El 8 de junio de 2007, Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, manifiesta a su equipo que ha conversado con el Presidente Rafael Correa. Según Fajardo, Correa le aconsejó que con un poquito de presión ante el Ministerio Público, el Fiscal reabriría la investigación del supuesto fraude en los contratos de remediación firmados entre Texaco y el Estado ecuatoriano.
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