Foto: El Comercio

Ocho arbitrajes activos enfrenta Ecuador en tribunales internacionales. Los casos más sensibles son OXY, Chevron II y Chevron III, Burlington, Perenco y Murphy. Están en juego unos USD 5 000 millones.

Estos litigios internacionales se fundamentan en los convenios bilaterales de inversión firmados por Ecuador desde la década de los 80, especialmente con Estados Unidos. Establecen la posibilidad de que cualquier inversionista que se sienta afectado en sus intereses pueda acudir a tribunales internacionales.

Dentro de las próximas semanas, el Estado ecuatoriano espera que el Centro Internacional Para la Solución de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que es una institución del Banco Mundial, se pronuncie sobre el pedido de nulidad del laudo que se dictó el 5 de octubre del 2012 a favor de la empresa OXY.

En ese fallo -que tiene el valor de una sentencia- Ecuador fue condenado al pago de 1 770 millones por “incumplir su obligación de conceder un trato justo y equitativo a la inversión de Occidental (OXY)”, al declarar la caducidad del contrato con la petrolera, el 15 de mayo del 2006.

Este fue un fallo de mayoría. No fue unánime, pues la jueza Brigitte Stern, quien es profesora de derecho en la Sorbona de París, emitió un voto disidente, considerando que se trataba de un laudo “grosero que mostraba el exceso de atribuciones que las partes le otorgaron al tribunal”. Lo paradójico es que Stern no fue nombrada por pedido de Ecuador, que se negó a participar en la designación de uno de los tres árbitros, sino por el Secretario del Ciadi, comenta, desde Washington, Álvaro Galindo, consejero internacional en la firma Dechert, LLP y profesor en Georgetown University.

Este caso es seguido de cerca por el procurador Diego García, quien lo conoce desde cuando fue secretario jurídico de la Presidencia durante el mandato de Alfredo Palacio. El Mandatario estaba convencido de que Ecuador tuvo suficientes argumentos legales para declarar la caducidad del contrato con OXY, que ocultó a las autoridades la cesión del 40% de sus acciones.

Los bufetes de abogados Dechert, LLP y Squire, Sanders Patton Boggs fueron contratados por la Procuraduría para defender la causa. Enfrentan al poderoso estudio Deveboise & Plimptom LLP, que representa a OXY. Han litigado por más de siete años, en un proceso sin precedentes no solo para Ecuador sino en toda la historia de los arbitrajes internacionales de inversiones, según García. Ese laudo significa una de las mayores condenas para un Estado bajo las reglas Ciadi.

Este no es el único caso delicado que enfrenta el país. También está por ejecutarse, de un momento a otro, el laudo de la causa Chevron II. El tribunal arbitral negó el pedido de nulidad interpuesto por Ecuador y solo resta por efectivizarse el cobro de 96 millones. En este proceso la defensa logró que se bajara la cuantía exigida, que llegaba a USD 1 600 millones.

En lista de espera están otros arbitrajes que reclaman pagos que llegan a 2 914 millones. Fueron planteados por las compañías Burlington, Perenco, Murphy, Copper Mesa… En total, incluidos los laudos expedidos y los arbitrajes en camino, estas cuantías llegan a USD 4 780 millones.

Este es un año crítico para el Ecuador porque se esperan definiciones en varios casos, según Xavier Andrade, abogado especialista en arbitrajes internacionales. “El que más preocupa es OXY, ya que después de la acción de nulidad no existe ningún otro recurso. Si la nulidad se rechaza Ecuador debe cumplir con el pago; de lo contrario la empresa puede ejecutar un cobro forzoso embargando activos del país en cualquier parte del mundo”.

Otro dolor de cabeza es Chevron III, impulsado por el estudio internacional King & Spalding (que además está a cargo de Chevron II). Esta es una de las 20 firmas litigantes del mundo que ha mantenido una operación permanente durante 130 años; tiene un equipo de 800 abogados que operan en 17 oficinas en EE.UU., Europa, Medio Oriente y Asia.

Para defenderse, la Procuraduría contrató al bufete Winston & Strawn, también un prestigioso e influyente estudio jurídico estadounidense, con 18 dependencias en varios continentes, que acredita una experiencia de 160 años.

En esencia, la petrolera estadounidense busca que el Estado ecuatoriano asuma el pago de los 9 000 millones que la Corte de Sucumbíos fijó como reparación por todos los daños causados a los habitantes amazónicos y al ambiente por la explotación petrolera. Este martes, 21 de abril , precisamente, se celebrará en Washington una audiencia de tres semanas dentro de este arbitraje, que sigue las reglas establecidas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Uncitral. Al haber sido fijada en una corte nacional esa cifra no se incluye en la sumatoria total de los arbitrajes.

Para el pago de asuntos internacionales y arbitrajes, la Procuraduría destinó USD 88,7 millones, entre el 2011 y el 2014. Es decir USD 22 millones anuales. Eso equivale al 50% del presupuesto de la institución.

¿David contra Goliat? Para el procurador García estos egresos no pueden ser asumidos solo como gastos sino, sobre todo, como inversiones que son inevitables. “Los nuestros son equipos capaces y experimentados. Sin embargo, la relación siempre es inferior, entre cuánto Ecuador puede invertir y lo que gastan las empresas que nos demandan”.

Según datos oficiales, por la gestión de sus abogados, el Estado se ahorró el pago de USD 2 622 millones. “El equipo de la Procuraduría, pese a su juventud, hoy goza del mayor reconocimiento de la comunidad internacional. Su experiencia en ya casi una década es uno de los acervos más importantes que ha dejado la compleja defensa del Ecuador a la institucionalidad”, sostiene Galindo. Con él coincide Andrade, quien estima que la defensa de Ecuador ha sido “muy buena”, pues tuvo la certeza de contratar a las mejores firmas de juristas a escala mundial.

Pese a que Ecuador cumplió todos los laudos dictados en su contra, el panorama sobre la jurisdicción de los arbitrajes cambió radicalmente. En especial con las nuevas reglas emanadas de la Constitución. El artículo 422 establece que está prohibido suscribir tratados internacionales en los que Ecuador ceda jurisdicción a organismos extranjeros, con la salvedad de que los centros de arbitraje sean latinoamericanos. Aún está por verse las repercusiones que esa decisión tendrá en los inversionistas de otros continentes.