ABC 06/03/2020
La fiscal general del Estado de Ecuador, Diana Salazar ha pedido ocho años de prisión para el expresidente del país Rafael Correa por el delito de cohecho, dentro del caso «Sobornos 2012-2016». Una trama de corrupción mediante la cual grandes empresas nacionales y extranjeras financiaron al movimiento político Alianza País a cambio de millonarios contratos en obras públicas.
Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, fue acusado «como autor indirecto del delito de control de la organización», es decir, dio las órdenes para que se cometa la infracción sin necesidad de gestionar directamente los sobornos. A los demás funcionarios implicados en el caso (9), ministros y exaltos cargos entre ellos, así como a los empresarios involucrados los acusó de autores directos del delito de cohecho. El constitucionalista y catedrático Rafael Oyarte aseguró a ABC que la pena agravada supondría hasta 8 años de prisión.
Como sanción económica, la fiscal estableció la cantidad de 1.130 millones de dólares (alrededor de mil millones de euros), que resultaría de la suma de los contratos recibidos por los empresarios más los sobornos que habrían entregado, que serían 7,5 millones de dólares.
La petición de pena máxima hecha por Salazar causó un gran revuelo en el país. Las redes sociales estallaron al conocer la noticia, acrecentada con comentarios del propio Correa cuando fue presidente.
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