Forbes 15/04/2019
Cartel que muestra la entrada de la Corte Suprema de Canadá en Ottawa. La Corte Suprema de Canadá es el tribunal supremo del país, la instancia de apelación final del sistema de justicia canadiense. Foto: Forbes
Los lectores de esta columna deberían estar contentos, pero no sorprendidos, al saber que la Corte Suprema de Canadá ha rechazado una petición de apelación de un fallo de la Corte de Apelaciones de Ontario que determinó que una sentencia ecuatoriana de $9.5 mil millones contra Chevron Corporation (“Chevron”) dictada en 2011 por una corte local en Lago Agrio, Ecuador, no puede ser ejecutada contra Chevron Canada Limited. La Corte de Apelaciones de Ontario había desestimado todas las reclamaciones contra Chevron Canada Limited, sosteniendo que es una entidad separada de Chevron.
Como se ha analizado en detalle en esta columna, el pasado septiembre, un tribunal internacional administrado por el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya emitió un fallo a favor de Chevron y de su subsidiaria indirecta, Texaco Petroleum Company, en el que establece que Ecuador había violado sus obligaciones en virtud de tratados internacionales, acuerdos de inversión y el derecho internacional. En un fallo unánime de un panel que incluía a un árbitro seleccionado por Ecuador, el tribunal sostuvo que la sentencia de $9.5 mil millones dictada contra Chevron se había obtenido mediante fraude, soborno y corrupción y estaba basada en reclamos que Ecuador había liberado años antes. El tribunal llegó a la conclusión de que la fraudulenta sentencia ecuatoriana “no debe ser reconocida o ejecutada por cortes de otros Estados”.
En 2014, la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York determinó que la sentencia ecuatoriana era producto de actividades del crimen organizado, que incluían extorsión, lavado de dinero, fraude por medios electrónicos, manipulación de testigos, soborno judicial, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras y obstrucción de la justicia. La corte prohibió la ejecución de la sentencia ecuatoriana en los Estados Unidos. Esa decisión fue luego confirmada unánimemente por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. La petición de apelación fue denegada por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En 2018 y como consecuencia de su conducta en la obtención de la sentencia ecuatoriana, Donziger fue suspendido de ejercer como abogado en el estado de Nueva York y en Washington DC, las únicas jurisdicciones en las que, según entiendo, era autorizado a ejercer.
Los intentos por ejecutar la sentencia ecuatoriana en otros países también han sido en vano:
Espero que Chevron continúe en su intento de reclamar daños y perjuicios de Donziger, quien según algunas cuentas todavía está comercializando acciones de sus honorarios a potenciales inversionistas. Chevron ha pedido que se declare a Donziger en desacato por incumplimiento de una orden de la corte federal para que se abstenga de tal accionar. Desconozco si se ha emitido resolución respecto de esa petición o si se han presentado cargos penales contra Donziger ante un gran jurado federal.
Lean mis columnas anteriores para obtener una descripción detallada de los capítulos anteriores de esta saga. Seguiré informando sobre este sórdido intento de usar la ley para extorsionar a Chevron.
Michael Krauss es Profesor de Derecho de la Escuela de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason, y es un reconocido estudioso del derecho de responsabilidad extracontractual y de la ética jurídica. Su página Web está aquí.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí
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