Interferencia del Gobierno

Manos sucias

Ecuador deberá pagar una cantidad aún indeterminada, ya que el laudo de la Corte de Arbitraje de La Haya, favorable a la petrolera, señala que en los próximos días determinará la cuantía de la indemnización.

El Universo - Simón Pachano 10/09/2018

Una de las facturas de la mesa servida del correísmo podría llegar a nueve mil quinientos millones de dólares. Esa sería la cifra si la petrolera Chevron decidiera entablar un juicio por los daños derivados del juicio instaurado por el Gobierno nacional en su contra. Pero, incluso aunque la compañía no presentara un alegato en ese sentido, el país deberá pagar una cantidad aún indeterminada, ya que el laudo de la Corte de Arbitraje de La Haya, favorable a la petrolera, señala que en los próximos días determinará la cuantía de la indemnización. La única esperanza que queda es que, por un lado, la compañía fije una cifra realista y, por otro lado, que el equipo gubernamental tenga la necesaria y suficiente capacidad de negociación.

Frente a esta dura realidad cabe recordar que el gobierno de Correa le metió al país en este tema de manera imprudente, innecesaria y demagógica. El juicio no tenía nada que ver con el Estado ecuatoriano. Fue planteado por algunas comunidades amazónicas que exigían a Chevron hacerse cargo de la remediación ambiental por derrames petroleros ocurridos en la década de los ochenta del siglo pasado. Esa compañía deslindó responsabilidades ya que sostuvo que el Gobierno ecuatoriano había certificado, en un Acuerdo de Transacción del año 1995, que la remediación había sido realizada. Nadie desmintió la existencia de ese documento y ahora consta entre los antecedentes del laudo del arbitraje. El gobierno correísta lo conocía y aun así decidió convertirse en parte del juicio en lugar de inducir a las comunidades a buscar un arreglo extrajudicial por un monto menor. Por qué lo hizo, es la incógnita que debe ser despejada para entender cómo llegamos a este punto.

La respuesta viene, en primer lugar, por las irregularidades del juicio desarrollado en Lago Agrio. Coimas, jueces parcializados, peritos pagados por la parte nacional, documentos forjados, se acumulaban como pruebas en contra de los demandantes. Tras telones actuaba un abogado mercenario norteamericano y uno ecuatoriano, que esperaban obtener una parte sustancial del pastel. Sabiendo eso, las autoridades judiciales permitieron que todo siguiera hasta alcanzar el punto de no retorno. Cuando la compañía contraatacó no lo hizo solo en contra de las comunidades, sino del sistema de justicia ecuatoriano, vale decir, del Estado. La contrademanda fue por el mismo monto planteado inicialmente (US$ 19.000 millones). Viendo lo que se podía venir, la Corte de Justicia lo redujo a 9.500 millones. Si el Gobierno va a tener que pagar, mejor que no sea tanto, deben haber pensado.

En segundo lugar. Correa y sus publicistas no encontraron mejor oportunidad para bañarse en discurso patriótico y conseguir votos. Montaron la campaña engañosa de la mano sucia, que comenzó enguantada y la cambiaron cuando se dieron cuenta de que no iba con los cánones del márquetin. Creyeron que a nivel internacional se ganan los juicios en la calle y en los medios, como ocurría acá cuando la justicia era de ellos. Ahora, cuando todos están afuera, con sus capitales a salvo, volverán a hablar de soberanía. (O)

Fuente Original

Notas relacionadas

ver más