuando hace el viaje a la Amazonia- el joven, que se llama David Black, descubre que está del lado equivocado de a historia y decide pasarse al correcto: al del Estado ecuatoriano que defiende a las comunidades indígenas. En este proceso aparece la imagen de una mano manchada de petróleo, una evidente y burda alusión a la mano sucia que ha sido el eje de la campaña que el gobierno hizo en contra de la petrolera.

Más allá de la moral maniquea de buenos contra malos, que está en el centro del relato correísta, Juego Sucio suscita, como las otras películas, el debate sobre el gasto público y el despilfarro en un sistema político donde no existen los contrapesos que evitan la discrecionalidad en el uso de los dineros públicos. ¿Era necesario que la Procuraduría invierta 440 mil dólares en una película argumental sobre el caso Chevron?

Funcionarios de la Procuraduría recomendaron, en su momento, que si se trataba de hacer una película, hicieran un documental y no una película de ficción. Está por verse cuántas personas verán esta producción y en qué medios se transmitirá. Lo ocurrido con Ciudad Quinde es un antecedente que hace temer que Juego Sucio tendrá su misma suerte: una audiencia pequeña y un impacto nulo para un presupuesto tan importante. Haber destinado más de 700 mil dólares en esa Ciudad Quinde es, sin duda, un grosero caso de derroche que se produce gracias al sistema vigente que permite la discrecionalidad absoluta de los funcionarios para decidir en qué gastar o no los dineros de los contribuyentes.

En el afán de justificar el gasto en Juego Sucio, la Procuraduría ha colocado un par de videos en los que aparecen varios entrevistados que ponderan y alaban la película. Comunicadores, empresarios y hasta supuestas amas de casa se llenan la boca de elogios y lisonjas. Mucho más que un ejercicio periodístico lo que hay en esos videos es un intento, bastante torpe por cierto, de hacer relaciones públicas a favor de la película. Para todos los entrevistados Juego Sucio es un excelente esfuerzo para que la gente entienda la versión oficial del caso Chevron. Ninguno se pregunta, como es obvio, si el gasto de 440 mil dólares tiene relación con los verdaderos objetivos de la Procuraduría como abogado del Estado que es.

Juego Sucio se antoja ser una herramienta más del complejo sistema de publicidad y relaciones públicas del que han medrado productores y cineastas muy cercanos a los funcionarios que disponen, a su antojo del erario público. Algunas de esas películas, como Ciudad Quinde de la Superintendencia de Control del Mercado, que costó 735 mil dólares, son vistas por muy pocas personas. Otras están anunciadas para las próximas semanas, como es el caso de Tierra de Serpientes del Ministerio del Interior que debería salir al público, según el presidente Rafael Correa y el ministro José Serrano, hasta fines de septiembre y sobre cuyo costo lo único que se conoce, a ciencia cierta, son los 700 mil dólares que recibió su directora, porque Serrano no ha querido dar la cifra exacta. Y por último están las películas que simplemente nunca salieron al aire, aunque los ecuatorianos tuvieron que pagar por ellas. Entre estas está Espíritu del Yasuní, que se hizo en el 2011 y no se sabe cuánto costó y Circo Social hecha por la Vicepresidencia en tiempos de Lenín Moreno y que cuyo costo fue de 506 266 dólares.

Juego Sucio es, en definitiva, otra de chullitas y bandidos. Con el detalle de que costó 440 mil dólares.