Toronto Sun 10/02/2016
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, dirigiéndose a los medios de comunicación en el encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrado el 27 de enero de 2016 en Pomasqui. Ecuador está controlado por el gobierno socialista radical de Correa. REUTERS/Guillermo Granja
¿Por qué un sindicato progresista canadiense estrecha lazos con uno de los regímenes más regresivos del mundo? ¿Por qué hacen alarde de haberse reunido con los funcionarios de un gobierno que según Human Rights Watch "ha abusado de su poder para acosar, intimidar y castigar" a sus oponentes políticos?
Quizás deberíamos hacerle esa pregunta a la rama canadiense del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos y de Establecimientos Comerciales (UFCW, por sus siglas en inglés), cuyos dirigentes regresaron recientemente de una gira por Ecuador.
Ecuador está controlado por el gobierno socialista de línea dura del caudillo Rafael Correa. Con regularidad, el gobierno se apodera de propiedad privada, cierra periódicos opositores, y sistemáticamente despide a jueces independientes y los reemplaza con compinches del gobierno.
Este no es exactamente el tipo de régimen con el que los sindicatos canadienses progresistas deberían estar involucrándose y, sin embargo, el UFCW repite los elogios que el gobierno se hace. .
Según el sitio Web del sindicato, sus dirigentes participaron en un "intercambio de solidaridad internacional". Los jefes del sindicato se reunieron con funcionarios ecuatorianos del Ministerio de Relaciones Exteriores para discutir derechos de los trabajadores, especialmente en lo que respecta a la protección de trabajadores extranjeros temporales en Canadá y los trabajadores migrantes en todo el mundo. El comunicado de prensa que está en su sitio Web no hace ninguna mención de la interminable lista de violaciones de Ecuador a los derechos humanos; al contrario, simplemente repite de manera mecánica la propaganda del gobierno ecuatoriano sobre la demanda contra la petrolera estadounidense Chevron.
El caso, que ha sido rechazado en varias jurisdicciones alrededor del mundo, llega ahora a Canadá. Quizás eso ayuda a responder la pregunta de por qué el gobierno de Ecuador tendió la alfombra roja a los dirigentes sindicales canadienses.
A inicios de la década de los 60s, la petrolera estatal Petroecuador, se asoció con la empresa estadounidense Texaco para desarrollar sus campos petroleros. Texaco se retiró de Ecuador en 1994, después de remediar sus sitios petroleros y pasar las inspecciones realizadas por la autoridad ambiental del gobierno. Años más tarde, después de que Texaco fue comprada por Chevron, abogados ambientales en Ecuador se asociaron con activistas estadounidenses para entablar una demanda sin precedentes por $27 mil millones contra Chevron, por derrames de petróleo y daños ambientales.
Para los demandantes activistas, esto no era simplemente un juicio contra Chevron; era una oportunidad de relaciones públicas para desacreditar al gigante petrolero y demonizar a toda la industria. Incluso, estos activistas realizaron un documental acerca del juicio, y se convirtieron en los preferidos de los círculos anti-desarrollo y anti-petróleo de Hollywood.
Los tribunales de Ecuador se pusieron de parte de los activistas, y concluyeron que Chevron era responsable por US $9.500 millones en daños. El gobierno socialista de Ecuador rápidamente saltó a bordo y exigió que Chevron pagara. Mejor culpar a una corporación estadounidense que aceptar que toda la responsabilidad recae en el monopolio estatal Petroecuador, que ha sido el único propietario y operador de estos sitios durante décadas.
Pero Chevron se negó a someterse y entabló su propia demanda en los Estados Unidos, alegando que no tuvo un juicio justo en Ecuador. Las cortes de los EE.UU. confiscaron todo el material de video del documental, y en esas cintas encontraron nuevas evidencias impactantes.
La corte dictaminó que la sentencia ecuatoriana fue producto de "un fraude atroz" y que no era válida. De hecho, el fallo de 500 páginas, concluyó que los abogados detrás del juicio contra Chevron habían violado la Ley Federal contra la Extorsión y Organizaciones Corruptas, y que habían cometido "lavado de dinero", "manipulación de testigos y obstrucción de justicia".
El Wall Street Journal lo llamó "el fraude legal del siglo".
Esta farsa ha llegado ahora a las puertas de Canadá, después de que nuestra Corte Suprema tontamente accediera a escuchar este caso en Canadá.
Y así, antes de la fecha de audiencia en la corte, el gobierno de Ecuador está tratando de encontrar aliados y apoyo moral en Canadá. Es sólo cuestión de tiempo antes de que otros líderes sindicales y políticos canadienses, reciban invitaciones para visitar el soleado y tropical Ecuador. Los futuros visitantes serían inteligentes si observan el repugnante historial de Ecuador, y leyeran la extensa decisión de la corte de EEUU antes de adoptar y defender esta turbia causa.
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