Arbitraje TBI. Chevron vs Ecuador
Foto: JuicioCrudo

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"Esta decisión refuerza la integridad del procedimiento arbitral, y asegura que se responsabilizará a Ecuador por las violaciones de sus compromisos internacionales", indicó en un comunicado la petrolera con sede en San Ramón (California, EE.UU.).

"Esperamos ahora el laudo definitivo del Tribunal sobre el fondo del caso, el cual responsabilizaría a Ecuador por los múltiples fraudes cometidos en contra de Chevron a lo largo del caso de Lago Agrio", concluyó la empresa.

La corte holandesa rechazó hoy la solicitud presentada por la Procuraduría General de Ecuador para que queden sin efecto los laudos emitidos, al considerar que estos violan "el derecho público ecuatoriano" y contravienen los principios de separación e "independencia de poderes" del Estado.

En esos laudos el tribunal arbitral aceptó las alegaciones de la compañía y endosó al Estado ecuatoriano una multimillonaria multa, al considerar que Ecuador había denegado justicia a la petrolera y violado un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.

Además, también se determinó que Ecuador debía reconocer un acuerdo final de remediación ambiental de 1998 que liberaba de responsabilidad a Chevron.

Este es solo el último capítulo de uno de los mayores litigios medioambientales de la historia, que ya dura más de 20 años y en cuyo centro se encuentran los daños ambientales y sociales supuestamente ocasionados a la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 por Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron.

La Justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares, pero la petrolera se ha resistido a cumplir la sentencia por considerar que ese fallo fue producto de un fraude en su contra, supuestamente apoyado por el Gobierno.

Han pasado más de 22 años desde que la petrolera finalizara su actividad en la zona y desde entonces colonos e indígenas del país han emprendido acciones legales, primero en Ecuador y posteriormente en instancias internacionales, contra la empresa para obtener una compensación económica con la que reparar el daño causado, pero aún no han recibido la cantidad que solicitan.

 

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