Arbitraje:
Reclamos Comerciales

Arbitraje: Reclamos Comerciales

En 2006, Chevron presentó una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya alegado que Ecuador violó sus obligaciones bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre EE.UU. y Ecuador, entre otras razones, al obligar a Texaco Petroleum Company (TexPet) a suministrar petróleo por debajo del precio del mercado al gobierno ecuatoriano para consumo nacional.

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Un panel de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya prohibió temporalmente la aplicación de cualquier sentencia que se emita contra Chevron en el juicio por contaminación medioambiental en la Amazonía que se sigue desde hace años en Lago Agrio (Ecuador), informó hoy la petrolera.

"El tribunal internacional ha tomado medidas para prevenir los daños y perjuicios que resultarían de las acciones ilegales de los abogados de los demandantes", confirmó hoy a Efe el portavoz de Chevron para América Latina, Jim Craig. El portavoz expresó la satisfacción de la empresa por esta decisión, que por el momento la protege de cara a la sentencia que podría emitirse en las próximas semanas o meses en Ecuador sobre el caso de contaminación que la enfrenta a los pueblos de la Amazonía que la demandaron hace ya 18 años, así como a las autoridades ecuatorianas.

La decisión arbitral, que lleva fecha del pasado miércoles y que Chevron publicó en su web, ordena a la República de Ecuador que adopte "todas las medidas que estén a su disposición para suspender o hacer que se suspenda la aplicación o reconocimiento de cualquier sentencia contra Chevron que se emita tanto dentro como fuera de Ecuador".

Este caso fue iniciado por los demandantes ecuatorianos -con el respaldo de abogados estadounidenses- en Nueva York en 1993, aunque una década después fue trasladado a Ecuador, donde recientemente quedó visto para sentencia.

En este litigio, residentes de la región amazónica de Lago Agrio reclaman una indemnización de 113.000 millones de dólares por daños medioambientales causados entre 1964 y 1990 por Texaco, que fue posteriormente adquirida por Chevron.

En cambio, según la petrolera estadounidense, los daños son responsabilidad de la mala gestión de la compañía estatal Petroecuador, que asumió a mediados de los años noventa el control de los campos petrolíferos donde se produjeron derrames. "En Chevron nos complace esta decisión, pero sólo el Gobierno de Ecuador puede tomar las medidas necesarias para acabar con el fraude que se está perpetrando en su sistema judicial", reclamó el portavoz de la petrolera, que confía en que tarde o temprano el Ejecutivo ecuatoriano "afronte la sorprendente cantidad de pruebas de fraude que continúan saliendo a la luz".

En septiembre de 2009 Chevron -y su filial Texaco Petroleum- presentó una demanda de arbitraje ante La Haya conforme al Tratado de Inversión Bilateral entre Estados Unidos y Ecuador.

Esta decisión llega después de que varios procesos judiciales emprendidos en Estados Unidos por Chevron hayan derivado en consideraciones por parte de diferentes jueces del país de que el proceso que se sigue en Ecuador y la conducta de los abogados que defienden a los pueblos de la Amazonía incurren en irregularidades, fraude y corrupción.

Precisamente esta semana un juez de Nueva York emitió también una orden temporal de restricción que impide a los demandantes tratar de cobrar compensaciones para hacer cumplir cualquier decisión judicial que salga de ese país, donde un perito de la corte que lleva el caso dijo que Chevron se expone a tener que pagar hasta 27.000 millones de dólares.

Las decisiones de La Haya y Nueva York llegan después de que a primeros de mes Chevron demandara a docenas de abogados y entidades a los que acusa de participar en una conspiración para "extorsionarle" 113.000 millones de dólares con este litigio.

La multinacional asegura en esa documentación que los demandados han orquestado un fraude en colaboración con las autoridades judiciales ecuatorianas para chantajear de manera sistemática y obligarle a pagar compensaciones millonarias por unos derrames de crudo de los que no se considera responsable.

Petroecuador y Texaco tenían operaciones compartidas desde la década de los setenta en Ecuador, hasta que se interrumpieron y la estadounidense acordó con el Gobierno un plan de recuperación medioambiental por el que ella se responsabilizaba de la limpieza de 133 de las 321 instalaciones compartidas. Texaco invirtió 40 millones de dólares en la limpieza y en 1998 ambas partes dieron por cerrado el proceso.