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Fuerza mayor, una cláusula que protege al sector petrolero en caso de emergencia

22/06/2022 El Oriente - Redacción

Desde 2019, el sector petrolero ha debido usar una vez al año la cláusula por varias circunstancias

Fuerza mayor, una cláusula que protege al sector petrolero en caso de emergencia / Foto: cortesía ministerio de Energía Fuerza mayor, una cláusula que protege al sector petrolero en caso de emergencia / Foto: cortesía ministerio de Energía

Fuerza mayor, una cláusula que protege al sector petrolero en caso de emergencia / Foto: cortesía ministerio de Energía

El ministerio de Energía informó que el 19 de junio de 2022, se declaró la Fuerza Mayor para todas las operadoras de exploración y explotación de hidrocarburos y todas las fases de la industria hidrocarburífera del país.

La medida se adoptó tras las jornadas de movilización del movimiento indígena en el país, que han derivado en la irrupción -por parte de manifestantes- a bloques petroleros pertenecientes a Petroecuador y a las operadoras privadas que desarrollan sus actividades en la Amazonía.

¿Qué implica la cláusula de fuerza mayor? La fuerza mayor es una cláusula en contratos petroleros que permite suspender compromisos en situaciones determinadas.

La fuerza mayor es una de las causas que exoneran a los responsables de cumplir con su obligación. Para que se efectivice es requisito que concurran la imprevisibilidad y la inevitabilidad de un hecho, por ejemplo, un desastre natural como un terremoto.

Es decir, no existe la posibilidad de prever que tal situación se presentará, o en el caso de previsión no se pueden evitar las consecuencias que alteran las condiciones.

En ese contexto, según el ministerio de Energía, el objetivo es evitar mayores afectaciones al país por posibles demandas ante un incumplimiento de los términos de un contrato.

En anteriores ocasiones, el gobierno ha declarado fuerza mayor por daños en los oleoductos causados por deslaves. Desde 2019, el gobierno ha declarado al menos una vez al año fuerza mayor también por protestas o roturas en los oleoductos.

Hasta la fecha, el Estado ha registrado una pérdida económica de aproximadamente $ 17 millones por la paralización de 609 pozos en la Amazonía.

Además, desde el inicio de las jornadas de protesta se ha dejado de producir un acumulado de 189.000 barriles de petróleo. De esa cifra, 168.788 corresponden a la producción de Petroecuador y 20.212 a las operadoras privadas.

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