Law360 09/03/2017
Una controvertida compañía minera canadiense, que ya no está en funcionamiento, entabló el viernes una demanda en una corte federal en D.C. que trata de confirmar un laudo arbitral de $24.4 millones contra el gobierno ecuatoriano, con base en el supuesto embargo ilegal en el país latinoamericano de dos minas de la compañía.
Copper Mesa Mining Corp. dijo que Ecuador ha trabajado activamente para evitar realizar el pago, que se fundamenta en una decisión dictada en marzo de 2016 de un panel de la Corte Permanente de Arbitraje (situado en La Haya, Holanda), con base en la expropiación de los proyectos Junín y Chaucha de la compañía. Pero mientras Ecuador pide a la Corte de La Haya invalidar esa indemnización, Copper Mesa dijo que un juez de Holanda ha permitido proseguir con la confirmación, y que la corte federal de los Estados Unidos debe refrendarla en virtud del mandato de arbitraje internacional de la Convención de Nueva York.
"La Convención de Nueva York establece que los laudos cubiertos deberán ser ejecutados, estando ausentes motivos muy concretos y limitados", señaló Copper Mesa el viernes, argumentando que anticipa que el pedido de Ecuador, aunque todavía no se decide, será denegado.
La compañía Copper Mesa, con sede en Vancouver, no ha presentado ninguna actualización corporativa desde 2010, y actualmente parece existir únicamente para intentar confirmar su laudo de arbitraje. Había pedido inicialmente $70 millones y argumenta que la indemnización que se le adjudicó es definitiva y vinculante. La compañía anunció esa victoria unos meses más tarde.
Las actividades mineras de Copper Mesa, anteriormente conocida como Ascendant Copper Corp., se han enredado en cuestiones jurídicas y políticas durante años. De acuerdo a la revelación de litigios corporativos anteriores, los edificios de la empresa en Ecuador fueron quemados una vez y los empleados fueron tomados como rehenes por grupos radicales ecuatorianos, aunque nadie resultó muerto. En 2008 y 2009, Ecuador cuestionó la titularidad de la empresa en las concesiones, y promulgó una ley que podría haber permitido al gobierno expropiarlas, revelaron los documentos de los litigios.
Tres ecuatorianos demandaron a la compañía y a otros en cortes canadienses en 2009, alegando que los proyectos de minería causarían devastación ambiental y afirmaron que habían sido agredidos y amenazados de muerte por los guardias de seguridad que trabajan a nombre de Copper Mesa. El caso fue desechado en 2011.
De acuerdo a la demanda, los árbitros otorgaron a Copper Mesa una indemnización de $ 11.2 millones, más intereses, por la concesión de Junín, y $ 8.3 millones, más intereses compuestos, por la concesión Chaucha. Una demanda relativa a un tercer proyecto minero llamado Telimbela fue desestimada, dijo un abogado de Copper Mesa anteriormente, a pesar de que la demanda supuestamente solo ascendía a alrededor de $1 millón.
La petición de viernes busca la confirmación de la indemnización junto con intereses compuestos, argumentando que Ecuador aceptó el arbitraje en virtud de un tratado bilateral de inversiones de 1996 con el gobierno de Canadá, que prevé la existencia de un acuerdo escrito para activar el arbitraje al momento en que una compañía canadiense presente una notificación de arbitraje. Copper Mesa lanzó ese arbitraje en 2011.
Según la denuncia, un juez de La Haya había otorgado específicamente a Copper Mesa autorización para proseguir con la ejecución del laudo arbitral, que se dijo estaba "en conformidad con el derecho holandés", que indica que las demandas para desestimar laudos arbitrales no afectan su aplicación.
El abogado de Copper Mesa no quiso comentar nada el lunes, y la embajada de Ecuador en Washington, D.C. no respondió inmediatamente a una solicitud de pronunciamiento.
Copper Mesa está representada por José I. Astigarraga y M. Cristina Cárdenas de Astigarraga Davis y Tara J. Plochocki de Lewis Baach PLLC.
La información del abogado de Ecuador no estaba disponible hasta el lunes.
El caso es Copper Mesa Mining Corp. v. República de Ecuador, caso número 1:17-cv-00394 en la Corte de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí
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