The Washington Free Beacon 07/04/2015
Michel Porro/Getty Images
El mes pasado, la Corte Penal Internacional rechazó esfuerzos para acusar al gigante petrolero, Chevron, de violar la ley internacional, propinándole otro revés a los ecologistas involucrados durante décadas en una batalla legal y política contra la empresa.
En el 2014, grupos representando a las comunidades de la selva en la Amazonía ecuatoriana pidieron a la CPI que investigara a Chevron por contaminación relacionada con la extracción de petróleo por parte de Texaco, adquirida por Chevron en el 2000, y Petroecuador, empresa petrolera estatal.
"El fiscal ha… determinado que no hay una base sobre la cual proceder en este momento" con una investigación acerca del papel de Chevron en la contaminación, expresó la corte en una carta de marzo obtenida por el Washington Free Beacon.
La solicitud de investigación provino de Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ecuatorianos que obtuvo una sentencia de $ 18 mil millones contra Chevron en una corte ecuatoriana en el 2011.
Esa sentencia fue el resultado de una campaña criminal de fraude, soborno y extorsión, según un tribunal federal estadounidense. El año pasado, la corte concluyó que algunos de los demandantes, incluyendo al abogado principal Steven Donziger, eran culpables por cargos de crimen organizado.
Chevron inició esa demanda en un intento de impedir el cumplimiento de la sentencia ecuatoriana en países donde tiene activos. No tiene nada en Ecuador. Sin embargo, los demandantes también buscaban el recurso internacional.
"En lugar de cumplir con la orden judicial de Ecuador en su foro preferido, Chevron, bajo la dirección personal de [CEO John] Watson, lanzó varios ataques colaterales contra la sentencia y los abogados que representaban a las comunidades afectadas", expresó Amazon Watch, un grupo que apoya a los demandantes, en una declaración en la que anunció su queja ante la CPI el año pasado.
"Las condiciones de salubridad impuestas a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Oriente constituyen un ataque serio y sostenido a la población que ha vivido allí pacíficamente durante siglos", afirma la denuncia.
Chevron afirma que Texaco cumplió con sus responsabilidades contractuales de limpiar las áreas contaminadas, y que toda contaminación restante es responsabilidad de Petroecuador y del gobierno del país.
Sin embargo, los demandantes esperaban que la CPI –de la cual Ecuador es signatario, pero no los Estados Unidos—sancionara aún más a la empresa.
La corte dio un golpe a esa estrategia el mes pasado, sosteniendo que no tiene la autoridad para investigar o enjuiciar los alegatos de Fajardo.
"Con base en la información disponible actualmente, algunas de las acusaciones descritas en el comunicado de los demandantes de Lago Agrio, no parecen estar dentro de la jurisdicción temporal de la corte, y otros alegatos no parecen estar dentro de la jurisdicción temática del tribunal", escribió la corte.
Según el acta constitutiva de la CPI, ésta solo puede procesar crímenes contra la ley internacional que hayan ocurrido en el 2002 o después. Texaco no ha operado en Ecuador desde principios de 1990.
De acuerdo a la carta de la CPI, la “jurisdicción temática” de la corte incluye “genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. No se extiende a las demandas por daños al medioambiente.
Amazon Watch no respondió a las preguntas sobre la decisión de la CPI o su estrategia a futuro con respecto a la ley internacional.
Actualización: Una versión anterior de esta historia indicó que Amazon Watch presentó la solicitud de investigación ante la CPI.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron, el artículo original en inglés puede ser visto en el link abajo
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