O Globo 22/07/2015
Conteste rápido: cuando uno piensa en un movimiento o ideología de izquierda o progresista, por lo general, ¿qué se le viene a la cabeza? Yo, como cualquiera que se considere de izquierda, creo en un gran involucramiento del Estado en la economía para una mejor redistribución de la riqueza y fortalecimiento de las redes de seguridad social; creo en el apoyo a grupos minoritarios y marginados; y creo en una mayor protección a grupos y derechos sociales.
Sin embargo, en países que muchos describen como izquierdista o socialista - la Venezuela de Nicolás Maduro y el Ecuador de Rafael Correa - sólo aplica el primer aspecto y, en el caso venezolano, cada vez menos.
Entonces, ¿por qué los analistas y los medios de comunicación siguen nombrando a Maduro o a Correa como izquierdistas? Creo que es porque estos líderes se consideran así. Examinemos los hechos.
En primer lugar, está la cuestión de los derechos indígenas: los derechos de las poblaciones nativas explotadas y marginadas en América Latina desde los tiempos de la colonia –un legado que continúa hasta la actualidad. Cada vez más, las leyes internacionales están definiendo el derecho colectivo sobre la propiedad como uno de los principales derechos de los indígenas, conocido en la región como el derecho a la “consulta previa”.
¿Qué países han firmado y puesto en práctica convenciones internacionales para proteger los derechos de los pueblos indígenas para que sean consultados cuando una política o una inversión afecta a sus derechos culturales y colectivos a la propiedad? ¿Los regímenes autoproclamados de Venezuela y Ecuador? No. En su lugar, fueron los gobiernos “neoliberales” de Perú, Chile y Colombia (este último incluso amplió estos derechos a las comunidades afrodescendientes) que han firmado y aplicado reglamentos para ordenar los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre sus tierras.
Por el contrario, el presidente Rafael Correa se mantiene en una batalla épica con las comunidades indígenas en Ecuador sobre sus derechos en relación al agua y a una serie de inversiones en recursos naturales de inversionistas extranjeros autorizados por él. Algunos grupos incluso lo acusan de genocidio. En Venezuela, la carrera para explotar los yacimientos petroleros del país puso al gobierno en conflicto con las comunidades indígenas. Ninguno de estos países firmó el acuerdo internacional que establece los derechos de consulta previa (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) ni parece estar remotamente comprometido con estos principios. Pero los países “neoliberales” de Colombia, Chile y Perú lo hicieron.
Veamos otro ejemplo: derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). En el movimiento progresista de izquierda en el mundo desarrollado y en desarrollo, eso se ha convertido en una cuestión definitoria. Desafortunadamente, la agenda de la nueva estrategia nunca llegó al autoproclamado Sur progresista.
En cuanto a la lucha de dos presos políticos en Venezuela, Leopoldo López y Antonio Ledezma, recibió suficiente atención internacional, también está la de Rosmit Mantille, una activista venezolana del movimiento LGBT, que fue detenida en mayo pasado y sigue encarcelada. Pero, más allá del caso de Rosmit, hay un estándar de lenguaje de odio anti-gay, como cuando el presidente Maduro llamó al líder de la oposición Henrique Capriles “maricón”. Esto no es progresista; es retrógrado.
O –para llevar el ejemplo a otro gobierno que también es frecuentemente tildado de izquierdista- cuando el presidente Evo Morales especuló abiertamente en 2010 que el uso de hormonas en pollos causó un brote de homosexualidad y calvicie.
También está el tema de la redistribución económica de los pobres. Sí, es cierto que el gobierno venezolano transformó los frutos de los precios históricamente altos del petróleo en generosidad dirigida a los pobres, inundándolos con alimentos subsidiados, tratamientos médicos, programas educativos de valor cuestionable y reducción de la pobreza.
Hoy, sin embargo, en Venezuela la escasez de alimentos y los niveles casi hiperinflacionarios (se estima que la inflación llegará a 200% este año) están erosionando los niveles de vida de los pobres y, probablemente, irán a borrando las ganancias de los tiempos en los que los precios del petróleo estaban en la estratosfera. Y, aunque no de forma extrema, incluso Ecuador pasa por un declive, en parte a causa de su excesiva dependencia de las exportaciones de recursos naturales.
Mientras tanto, Chile, Perú y Colombia, incluso bajo la gestión del expresidente Álvaro Uribe, lograron asegurar una serie de beneficios al reducir la pobreza de manera sostenible y producir la movilidad social. Curiosamente, a pesar de sus políticas a favor de los pobres e incluso, en algunos casos, redistribuidoras, solamente unos pocos (Ricardo Lagos y Michelle Bachelet de Chile) son vistos como de izquierda.
Perdido en medio del fácil rótulo de izquierdista de Maduro y Correa hay un simple hecho: simplemente darle dinero a los pobres no lo hace a uno socialista ni izquierdista. Lo hace a uno populista (y despilfarrador).
Es una métrica ideológica que nunca parece aplicarse a América Latina. Por lo tanto, cualquiera que se declare socialista será tratado de esta manera por los medios de comunicación populares, aun sin presentar alguna de las características de una izquierda progresista moderna. ¿Acaso ellos lideran la lucha por los derechos de las minorías o grupos excluidos? ¿Ayudaron a mejorar las vidas de los pobres en términos de seguridad y movilidad social sostenible?
¿No? No hay problema, siempre y cuando uno mismo se declare socialista.
¿Les mencioné que soy modelo?
Christopher Sabatini es columnista de LatinAmericaGoesGlobal.org
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original puede ser visto aquí.
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