El 14 de febrero de 2011, el juez Nicolás Zambrano, de la Corte Provincial de Sucumbíos, emitió una sentencia contra Chevron por $18.000 millones. La algarabía de los abogados demandantes duró poco.
El 14 de febrero de 2011, el juez Nicolás Zambrano, de la Corte Provincial de Sucumbíos, emitió una sentencia contra Chevron por $18.000 millones. La algarabía de los abogados demandantes duró poco.
Miles de pruebas, entre correos electrónicos, videos y documentos demostraron que los abogados de los demandantes inventaron evidencia científica, sobornaron a funcionarios judiciales, y hasta redactaron clandestinamente la sentencia contra Chevron con secciones enteras copiadas de las notas internas de los abogados demandantes.
También se demostró cómo los demandantes usaron la presión e intimidación a la justicia, para conseguir una sentencia fraudulenta contra Chevron.
En 2014, una corte de EE. UU. reveló el fraude contra Chevron, donde los expertos de los demandantes declararon.
Estos hallazgos fueron ratificados por un tribunal arbitral en La Haya, en 2018. Los demandantes buscaron también extender el fraude contra Chevron a Argentina, Brasil y Canadá; pero como era de esperarse, fracasaron en sus intentos de ejecutar dicha sentencia en otros países.
Finalmente, en julio de 2020, Ecuador admitió que la sentencia fue fraudulenta; y en 2021, el procurador general, Íñigo Salvador, confirmó que fue “un acto abiertamente de corrupción”.
Actualmente, la Fiscalía General del Estado está investigando el denominado ‘fraude legal del siglo’.
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