Juicio Crudo 29/06/2017
Según consta en contratos, acuerdos de financiación y otros documentos obtenidos por los abogados de Chevron a través de órdenes judiciales, no está previsto que los demandantes ecuatorianos obtengan dinero alguno de la sentencia fraudulenta de Lago Agrio por USD $9.500 millones contra la empresa.
Quienes habían invertido en el financiamiento del litigio de Lago Agrio insistieron en que todo lo que se obtuviera de la sentencia se depositaría fuera de Ecuador para garantizar la recuperación de la parte de la sentencia que les fue prometida por los millones que invirtieron. Con este propósito, los abogados de los demandantes establecieron la compañía Amazonia Recovery Ltd. en Gibraltar, que recibirá todos los fondos que lograsen recuperarse para que estos fueran repartidos primero entre los inversores, abogados, asesores y consultores. Según consta en los documentos de constitución de la compañía, entre los miembros del directorio se encuentran el abogado ecuatoriano de los demandantes, Pablo Fajardo, Luis Yanza y Ermel Chávez.
Chevron considera que tal distribución no se realizará, ya que la sentencia ecuatoriana es fraudulenta y ninguna corte del mundo que respeta el Estado de Derecho la reconocería como legítima. Sin embargo, los acuerdos entre los financistas y abogados demandantes constatan lo siguiente:
Los inversores, abogados y consultores de los demandantes ecuatorianos tienen derecho a recibir más de USD $3.200 millones, aproximadamente un tercio del monto de la sentencia, según los acuerdos de financiamiento obtenidos por Chevron. Los dos tercios restantes serían depositados en un fideicomiso completamente controlado por los abogados de los demandantes y de los financistas y sus representantes. Los acuerdos de financiamiento exigen que el fideicomiso se mantenga fuera de Ecuador. Toda disputa relativa al Acuerdo de Financiamiento será resuelta a través de arbitraje en las Islas Caimán.
La lista de prioridades de pago de toda ganancia derivada de la sentencia está detallada en una “Cascada de Distribución” que se describe en el “Intercreditor Agreement” (págs. 9 y 10 del acuerdo), firmado entre los inversores, abogados y representantes de los demandantes el 31 de octubre de 2010, tres meses antes de que el juez Nicolás Zambrano emitiera la sentencia contra Chevron.
Los documentos —incluyendo los acuerdos de financiamiento y los contratos entre los inversores de los demandantes, sus consultores y abogados en el caso— apuntan a que su abogado principal, el estadounidense Steven Donziger, recibiría casi USD $600 millones, mientras que Fajardo obtendría USD $190 millones. El plan de distribución de las ganancias, basado en documentos internos de los abogados de los demandantes, se describe en el siguiente gráfico:
Los detalles del financiamiento de los abogados de los demandantes, la distribución de ganancias y el esquema de lucro, han sido descritos en una demanda entablada en Gibraltar contra Amazonia y la firma establecida en el Reino Unido, Woodsford Litigation Funding Ltd., un fondo de inversión (“fondo buitre”).
Expertos contratados por Chevron calculan que los abogados de los demandantes han recaudado más de USD $38.7 millones para financiar el litigio, incluyendo las acciones de ejecución de la sentencia iniciadas en Argentina, Brasil y Canadá. En una entrevista radial, Fajardo admitió que se han invertido al menos USD $32 millones en el caso. Fajardo también sostuvo que el equipo de los demandantes tiene suficientes fondos para continuar promoviendo su caso. Existen documentos que revelan que, con el fin de recaudar fondos para expandir el fraude ecuatoriano y convertirlo en una conspiración mundial, los abogados de los demandantes vendieron derechos en la sentencia de Lago Agrio a inversionistas como si se trataran de acciones en una compañía.
A medida que Chevron empezó a sacar a la luz la corrupción y conducta indebida de los demandantes, y en la medida en que el mismo caso ha ido desenvolviéndose, varios financistas de la demanda y abogados (Burford, Patton Boggs, KS&G), así como otros exaliados del equipo de los demandantes, se han ido retirando del caso.
En febrero de 2015, James Russell DeLeon, el financista principal de la demanda y excompañero de Donziger en la facultad de derecho, retiró su apoyo luego de haber invertido USD $23 millones. DeLeon, afirmó que, habiendo analizado el veredicto del juicio RICO y la evidencia de fraude presentada durante el juicio, había concluido que “…los representantes de los demandantes de Lago Agrio, entre ellos Steven Donziger, me engañaron acerca de hechos importantes. Si hubiera conocido estos hechos, no habría financiado el litigio”. DeLeon es el vigésimo primer aliado de Donziger que ha abandonado el esquema. A partir de 2010, una variedad de exinversores, abogados, consultores científicos, funcionarios de las cortes ecuatorianas y otros aliados, se han desvinculado de lo que el Wall Street Journal ha denominado como el “fraude legal del siglo”.
En mayo de 2015, Woodsford Litigation Funding Ltd. retiró su apoyo financiero del caso y asignó todos sus intereses en la sentencia ecuatoriana a Chevron.
Finalmente en septiembre de 2015, la firma de servicios legales y de descubrimiento de pruebas electrónicas con sede en California, H5, retiró su apoyo al litigio contra Chevron en Ecuador y cedió su participación del 1,25% en la sentencia ecuatoriana a Chevron.
H5 es el más reciente de una creciente lista de financistas, inversores, expertos científicos y abogados que han abandonado este esquema ilícito.
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