Financial Post 20/04/2018
La Corte Suprema de Canadá sentenció en 2015 que los procedimientos de ejecución de la sentencia ecuatoriana podrían proceder en contra de Chevron Canada. Foto: AP
Los vientos en contra de la industria del petróleo y gas en Canadá han sido muy fuertes durante los últimos años, y no muestran signos de disminuir. Pero un caso judicial en Toronto presenta esta semana otra gran amenaza para la integridad del entorno de negocios canadiense, que podría dar a los intereses corporativos extranjeros otro motivo para parar las inversiones en Canadá.
En 2011, se emitió una sentencia de $19.500 millones (posteriormente reducida a $9.500 millones) contra Chevron Corp., por presuntos daños ambientales supuestamente realizados por Texaco, empresa que Chevron compró en 2001. La sentencia se emitió a pesar de toda la remediación posterior, y de un compromiso por escrito de parte del gobierno ecuatoriano con Chevron para eliminar legalmente cualquier responsabilidad.
Posteriormente, salió a la luz que la sentencia ecuatoriana fue obtenida por medio de engaños. En 2014, la Corte de Distrito de los EE. UU. (y posteriormente la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de los EE. UU.) sostuvieron que la sentencia ecuatoriana fue obtenida mediante manipulación de testigos, sobornos, corrupción y fraude, y que era permanentemente inejecutable en los EE. UU. Según las conclusiones de las cortes de los Estados Unidos, el principal abogado de los demandantes ecuatorianos, Steven Donziger, organizó la redacción clandestina de los informes de los "expertos", las órdenes judiciales, e incluso la misma sentencia de la corte ecuatoriana. El Wall Street Journal ha llamado a la sentencia ecuatoriana "el fraude legal del siglo".
Desde 2014, Donziger ha estado intentanto ejectuar la sentencia ecuatoriana en todo el mundo, tratando de encontrar un país dispuesto a coludirse con él para vincular la sentencia fraudulenta de $9.500 millones contra alguna subsidiaria de Chevron. Él encontró una nueva forma de hacer avanzar la sentencia ecuatoriana: en Canadá.
Los fiscales federales de Brasil y Argentina han emitido opiniones formales en el sentido de que la sentencia ecuatoriana es inejectuable en esos países, porque es producto de fraude y corrupción. El Fiscal General Adjunto de Brasil incluso afirmó que la sentencia judicial fue ""emitida de forma irregular, especialmente bajo evidentes actos de corrupción ". Pero la Corte Suprema de Canadá dictaminó en 2015 que los procedimientos de ejecución de la sentencia judicial ecuatoriana podrían proceder en contra de Chevron Canada.
“Cualquier empresa que observe los procedimientos contra Chevron Canada y considere invertir aquí, tendrá motivos para preocuparse”
Chevron Canada no tiene nada que ver con lo ocurrido en Ecuador. Además, la doctrina jurídica de separación corporativa sostiene que Chevron Canada es una entidad distinta y separada de Chevron Corp. En enero de 2017, una corte de Ontario estuvo de acuerdo, y dictaminó que la sentencia judicial ecuatoriana no podía ejecutarse en contra de Chevron Canada debido a la doctrina de separación corporativa. Esa es la ley en Canadá, y Chevron Canada tiene derecho a esperar que eso sea confirmado por las cortes canadienses, pero está siendo arrastrada a través del sistema judicial canadiense injustamente, debido a que la Corte Suprema de Canadá permitió que la sentencia ecuatoriana procediera en Canadá.
Los demandantes ecuatorianos han apelado la decisión de 2017 de la Corte de Ontario, que protegía la separación corporativa de Chevron Canada. Esa apelación está siendo escuchada esta semana. El drama legal se desarrollará de esta manera. Pero una empresa extranjera observando los procedimientos contra Chevron Canada y considerando la posibilidad de invertir en Canadá tiene una causa más para preocuparse acerca de la viabilidad y la integridad del entorno empresarial canadiense y de la conveniencia de la inversión.
Gracias a la reciente hostilidad anti comercio demostrada por los gobiernos federal y provincial de Canadá para con la industria del petróleo y gas - el gobierno de Columbia Británica no respetó la Constitución en su campaña anti oleoducto y nuestro régimen de impuestos a los negocios cada vez menos competitivo, por citar solo dos ejemplos - Canadá está desangrando a la inversión extranjera a un ritmo récord. Empresas como Kinder Morgan ya no pueden confiar en que los líderes políticos canadienses respeten el estado de derecho. Ahora no pueden confiar en que Canadá las proteja contra sentencias extranjeras corruptas.
El comercio mundial funciona cuando se observen las normas internacionales y los derechos de propiedad intelectual son respetados. Canadá, sin embargo, debe dejar de pensar que su amabilidad nacional obliga al país a reconocer las sentencias corruptas que se traigan de otros países. Permitir que la ejecución de sentencias extranjeras corruptas proceda contra compañías canadienses, es un insulto contra nuestra Constitución y contra el Estado de Derecho, y una puñalada por la espalda a las compañías extranjeras que invierten en Canadá.
Jay Cameron es un abogado del Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales. @JurisCameron jcameron@jccf.ca
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí
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