Juicio Crudo 04/06/2013
Juez Nicolás Zambrano
La sentencia contra de Chevron de la Corte Provincial de Sucumbíos es producto de fraude, colusión con autoridades corruptas, chantaje y otras conductas ilícitas de los abogados demandantes. La corrupción está ampliamente comprobada, pero ha sido simplemente ignorada por las cortes ecuatorianas de primera y segunda instancia.
En efecto, la sentencia emitida por el juez Nicolás Zambrano, además de ser escrita en secreto por los abogados demandantes y otros, se fundamenta ilegítimamente en evidencia fraguada y sin fundamento científico. Se basa ilegalmente en la aplicación retroactiva de la ley. Ignora la liberación de responsabilidades otorgada a Texaco Petroleum Company (TexPet) por el gobierno ecuatoriano luego de la remediación realizada en los años 90 en un número de sitios proporcional a su participación accionaria.
Además, concede indemnizaciones punitivas y otros daños nunca pedidos en el reclamo de los demandantes y no autorizados por la ley ecuatoriana. Tampoco reconoce que cualquier impacto que hubiere actualmente en la región corresponde a Petroecuador, único operador durante más de dos décadas, y al propietario de dicha empresa que es el Estado ecuatoriano.
Chevron ha acumulado una montaña de evidencia – pruebas entregadas a la empresa por los mismos representantes de los demandantes bajo órdenes judiciales en Estados Unidos - que sustenta la posición de la empresa. Como resultado de procedimientos judiciales realizados en Estados Unidos, la empresa ha conseguido, entre otras evidencias, más de 500 horas de tomas no utilizadas de la película CRUDO, copias de las memorias de las computadoras de los demandantes y cientos de miles de páginas de documentos, incluyendo correos electrónicos, diarios, borradores de informes, memorándums, etc.
Gracias a esta evidencia, se ha confirmado que:
1. La sentencia de primera instancia no fue redactada por el juez Zambrano, sino por los abogados demandantes. Textos confidenciales de los abogados demandantes que no aparecen en el expediente del caso son copiados textualmente en la sentencia firmada por Zambrano. Información del banco de datos privado de los demandantes, que jamás fue presentado a la Corte durante el juicio, aparece copiada en la sentencia con errores, inclusive con errores ortográficos, fácticos y matemáticos. Además, análisis lingüísticos forenses hechos por la empresa indican que la sentencia tiene varios autores, pero ninguno de ellos es Zambrano, basado en sus anteriores fallos como juez ponente en otros casos.
2. Los abogados demandantes conspiraron con la Corte para nombrar un perito supuestamente independiente para que sea auxiliar del juez para la elaboración del Informe Pericial Global, principal documento técnico del caso. Luego, el informe fue preparado secretamente por los técnicos norteamericanos de los demandantes, traducido al español, firmado por el perito Richard Cabrera y presentado a la Corte como si fuera producto de su esfuerzo independiente y transparente. Sabemos esto porque tenemos los borradores del informe preparado fraudulentamente por los técnicos demandantes.
Los abogados, activistas y representantes de los demandantes conspiraron para presionar y chantajear a los jueces de Sucumbíos para permitirles ilegalmente abandonar su obligación de terminar las inspecciones judiciales, para bloquear la inspección del laboratorio no acreditado que usaron, para nombrar a Cabrera, entre otras decisiones.
Falsificaron las firmas de por lo menos 20 de los 48 demandantes nombrados en la demanda. Este delito está comprobado por análisis forense de las mismas firmas como constan en el escrito que autoriza la demanda, comparándolas con las firmas oficiales de los documentos de identidad de los demandantes.
Falsificaron por lo menos dos informes periciales. El perito técnico de los demandantes, Charles W. Calmbacher, declaró bajo juramento que los informes presentados a la Corte por los abogados demandantes en su nombre no fueron escritos por él y no contenían sus conclusiones. También declaró que no encontró riesgos para el medioambiente o la salud humana en los lugares que él inspeccionó, contradiciendo las aseveraciones de los demandantes y los informes que presentaron a nombre de Calmbacher para los pozos Sacha-94 y Shushufindi-48.
Confabularon con el Gobierno para conseguir acusaciones penales completamente infundadas contra dos abogados de Chevron. Una toma de la película Crudo demuestra una reunión que sostienen con Alexis Mera, Asesor Jurídico del Presidente Rafael Correa, para tramar con el Gobierno como minar la defensa legal de Chevron en el juicio.
Como estos ejemplos hay muchos más que explican por qué Chevron no acepta las sentencias ilegítimas de primera y segunda instancia en Lago Agrio. Y Chevron no es la única en notar este comportamiento ilícito y/o antiético de los abogados demandantes. Hasta el momento, ocho jueces federales de Estados Unidos han dicho que hay evidencia de fraude en el proceso ecuatoriano contra Chevron. Lamentablemente, las autoridades ecuatorianas no han investigado, y mucho menos sancionado, a alguien por estos delitos.
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