Interferencia del Gobierno

Contrato de publicidad investigado en EE.UU. 

Metroquil - Franklin Verduga 01/12/2015

Hace unos meses, en esta columna, nos referimos a la empresa McsQuared y a la suscripción de un contrato publicitario con el gobierno del Ecuador, que fue firmado en su representación por la embajadora de nuestro país en Washington, Natalie Cely, por la suma de seis millones cuatrocientos mil dólares.

La finalidad de éste era realizar una campaña internacional de relaciones públicas y comunicación difundiendo una buena imagen del gobierno ecuatoriano frente a la empresa petrolera Chevron.

Señalamos en esa ocasión que, según las leyes norteamericanas, quien realice actividades a favor de gobiernos extranjeros debe inscribirse en el departamento norteamericano de justicia como agentes de ese gobierno. El objetivo de ese resguardo legal estadounidense viene desde la época de la Alemania nazi y tiene como motivo buscar la identidad de las personas que buscan influenciar en la opinión pública de este país sobre las políticas de la nación que sirven.

Cuando el departamento de justicia reclamó a McsQuared por qué no se había cumplido con esa disposición legal fue cuando nos enteramos que a los artistas que pasaron por el sport publicitario "La mano sucia de Chevron", como Mia Farrow o Danny Glover, el gobierno ecuatoriano les pagaba para que metieran la mano en el petróleo derramado en el oriente por dicha empresa, como pudimos ver en las cadenas del gobierno.

El caso es que, según los documentos del departamento de justicia de EE.UU., la empresa en cuestión justificó el gasto de un millón novecientos dólares en esa campaña y una visita del presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Quedaron cuatro millones quinientos mil dólares sin desglosar. La empresa fue declarada disuelta por la Superintendencia de Compañías por pérdidas. La información que se tiene es que por el resto del dinero los responsables de la misma no dan respuesta a los medios de comunicación que le consultan. Sería bueno saber qué dice la ex embajadora Cely o la Contraloría sobre el tema, porque se trata de dinero público. 

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