Gaceta Mercantil 14/03/2017
Los litigios ambientales son esencialmente complejos, ya que se trata de un campo relativamente reciente en el que las legislaciones se están coordinando a nivel global desde hace poco tiempo, y en el cual la compensación del daño, un daño que puede ser “para siempre” o cuya remediación puede llevar literalmente cientos de años, no tiene techo económico.
Esto es algo que debe tenerse en cuenta en Argentina, que necesita inversiones y en donde uno de los sectores que es capaz de atraerlas, es el de la producción de hidrocarburos y, en particular, el de los hidrocarburos no convencionales, en donde nuestro país tiene importantes recursos potenciales pero cuyas técnicas de explotación aún generan temores desde el punto de vista ambiental.
Si bien Argentina viene tomando medidas para fomentar el desarrollo a escala de esos recursos desde 2013, aún no ha logrado avances significativos en la materia. Pero el problema no es exclusivo de nuestro país.
Sólo a modo de ejemplo de las derivaciones que puede tener un caso de "mala praxis" en una actividad sensible como esta, quiero citar el litigio entre el gobierno de Ecuador y Chevron por una cuestión ambiental que coloquialmente se conoce como el caso del Lago Agrio.
En 2001, la petrolera Chevron, que nunca tuvo ni tiene operaciones en el Ecuador, adquirió Texaco. Esta compañía sí había operado en el Ecuador entre 1964 y 1990. De 1990 a 1998 trabajó con el gobierno ecuatoriano y con la petrolera estatal ecuatoriana auditando las áreas en que se había trabajado y remediando los impactos ambientales de esa operación. En 1998 el gobierno ecuatoriano certificó que los trabajos se habían completado, liberando a Texaco de cualquier responsabilidad futura.
Pese a la certificación gubernamental, la operación de Texaco fue motivo de controversias. Un grupo de alrededor 80 ciudadanos ecuatorianos inició en 1993 una demanda contra Texaco en EEUU, sin que prosperara ya que la Justicia estadounidense entendió que el tema debía resolverse en el Ecuador.
Ya con Chevron en escena, un grupo de abogados estadounidenses y ecuatorianos inició una demanda en Ecuador contra esta empresa. Representando a 48 ciudadanos ecuatorianos, reclamaron una enorme suma de dinero por un alegado daño ambiental generado por la antigua operación de Texaco.
La demanda legal se presentó acompañada de un enorme show mediático que incluyó hasta una película, estrenada con bombos y platillos en el famoso festival de cine independiente de Sundance.
La Justicia ecuatoriana falló en favor de los demandantes, condenando a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares.
Los abogados demandantes luego buscaron embargar activos de subsidiarias de Chevron en el mundo para tratar de cobrarse el monto de la sentencia lo antes posible. El tema nos tocó de cerca a los argentinos, ya que fue llevado a la Justicia local, la cual en una primera instancia ordenó un embargo como medida cautelar, que luego fue suspendido. Esto coincidió temporalmente con el acuerdo YPF-Chevron para explotar hidrocarburos no convencionales en Loma Campana, y ello dio mayor volumen mediático a la cuestión.
En el marco de las distintas causas abiertas por este litigio, la justicia hasta el momento determinó que la demanda era un fraude que incluía desde pruebas falsas, a testigos comprados, supuestos demandantes engañados por sus propios abogados, hasta llegar a jueces y funcionarios que aparentemente no cumplieron con sus deberes. Un resumen de este verdadero laberinto judicial internacional puede revisarse en la página www.juiciocrudo.com.
El tema sigue, y más allá de las posiciones de las partes en disputa, parece claro en el estado actual del litigio que lo presentado como un “reclamo de Justicia” era un fraude para llenar los bolsillos de una red de abogados, consultores, financistas, jueces y funcionarios. "Caranchos" ambientales, en la jerga criolla.
Vuelvo entonces a lo que señalaba al inicio de esta nota. Los litigios ambientales son complicados. Por eso una política orientada a atraer inversiones debe incluir necesariamente políticas claras en materia ambiental y el Estado debe contar con una estructura fuerte y experimentada, que controle el desenvolvimiento de las actividades de manera constante.
Esto, además, es particularmente crítico en materia de producción de hidrocarburos donde adicionalmente coexisten facultades ambientales concurrentes del Estado Nacional y las Provincias.
Cuando las normas no son claras o el Estado no controla, el riesgo de un litigio ambiental crece de manera exponencial, generando contingencias que ningún empresario serio estará dispuesto a tomar.
Un Estado laxo en materia ambiental no promueve inversiones porque genera que la reacción social haga insostenible cualquier actividad en el tiempo.
Un Estado oportunista en materia ambiental lejos de proteger a la sociedad, la priva de la llegada de inversores serios y termina sin proteger al medio ambiente.
En materia ambiental un Estado fuerte y eficaz protege a los ciudadanos y atrae a los inversores más que en cualquier otro campo de la actividad económica.
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