El procurador general, Íñigo Salvador, dijo el 29 de noviembre que la sentencia dictada contra Chevron en 2011 por la Corte Provincial de Sucumbíos fue “un acto abiertamente de corrupción”.  

“Pero hay otros casos. Por ejemplo, el caso Chevron”, Salvador dijo en una entrevista en radio Sucesos. “En donde de lo que se trata es que más bien la Función Judicial, un elemento de la Función Judicial, un juez dicta una sentencia fraudulenta. Ahí ya no es un acto político. Ahí es un acto abiertamente de corrupción”, agregó. 

El 11 de octubre dio más detalles de este caso en una entrevista en radio Democracia. Señaló que la investigación contra el juez Nicolás Zambrano está en curso y que la está llevando a cabo la fiscalía general. 

“A mí lo que me pareció absurdo es que, habiendo una sentencia de un laudo internacional, habiendo una sentencia de un tribunal estadounidense que dicen que el juez Zambrano cometió actos abiertamente reñidos con la ley, que son actos criminales, como el haber cometido prevaricato, puesto que el dictar una sentencia que no fue redactada por él es el peor de los prevaricatos… Pero, además, además, constituye un delito. O sea, es una cosa muy seria, el delito de prevaricato. Y en el Estado ecuatoriano no se hizo nada para saber si es que sí o si es que no”.  

El año pasado, la República de Ecuador finalmente admitió el fraude de Zambrano, de los abogados Pablo Fajardo y Steven Donziger, y otros.