Plan V 16/07/2021
Los pecados de la justicia ecuatoriana que terminan en fiascos internacionales / Foto: Plan V
La justicia ecuatoriana despierta más dudas que aplausos. No solo de los usuarios, entrampados en papeleos interminables y en gastos constantes. También de los propios operadores de justicia que, con regularidad, denuncian cómo ciertos fallos parecen parte más de una conspiración de telenovela que de procesos judiciales que merezcan el nombre.
Hace pocas semanas, el abogado del programador sueco Ola Bini, quien ha sido llamado a juicio por una supuesta irrupción no autorizada en un sistema informático, presentó una denuncia por fraude procesal ante la Fiscalía.
Ese es un delito que tiene dos elementos: por un lado, las acciones realizadas para engañar a la justicia, como podrían ser pruebas falsas, testimonios o documentos amañados. Por otro, las acciones de encubrimiento, es decir, las que se realizan para ocultar un delito o a quienes lo hayan cometido.
En el equipo jurídico de Ola Bini sospechan de lo primero: algunas de las pruebas contra el sueco, que ahora serán ventiladas en un juicio, podrían haber sido preparadas a la carta por policías, fiscales o funcionarios a órdenes del gobierno de Lenin Moreno.
Específicamente, una supuesta "llamada anónima" a una línea de denuncias de la Policía, en donde una persona que no se identificó habría denunciado una tenebrosa conspiración de unos hackers rusos, ayudados por un suizo, que, según se dijo desde el gobierno de Moreno, fue el inicio de las pesquisas en contra del programador sueco.
Según ha dicho la defensa de Bini, la Policía no conserva la grabación de la supuesta llamada ni indicio alguno del denunciante, mientras que tampoco pudo dar nunca con los dos agentes rusos y con el suizo. Al final, solamente Bini, quien es sueco, ha sido llamado a juicio.
Pero no se trata de la primera —y muy problemente no será la última— vez que la justicia ecuatoriana es acusada de cometer sus pecados habituales: sentencias que el juez solo firma a pedido del que va a ganar, peritajes claramente mentirosos, informes falsos, documentos trucados, redes de sobornos en donde aparecen fiscales, policías y jueces de varias instancias (los "errores" judiciales casi nunca son gratis) pecados que no resisten el menor análisis serio, como ocurre cuando en las instancias internacionales representadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se revisan nuevamente las causas.
La Corte, con sede en San José, la capital de Costa Rica, se ha convertido en un tribunal de última instancia en toda la región, a la que llegan casos de todos los tipos y en donde se ha evidenciado las violaciones cometidas por el aparato judicial ecuatoriano. Como en la mayoría de este tipo de condenas internacionales, los funcionarios se escudan en su carácter de simples operarios del Estado y no son resposabilizados por sus acciones ni judicial ni económicamente, lo que fomenta la espiral de impunidad.
El fraude de Chevron
El caso de fraude procesal en la sentencia contra Chevron en Ecuador es el paradigma de las irregularidades cometidos por jueces ecuatorianos en lo que va del siglo.
En 2003, el abogado estadounidense Steven Donziger, quien patrocinaba internacionalmente una denuncia de pobladores amazónicos, encabezados por Pablo Fajardo, acusó a Chevron de ser la causante de la contaminación ambiental en el oriente del Ecuador. En 2011, el entonces juez de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, dictó sentencia en contra de Chevron. Su veredicto estipulaba una compensación económica de 9.500 millones de dólares por los daños causados en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 por la petrolera estadounidense. Desde el primer día, Chevron desplegó sus acciones en evitar que se ejecute el fallo y proteger sus propiedades en el mundo, recurriendo a las justicias de países como Canadá y Estados Unidos para obtener el desconocimiento del fallo.
Por ello, en 2013 el gobierno de Rafael Correa promovió una intensa y costosa campaña de “reivindicación” ambiental en defensa de las comunidades amazónicas afectadas por la contaminación del crudo.
Se trató de “la mano sucia de Chevron” que le costó al Estado alrededor de 10 millones de dólares entre gastos de publicidad, conferencias en varios países y hasta la visita -con todo pagado más honorarios- de personalidades de Hollywood como parte del discurso ambientalista auspiciado por el correísmo. Asimismo, a través de la denominada “Operación Goliat” se destinó un total de 5.8 millones de dólares de la Secretaria de Inteligencia (SENAIN) para conseguir mayor financiamiento de la campaña en pos del fraudulento fallo.
Ya en 2014, Chevron llevó a juicio a Donziger y sus socios a una corte estadounidense en la que se determinó los entresijos de la sentencia suscrita por Zambrano. Así, se demostró que Donziger sobornó al juez Zambrano con 500 mil dólares, además de redactar con su puño y letra la sentencia para que el exjuez solo la suscribiera. Todo esto fue confirmado en la corte estadounidense cuando Zambrano no fue capaz de responder a cuestionamientos básicos acerca de la sentencia que presuntamente había dictado. Ese mismo año, la corte comunicó que Donziger infringió leyes federales, cometió fraude y lavó dinero, además de manipular testigos y haber comprado el apoyo de jueces para el fallo en contra de la petrolera, en lo que podría ser considerado un fraude procesal a gran escala. Actualmente, Donziger está suspendido para ejercer la abogacía por haber obstado los procesos legales, por coacción judicial y por el soborno al juez ecuatoriano.
En el país se abrió una causa en contra del ex juez Zambrano, que fue cerrada durante la gestión de Galo Chiriboga en la Fiscalia General, pero que ha sido reabierta recientemente por el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo y la fiscal Diana Salazar.
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