Testigos secretos en el juicio RICO de Chevron, despiertan inquietudes constitucionales

Fortune - Roger Parloff 20/10/2013

En la demanda federal por asociación ilícita presentada por  Chevron contra el abogado Steven Donziger ante una corte de Manhattan, la petrolera pretende llamar a dos testigos ecuatorianos para que presenten sus declaraciones en una sala cerrada al acceso del público y al propio Donziger, como medida para proteger a dichos testigos de represalias por sus testimonios.

Según  la propuesta presentada por los abogados de Chevron de la firma Gibson, Dunn & Crutcher, se permitiría que los abogados de Donziger participen en la comparecencia,  pero no estarían autorizados a revelar la identidad de los testigos ni al propio Donziger. Luego de receptar los testimonios, se podría hacer pública una redacción de las transcripciones, agrega la propuesta.

El juez de distrito estadounidense, Lewis Kaplan, quien preside la causa, aún no ha emitido una decisión sobre la propuesta presentada en el caso que se ventila a puerta cerrada, cuyos detalles y logística están sujetos a posteriores modificaciones y podrían, efectivamente, abrirse a discusión si los testigos se echan para atrás.

Según un memorándum emitido el pasado mayo por Randy Mastro, abogado jefe del equipo que representa a Chevron, se cree que al menos uno de los testigos corroboraría el argumento de Chevron que alega que Donziger sobornó a un juez ecuatoriano para que permitiera a sus colegas redactar de manera clandestina las 188 páginas de la @@sentencia@@ por contaminación ambiental por 19 mil millones de dólares.  Dicha @@sentencia@@ se emitió contra la petrolera en la localidad de Lago Agrio, Ecuador en febrero de 2011.

A fines de la semana pasada el juez Kaplan ordenó que las declaraciones selladas y juradas de los testigos fueran entregadas a los abogados de Donziger, Richard Friedman y Zoe Littlepage, sujetas a una orden de protección que les prohibe compartir o revelar el contenido de tales declaraciones con su cliente. Luego invitó a los abogados de la defensa a que dieran sus opiniones sobre la propuesta de Chevron antes de emitir una decisión sobre la misma. Previamente, Kaplan había ordenado que estos testigos, identificados como ‘John Doe 3 y 4’, quienes tenía bien fundados temores de que podrían sufrir represalias físicas o económicas en Ecuador, donde aún residen, y donde el presidente Rafael Correa ha sido un abierto y, más recientemente, amenazante defensor del caso Donziger.

Los procedimientos de la corte a puerta cerrada, que el equipo legal de Donziger habría comparado con “la inquisición española o con la “Cámara de la Estrella” (corte inglesa conocida por su arbitrariedad), podría plantear inquietudes sumamente delicadas sobre temas constitucionales relativos a la cláusula sobre el debido proceso.

En un juicio penal, dichos procedimientos violarían la Sexta enmienda constitucional de los Estados Unidos, que garantiza a los acusados el derecho de “enfrentar a los testigos en su contra". Sin embargo,  el caso de Chevron contra Donziger pertenece al ámbito civil, no al penal, y la ley es sumamente clara al indicar que la Sexta enmienda no se puede aplicar en casos civiles.

Richard Friedman, abogado de Donziger, hasta ahora se ha negado a aceptar cualquier variante en el procedimiento. En un intercambio de correos electrónicos con el abogado de Chevron, que han sido presentados ante la corte, argumenta que Donziger "sabe más que nadie sobre este caso en nuestro equipo. Aislarnos de él en este asunto tan importante, obviamente tendría un efecto negativo sobre la habilidad para hacer nuestro trabajo”.

Friedman también ha argumentado que si bien el caso es formalmente una causa civil, en la práctica es un caso cuasi-penal, por lo tanto, la cláusula de confrontación contemplada en la Sexta enmienda debería ser aplicable. Además ha subrayado que  Chevron está demandando  por delitos concernientes a la Ley federal estadounidense contra la asociación para delinquir y extorsionar,  RICO (Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act -RICO) que incorpora conceptos legales en el ámbigo penal y que conlleva el potencial de infligir un estigma penal, incluso cuando es aplicada civilmente.

En este juicio, Chevron alega que Donziger y sus colegas, junto con el Frente de Defensa de la Amazonía, con sede en Quito, obtuvieron la @@sentencia@@ ecuatoriana a través de extorsión, soborno, fraude postal y electrónico, manipulación de testigos, obstrucción de justicia y lavado de dinero. La @@sentencia@@ ecuatoriana fue la culminación de un juicio entablado por Donziger  y el Frente en el 2003, en la localidad ecuatoriana de Lago Agrio,  que perseguía la reparación de los daños por contaminación, supuestamente causados por las operaciones de perforación de la Texaco en la región entre 1964 y 1990. Texaco fue adquirida por Chevron en el 2001.

Desde el mes de enero se conocía que Chevron llamaría como testigo (público) al ex juez ecuatoriano Alberto Guerra Bastidas, quien testificaría que actuó como intermediario para proponer la supuesta oferta de soborno según  la que Donziger y dos dirigentes del Frente prometían entregar a Nicolás Zambrano, quien entonces presidía el caso ventilado en Lago Agrio, la cantidad de 500 mil dólares provenientes de una @@sentencia@@ favorable, a cambio de que dejara que el equipo del Frente redactara dicha sentencia.

El ex juez Zambrano ha presentado una @@declaración jurada@@ negando las acusaciones de Guerra y Donziger y ha dicho que llamará a Zambrano como testigo de la defensa en el caso RICO. (En una @@declaración@@ presentada en abril pasado Donziger escribió: "Nunca pensé en pagar ningún dinero a cambio de un veredicto favorable en el litigio de Lago Agrio, ni jamás he animado o solicitado a nadie, discutir la posibilidad o buscar pagar dinero a cambio de un veredicto favorable".)

Donziger también arguye que el testimonio de Guerra no debería ser aceptado ya que Chevron le pagó 38.000 dólares por las diversas pruebas físicas que entregó (computadoras, teléfonos, discos duros y registros bancarios, postales  y telefónicos); además le han dado un soporte financiero para que su familia y la de su hijo se trasladen a vivir en los Estados Unidos y se ha comprometido a pagarle, un estipendio mensual de hasta 12.000 dólares durante dos años, para cubrir sus gastos y costas legales, mientras busca asilo político y su familia logra iniciar una nueva vida en este país.

Para justificar los gastos en los que Chevron ha incurrido para llevar a Guerra a los Estados Unidos, la compañía aduce que éste razonablemente temía por su seguridad de haberse quedado en Ecuador. (Pablo Fajardo,  abogado del Frente, de hecho presentó una demanda penal contra Guerra en el mes de febrero y, según ésta, una investigación penal  se habría iniciado en el Ecuador en contra del ex juez. Sin embargo, según informaciones de Chevron, no se conoce de la existencia de ninguna investigación penal iniciada en el Ecuador contra Zambrano, quien el pasado julio consiguió un trabajo muy bien remunerado como asistente legal de un empresa conjunta en el área de petróleo perteneciente al Estado ecuatoriano, .a pesar de haber sido destituido del poder judicial en febrero del 2012 por presuntas irregularidades en el manejo de un caso de narcotráfico. Según los archivos disciplinarios e informaciones publicadas por la prensa, Zambrano liberó bajo fianza a una persona acusada de narcotráfico que había sido arrestada en conexión con el tráfico de 500 kilos de cocaína,  a quien jamás se ha vuelto a ver.

Los testigos identificados como ‘John Doe 3 y 4’, podrían potencialmente ofrecer pruebas que corroboren las declaraciones de Guerra. La @@declaración jurada@@ y sellada de ‘John Doe 3’, sostuvo  Chevron en mayo pasado: "corrobora el testimonio de Guerra y socava el de Zambrano. Específicamente, ‘John Doe 3’ deja en claro la falta de credibilidad de Zambrano al señalar que ha tenido intereses financieros en casos civiles que han sido sometidos a su juicio; además de que otros redactan de manera clandestina sus decisiones legales;  y que era una persona particularmente cercana a Guerra. … Asimismo ‘John Doe 3’ responde a varias afirmaciones falsas contenidas en la @@declaración@@ de Zambrano".

De la misma manera, según una presentación de Chevron a la corte el pasado agosto, ‘John Doe 4’: "corrobora las pruebas de Chevron sobre tratos indebidos y corruptos con el gobierno de Ecuador relativos al litigio [de los dirigentes del Frente] en el caso de Lago Agrio y de una campaña de presión contra Chevron".

El pasado mes de enero Chevron presentó a la corte las declaraciones juradas y selladas de otros dos testigos secretos, ‘John Doe 1 y 2’, que el juez Kaplan también permitió que fueran vistas solamente por los abogados involucrados en la defensa del caso que se ventila por demandas de violaciones a la ley RICO, más no por los propios demandados. (Los otros demandados además de Donziger, son dos de los demandantes en el caso de Lago Agrio, representados por Julio Gómez, residente en Westfield, New Jersey.) Se ha dicho que ‘John Doe 1 y 2’ también corroboran las declaraciones de Guerra; sin embargo,  Chevron ha indicado que no testificarán en el juicio.

Al investigar sobre las necesidades de protección que tendrían ‘John Doe 3 y 4’, el juez Kaplan en parte se ha basado en una opinión que emitiera en febrero pasado sobre la necesidad de proteger las identidades de ‘John Doe 1 y 2’ . En ésta enfatizó, entre otras consideraciones, el hecho de que los dirigentes del Frente Pablo Fajardo y Luis Yanza públicamente habrían amenazado a Guerra, así como a un segundo testigo de Chevron, con demandas por calumnias y juicios penales en el Ecuador “basándose en las pruebas que han presentado en Nueva York", así como en las pruebas que apuntan a que los líderes del Frente habrían instigado el enjuiciamiento de dos de los abogados de la empresa para dar impulso a los litigios civiles del Frente y,  en "amplia evidencia" de que Donziger, el Frente y sus aliados "deliberadamente desarrollaron una estrategia de intimidación y coerción contra la judicatura, hasta el punto de que se los acusa de haber supuestamente sobornado al juez que presidía el caso, lo que quizás hacía que otro tipo de amenazas fuera innecesario”.

Chevron sostiene que las pruebas sobre el peligro que enfrentan los testigos ecuatorianos por lo menos se han intensificado a partir de la decisión del juez Kaplan, en febrero pasado, ya que el presidente Correa en este mes inició una agresiva campaña en la que denunció a los abogados y testigos ecuatorianos que cooperan en el caso de Chevron contra Donziger, etiquetándolos como "traidores", "criminales", "colaboradores" y "enemigos del país",  al tiempo que ha advertido "no dejaremos que esto quede sin castigo". Recientemente, en un sitio de internet llamado ‘Los Vendepatria’, divulgó una lista con las identidades de los ecuatorianos cuyas acciones de alguna manera supuestamente han ayudado a Chevron.  En esta lista se incluyen abogados, expertos, testigos, funcionarios públicos y periodistas.

(No se trataría de amenazas vanas. En el 2011 Correa con gran algarabía inició un juicio penal en contra de un columnista y tres directores del diario El Universo, luego de que este periódico publicara lo que el Presidente ecuatoriano consideró eran críticas inmerecidas. En menos de 33 horas luego de su designación en el caso, un juez emitió una @@sentencia@@ de 156 páginas imponiendo multas por 42 millones de dólares y condenando a cada uno de los imputados a tres años de prisión. "Una investigación independiente posterior”, según el Washington Post, "determinó que [el magistrado] no redactó [la sentencia] y que el autor probablemente fue el abogado de Correa". El juez y el abogado de Correa negaron las acusaciones sobre la redacción clandestina. Los acusados fueron absueltos más tarde).

Finalmente, parece indiscutible que al menos tres documentos confidenciales de Chevron, que de acuerdo a las decisiones de protección emitidas por el juez Kaplan se suponía no debían haber sido conocidos o vistos sino por los abogados que están trabajando en el caso RICO, han sido divulgados tanto en el sitio de internet del Frente como en un artículo de un periódico de propiedad del Estado ecuatoriano y como anexo en correos electrónicos enviados desde y hacia la dirección electrónica de un alto asesor legal del presidente Correa.

Paul Zwier II, experto en procedimientos judiciales, profesor de la escuela de leyes Emory  y director del Programa internacional de defensa y resolución de conflictos de esa institución, sostuvo que las Reglas federales sobre pruebas (Federal Rules of Evidence) "le dan al juez la posibilidad de controlar, con gran amplitud, el 'modo y el orden' de las pruebas en casos civiles, de manera que el juez puede decidir lo que sea necesario para proteger del acoso a los testigos". El profesor agregó que existen precedentes que sostienen que la cláusula de confrontación no es aplicable a casos relacionados con la ley RICO.

"Me parece", continuó,  "que en éste contexto, Kaplan podría fácilmente decir:  'Es mi opinión que en este caso esto es necesario para proteger a los testigos' ".

Al mismo tiempo, reconoció que “los casos civiles relacionados con la ley RICO se encuentran al borde confrontarse con dicha cláusula” y “esto es siempre algo que puede hacer que uno se sienta muy incómodo.”

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí